El juez de instrucción Héctor Ochoa terminará de indagar hoy a los últimos cuatro policías implicados en la causa judicial que investiga torturas y apremios ilegales cometidos contra dos jóvenes en el interior de la Comisaría Tercera y en los pasillos del Hospital Regional Río Grande.
Se trata del principal Juan Azcurra, del suboficial Rubén Guevara, del sargento Luis Gómez y del oficial principal Víctor Yañez, quienes fueron sindicados por la Fiscalía como supuestos partícipes de los hechos ocurridos dentro del recinto policial.
La decisión de indagar a estos efectivos fue adoptada por el magistrado en la misma resolución, dictada el lunes, en la que procesó con prisión preventiva al sargento César Gómez, como supuesto autor de torturas con una picana eléctrica, y al oficial ayudante Cristian Verón, a quien el juez le imputó el ilícito consistente en “la omisión de hacer cesar o evitar” el hecho principal.
A su vez, Ochoa dictó el procesamiento, aunque sin prisión, del cabo primero Matías Maggieri, acusado del delito menos grave de “vejaciones”, y sobreseyó al suboficial escribiente Cristian Lara, también detenido desde el llamado a declaración indagatoria producido hace dieciocho días.
Según el cronograma fijado por el propio juzgado, Azcurra y Yañez debían declarar ayer, mientras que Guevara y Gómez lo hará hoy a las 11 en los tribunales riograndenses.
De acuerdo a las declaraciones realizadas por el abogado querellante Francisco Giménez (representante de una de las víctimas de los tormentos, Franco Torres) con estas indagatorias el juez busca dilucidar las vejaciones sufridas por los jóvenes dentro de la comisaría, antes del episodio de la picana que habría ocurrido en el hospital.
Tanto Torres como Franco Sosa fueron detenidos por motivos contravencionales y en la madrugada del 25 de febrero del año pasado fueron golpeados y sometidos a los tormentos que ahora analiza la Justicia.

Detalles del fallo

En el auto de procesamiento dictado el lunes, Ochoa da por demostrado, en esta instancia del caso, que el sargento Gómez quedó solo a cargo de Torres debajo de un alero del hospital. Y que fue en ese momento en el que le habría infligido las torturas con una picana de aspecto similar a una linterna.
“Tuvo allí el tiempo y la oportunidad”, sostiene el juez, y agrega que con este acto, el policía “cruzó el umbral” de los vejámenes, porque “la víctima ya había sido maltratada físicamente, y se encontraba esposada, indefensa y a la suerte de su ejecutor”.
Por su parte, en cuanto al desempeño de Verón, el juez considera que actuó “dolosamente al dejar a sus detenidos contravencionales al cuidado de quien no estaba a cargo de los mismos, en este caso César Gómez”. Por eso le atribuye la figura de omisión de hacer cesar el acto de tortura, aún cuando “contaba con la posibilidad de hacerlo”, ya que “tenía la posibilidad material de evitar el resultado y la posibilidad jurídica de interferirlo, esto es la competencia para disponer el cese de las actividades tendientes al delito o del hecho en obra”.

La defensa

En tanto el abogado Luis Marchisio, defensor de Verón, de Maggieri y del sargento Patricio Eduardo Díaz Flores (cuya situación procesal fue resuelta como falta de mérito) anunció que presentará una apelación contra la decisión del juez Ochoa.
Según Marchisio, en el caso de Verón (el único que permanece detenido) se intentará que la Cámara de Apelaciones revierta primero la prisión preventiva que pesa sobre su defendido.
El letrado admitió que favorece la versión de Verón lo declarado por el propio abogado querellante, quien dijo que “le cree” al oficial cuando sostiene que vio al sargento Gómez manipulando un objeto similar a una linterna sobre el cuerpo del joven Torres, y que recién unos días después, cuando el caso de la tortura se hizo público, relacionó que podía tratarse de una picana eléctrica.
“Si el propio querellante lo dice, y si a esa postura se suma la del fiscal, está claro que mejoran las posibilidades de mi asistido”, reconoció Marchisio.
Según había dicho Giménez, Verón debería “dejar de ser un imputado para convertirse en un testigo del caso”.
Por otra parte, Marchisio también insistirá en el sobreseimiento definitivo tanto de Maggieri, acusado ahora de vejaciones, como de Díaz Flores.