Más de 270 días se tomó el Poder Ejecutivo provincial para ratificar un convenio con la Municipalidad de Ushuaia para establecer “la modalidad de aportes que efectuarán las partes, para llevar adelante la ejecución de la Obra Redes de Agua y Cloacas” para la urbanización de 64 hectáreas en el valle de Andorra, que permitirá dar unas 800 soluciones habitacionales y reducir el histórico déficit de viviendas que aqueja a la capital fueguina. Rubricado el 29 de diciembre de 2011 recién fue convalidado por el Ejecutivo provincial el pasado miércoles 3 de octubre.
El acuerdo firmado entre el ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana a fines del año pasado estipulaba que los 9,8 millones de pesos en que había sido valuada la obra por ese entonces, iban a ser atendidos de la siguiente manera; 1,8 millones de pesos provenientes del Fondo para la Emergencia Urbano Ambiental creado por ley 766 y los otros casi 8,1 millones de pesos aportado en partes iguales por la Provincia y el Municipio, pero haciendo la salvedad que el monto correspondiente al Municipio de Ushuaia sería afrontado por la Provincia “en carácter de pago a cuenta del acta complementaria convenio de cooperación entre la Provincia y el Municipio – conciliación de deuda” por 7,5 millones de pesos. En el acuerdo se determinaba que la provincia cumpliría con los desembolsos pactados en 4 cuotas mensuales consecutivas a partir de fines de 2011.
Si bien el Municipio destinó el monto proveniente de la ley 766 a la compra de parte de los materiales necesarios para la concreción de la obra y los puso a disposición de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias la demora en la ratificación por parte del Ejecutivo provincial postergó el inicio de los trabajos. Ante la dilación de las autoridades provinciales, el Municipio resolvió en mayo de este año licitar la obra, que fue adjudicada a la empresa Pablo Clausen que a mediados de septiembre inició la primera etapa de los trabajos contratados.
La decisión política del Ejecutivo provincial de dilatar la ratificación de un convenio apuntado a dar respuesta a una de las principales preocupaciones del estado fueguino –la dificultad de acceso a la vivienda–, no parece encontrar demasiados justificativos válidos, salvo que se esté ante una clara demostración de ineficiencia en la gestión o la falta de recursos que cumplir con el compromiso asumido.