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hogadas por la caída de los ingresos y con el fantasma del déficit amenazando con corporizarse, un grupo de provincias reclama al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el reintegro del 15% de los recursos que la Nación les retiene previo al envío de la coparticipación, recursos que se destinan a financiar el sistema previsional.
La detracción de la llamada precoparticipación es resultado del Pacto Fiscal I, que las provincias y la Nación firmaron en 1992, y que fue prorrogado un año después mediante el denominado Pacto Fiscal II.
El gobernador correntino Ricardo Colombi se sumó a sus pares de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Hermes Binner, respectivamente, en el reclamo al Estado central del pago de deudas de coparticipación, en este caso por 1.500 millones de pesos. En línea con sus pares, Colombi no descartó llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y abandonar el Pacto Fiscal.
Tierra del Fuego no escapa a esta realidad, y según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia aportó solamente en el periodo 2003/2012 un total de 1.243 millones de pesos, de los cuales 820 millones fueron aportados en el periodo 2009/2012.
Hasta ahora no hubo ninguna mención oficial desde el Gobierno provincial sobre la posibilidad de un potencial reclamo, por lo que en el caso fueguino debe hablarse entonces de fondos aportados y no reclamados.
Como dato, cabe mencionar que De la Sota, Binner y Colombini se alinean entre los mandatarios opositores a la Presidenta, y la decisión de romper lanzas tiene parte de sustento en ese posicionamiento.
En cambio, el Estado fueguino posee una amplia dependencia de los recursos nacionales, a lo que se suma una serie de acciones impulsadas por la Administración Kirchner que redundaron en beneficio de la provincia, lo que podría generar algún tipo de prurito a la hora de pensar en la apertura de un foco de conflicto.
De acuerdo al informe del IARAF, la precoparticipación del 15% que resignan provincias equivaldría al 80% de su déficit fiscal anual, y su eliminación es una alternativa planteada por algunas provincias para lograr obtener un mayor caudal de fondos de manera automática.
En 1992, se firmó el acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales que permitía al Estado Nacional la retención del 15% de la masa coparticipable bruta para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos. La misma se sumó a un conjunto de detracciones específicas ya existente (por ejemplo, parte de la recaudación de IVA y Bienes Personales).
Estas detracciones de recursos sobre la masa coparticipable previas a la distribución primaria (también denominadas pre–coparticipaciones) continúan realizándose en la actualidad, afectando gran parte de los recursos a la previsión social, que de otro modo deberían repartirse entre el Tesoro nacional y las provincias.
El traspaso de los aportes de los afiliados a la AFJP a la Nación, o reestatización de la seguridad social a finales del año 2008, implica que la principal justificación original de estas resignaciones de recursos fiscales que realizan el Tesoro nacional y las provincias se haya erosionado: su objeto principal era cubrir los déficits de financiamiento del sistema de seguridad social, agravados desde 1994 con la cesión de los aportes hacia las administradoras de fondos privadas.
Para un grupo de provincias, en general asociado a un menor desarrollo económico, la contribución al financiamiento de la ANSES por medio del 15% de precoparticipación las ha privado de montos equivalentes a más de un 10% del propio gasto provincial.
La situación de las finanzas provinciales marcó la vuelta al déficit fiscal en 2011, estimándose para 2012 un mantenimiento de las finanzas deficitarias.
El déficit provincial, que puede llegar a ser de 30.000 millones de pesos este año (si su gasto crece al 30%), sería cubierto casi en un 80% solamente por medio de los fondos que resignarán a través de la precoparticipación del 15%.
El trabajo del IARAF plantea además que cualquier política que haga uso de parte de los excedentes contabilizados por ANSES encuentra entonces financiamiento a través de la participación del Tesoro nacional y de las jurisdicciones provinciales en los recursos tributarios destinados a ANSES, que en definitiva puede ser vista también como la participación que se le puede adjudicar a cada uno de ellos en la generación del excedente de recursos con que cuenta el organismo.
Analizando específicamente la precoparticipación aportada por provincias, puede apreciarse que la resignación de recursos que hicieron en 2011 fue muy cercano (un 86%) al excedente que tuvo ANSES ese año.
Para 2012 es posible que las provincias resignen en total cerca de 24.300 millones de pesos, prácticamente el mismo valor (un 97%) que el excedente esperado para ANSES, que se estima ronde los 25.000 millones.
Los fondos que resignarán las provincias a través de la precoparticipación del 15%, como se dijo, cubrirían 4 de cada 5 pesos del déficit fiscal estimado para las mismas en este año.
Sin dudas la precoparticipación del 15% aportada por provincias es significativa desde el punto de vista de su propio financiamiento para llevar a cabo sus actividades de gasto, y podrían revertir sus actuales estrecheces fiscales; pero claramente también lo es para las finanzas públicas del nivel nacional desde el punto de vista del excedente de ANSES.
La desaparición de este financiamiento tributario de la Seguridad Social implicaría la desaparición del excedente de ANSES, pilar del superávit primario del Sector Público no financiero durante los últimos años.
Lo que se aprecia es que como en todo período de desaceleración de los ingresos fiscales, sale a la superficie la estrechez fiscal, problema al que muchas veces se lo caracteriza como de la “frazada corta”, concluye el trabajo.
Los pactos fiscales
El 12 de agosto de 1992 se celebró el acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales con la finalidad de financiar las obligaciones previsionales nacionales. En la ocasión se consideró necesario detraer un porcentaje (15%) de la masa coparticipable (“precoparticipación”: antes de proceder a su distribución) afectado específicamente a ese objetivo. Este acuerdo se conoce como Pacto Fiscal I.
Luego, el 12 de agosto de 1993 el Presidente de la Nación y los gobernadores de las Provincias firmaron el denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso de la Nación y por las Legislaturas provinciales, con excepción de la de Córdoba, que lo hizo cuando asumió como titular del Poder Ejecutivo provincial Carlos Mestre. Establecía la subsunción y prórroga del primer Pacto Fiscal (firmado un año atrás) y una serie de obligaciones a cargo de ambos niveles de gobierno: algunas de cumplimiento inmediato y otras de cumplimiento progresivo. Este acuerdo se conoce como Pacto Fiscal II.
Como puede observarse, los motivos fueron bien distintos: el primero, hacer frente a las obligaciones previsionales nacionales, detrayendo de la masa coparticipable –es decir, con carácter previo a la distribución primaria–, el porcentaje del 15% para su financiación.
El segundo (1993), para mejorar la competitividad de la economía (época de la Ley de Convertibilidad, donde 1 peso equivalía a 1 dólar), intentando disminuir el “costo argentino”: impuestos que no favorecían a la exportación y reducción de las contribuciones patronales, entre otras medidas.
El “efecto tequila”, que impactó en las finanzas públicas argentinas hacia fines de 1994, obligó a suspender por un año el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de las provincias, que se hallaban pendientes de implementación.
Vencido el plazo de suspensión, el Pacto Fiscal fue prorrogado en forma sucesiva y “encadenada” a través de leyes nacionales, acuerdos federales y, por último, a través de la Ley 26.078 de Presupuesto de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2006.
Esta última disposición no fue ratificada por la totalidad de las jurisdicciones, provocando un “mapa asimétrico” en el cumplimiento de obligaciones tributarias a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta asimetría en el cumplimiento ha dado lugar a reclamos de particulares en sedes administrativas y judiciales. (Fuente: www.federalismofiscal.com.) |
