La Justicia Federal ordenó el viernes la liberación de los tres involucrados en el caso de presunta trata de personas derivado del operativo en el local nocturno Sheik, realizado el lunes 8 de octubre a la madrugada.
La medida fue dispuesta por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, luego de la declaración indagatoria que prestaron los sospechosos ante ese juzgado, el pasado jueves 11, donde quedaron formalmente acusados del supuesto delito de “trata de personas agravado”.
Sin embargo, basándose en el mismo antecedente que aplica este fuero de la Justicia en todo el país, Calvete hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por la defensa de los imputados, en el entendimiento de que no existe un riesgo concreto de fuga ni de entorpecimiento de las actuaciones.
En la práctica, la decisión significa que los acusados siguen vinculados a la causa judicial pero que aguardarán en libertad el desarrollo del expediente, aún cuando puedan resultar procesados por un ilícito que tiene penas de cárcel efectiva.
Los individuos que recuperaron la libertad son el matrimonio al que se le adjudica la propiedad del local nocturno, y también otra mujer que oficiaba de encargada del lugar.
Sus identidades aún se mantienen en reserva para no perjudicar el desarrollo de la investigación. De hecho el juez Calvete ordenó mantener el secreto de sumario que rige en el caso desde el momento en que una dotación de efectivos de Gendarmería Nacional y autoridades judiciales allanaron el sitio donde fueron liberadas siete mujeres que ejercían la prostitución, según se confirmó oficialmente.
El secreto obedece a que aún se aguardan nuevas medidas en las próximas horas, que podrían incluir más detenciones, aunque ello sólo se conoce de manera extraoficial.

Diez días para la situación procesal

La liberación de los sospechosos en un caso de trata también se había producido luego del operativo en el local nocturno Black And White, ocurrido en abril de este año, cuando la Justicia ordenó excarcelar a los seis imputados. Por aquel episodio, la libertad de los acusados se mantuvo aún después de que el juez ordenara su procesamiento sin prisión preventiva, una medida que se encuentra todavía hoy recurrida ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones en lo Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut.
En relación a los tres imputados del operativo en Sheik, el juez Calvete aún tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal. Puede procesarlos si considera que hay elementos de prueba “prima facie” para adjudicarles autoría o participación en el delito, sobreseerlos si en cambio entiende que no hay evidencia de la comisión de un ilícito, o dictarles falta de mérito, una medida intermedia que los mantendría vinculados todavía a las resultas de la investigación.
Tanto en Black and White como en Sheik la Justicia analiza la captación de mujeres con características de vulnerabilidad social, a través de avisos en medios de comunicación, su traslado a Ushuaia para ejercer la prostitución, y el sometimiento a un sistema de endeudamiento y cumplimiento de reglas que ponen en juego su libertad para dejar el lugar en el momento en que así lo decidieran.
Sin embargo, un factor común de este tipo de casos es que muchas veces las propias víctimas no se consideran como tales. De hecho las siete mujeres que declararon como testigos ante la Fiscalía Federal que conduce Juan Soria no se identificaron como personas manejadas por una red de trata, sino como trabajadoras sexuales a quienes se contrató para realizar esa tarea.
Aún así, las mujeres recibieron contención por parte de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cuya titular es Marisa Montero, y de integrantes de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes también tiene como objetivo garantizar tanto la seguridad como la reinserción social de las personas afectadas por este tipo de circunstancias.
Sobre la nacionalidad de las víctimas rescatadas, trascendió que algunas son dominicanas, otras son paraguayas y también hay argentinas.
A diferencia del caso de Black and White, no habría elementos para sostener que en el lugar del allanamiento se practicaba la prostitución, al menos durante los últimos meses.