Este día, comienza a regir un decreto del gobierno nacional que impone el cobro de derechos de pastoreo a los ocupantes de terrenos fiscales. Los principales destinatarios de la medida eran los pueblos originarios que vivían en los espacios a los que habían sido empujados por el avance de los colonos.
En el oeste chubutense, esta determinación oficial fue provocando consecuencias perniciosas para los nativos, que progresivamente fueron desalojados de sus tierras por el incumplimiento del pago de esos gravámenes.
Los afectados formularon reclamos en 1931 y 1934, sosteniendo “que la ignorancia y la falta de protección de sus derechos por parte de las autoridades posibilitaron que los extranjeros comerciantes actuasen libremente y los empobrecieran (…) a través de la entrega de los frutos y posteriormente del ganado mismo a los bolicheros para cubrir las cuentas de mercadería” (Walter Delrio. Del cacique a la tribu: el caso de los hermanos Cual. Conicet–UBA).
José María Cual alegó su asentamiento desde 1892 y ratificó “que aún continúan molestándolos en su ocupación los vecinos del lugar”, y reconoció como “único dueño de las tierras que ocupa al Superior Gobierno de la Nación”. Al mismo tiempo manifestó que no estaba “en condiciones de solicitar la tierra que ocupa ni abonar derecho alguno por falta de recursos”.
El argumento oficial reconoció la prexistencia de los nativos, pero privilegió su “incapacidad” para adaptarse al progreso y su poca predisposición a la “civilización”.
El jefe de registros informó que la tribu de Cual no figuraba entre los compradores o arrendatarios de tierra fiscal y pasó las actuaciones a la Dirección de Tierras de Trelew.
En 1939, se realizó una inspección y se determinó la antigüedad de cada “intruso”, poblaciones y ganado. En el informe, los asentamientos fueron calificados como “toldos”, cuando se trataba de indígenas, a pesar de que se consignaba que habitaban viviendas de paredes de adobe o piedra y techo de chapas.
El conjunto de medidas que se aplicaron tendió a beneficiar a los pobladores con ocupación reciente que podían afrontar el pago. Las intimaciones dieron un plazo de 30 días para el pago, su incumplimiento llevaba a la rescisión del contrato.