El juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, confirmó la vigencia de una multa de 618 mil pesos aplicada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia contra el sindicato docente (SUTEF) por no haber acatado una conciliación obligatoria en 2010.
Penza no se expidió sobre la legalidad de la sanción, sino que declaró la “caducidad de instancia” en el expediente judicial donde el gremio había apelado la multa, al entender que los abogados de la entidad sindical dejaron de promover medidas más allá del tiempo máximo que estipula la ley.
Pero la falta de actividad de los letrados del SUTEF, que derivó en la confirmación de la multa, no es el único dato llamativo que se desprende de la causa tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo.
Según confirmó ayer el propio Penza, en declaraciones a FM Master’s, los plazos procesales del caso estuvieron suspendidos a solicitud de ambas partes: el gremio y el Ministerio de Trabajo a cargo, por entonces, de la actual ministra de Industria, Carolina Yutrovic.
Los motivos de esa dilación de las actuaciones, cuando el juez ya estaba en condiciones de emitir una resolución, aún no fueron explicados ni por fuentes sindicales ni del Gobierno, y se especula con que tendrían relación con el proceso de elecciones internas que vivió el gremio.
De acuerdo a esa versión, el Ejecutivo habría tenido “un gesto” con el oficialismo sindical, para que el tema de la multa no interfiriera en los comicios, donde finalmente se impuso la lista que gobierna el SUTEF en la actualidad.
De esta forma, aunque las autoridades gremiales retuvieron la conducción del sindicato, el Gobierno quedó en una situación ventajosa frente a hipotéticas negociaciones salariales en el sector, siendo acreedor del gremio en una cifra de dinero de importancia difícil de soslayar.

Inacción de los letrados

El expediente que tramitaba en el juzgado de Penza era el Nº5547/10 y estaba caratulado “S.U.T.E.F. C/ SUBSECRETARIA DE TRABAJO s/ Recurso de Apelación”.
El origen de la controversia se remonta al 1 de marzo de 2010, cuando el sindicato se negó a acatar una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
En julio de ese año, la Cartera Laboral le aplicó una multa de 618 mil pesos y el gremio apeló la medida ante la Justicia.
Lo primero que determinó el magistrado fue que el SUTEF no debía depositar el dinero de la multa mientras no se resolviera la cuestión de fondo. Ello ante lo dispuesto por el artículo 10 de la ley provincial 90 que fija ese requisito para poder apelar una sanción de este tipo.
Con posterioridad, el juez dictó una medida de “mejor proveer”, consistente en requerirle al Ministerio de Trabajo de la Nación, delegación Río Grande, un informe acerca de si había dictado algún tipo de sanción al SUTEF por no acatar la conciliación obligatoria, de manera de descartar la posibilidad de una doble multa por un mismo hecho.
Cuando Penza corrió traslado a las partes sobre el resultado de esa medida, el gremio dejó de impulsar el expediente durante más de tres meses, que es el plazo previsto para la caducidad.
En la resolución dictada este miércoles, el magistrado interpreta con cita de jurisprudencia, que correspondía a la parte actora (el gremio) el impulso del caso, por ejemplo aceptando o cuestionando el informe del Ministerio de Trabajo nacional o solicitando la emisión de una sentencia.
Ante ello, la Cartera provincial tramitó la caducidad de instancia y luego de correr traslado a las partes, el juez resolvió haciendo lugar a ese planteo.