El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Gustavo Zanone, manifestó ayer que la fuga de 4 reclusos de la cárcel de Río Grande “pasó ahora porque dentro de 2 ó 3 meses no podría pasar por la incorporación de tecnología, la instalación de las cámaras, y esto los presos lo están viendo a diario, saben lo que se está haciendo, y aprovecharon ahora porque más adelante no lo iban a poder hacer”.
A esta por demás llamativa declaración a la prensa, Zanone agregó que las medidas pertinentes para mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario “se tomaron desde el primer momento, se siguen tomando y se van seguir tomando”. Para sustentar esta hipótesis que podría calificarse casi como de fuga preventiva, aseguró que hay definido “un programa de trabajo, y lo único que se está haciendo (a partir de la fuga) es acelerar los tiempos” para su implementación “y por eso los presos se apuraron, porque sabían que dentro de dos meses no iban a poder hacerlo”.
En cuanto al programa de trabajo mencionado, además de la instalación de un nuevo sistema de video vigilancia, refirió que “hay convenios firmados desde hace dos meses atrás donde venía personal penitenciario a capacitar al personal nuestro, estamos evaluando, después de esta situación, la posibilidad de que se incorporen 10 penitenciarios más a futuro, y vamos aprovechar este convenio marco que existe a nivel nacional del servicio penitenciario federal con todas las provincias para capacitar algunos agentes más”.
Estas definiciones públicas del Ministro se dieron luego de finalizada la reunión de la comisión de seguridad de la Legislatura, de la que también participó el secretario de Seguridad Daniel Facio.
Según precisó Zanone, en el encuentro “se evacuaron todas las consultas relacionadas con la fuga de los 4 detenidos de la unidad de Río Grande”. Si bien el encuentro fue de carácter reservado, las fuentes consultadas por EDFM, indicaron que esa opinión no fue compartida por algunos de los legisladores participantes, quienes coincidieron en señalar que sobre la forma en que se produjo el escape no se brindaron detalles, por cuanto se excusaron de avanzar sobre el tema argumentando que el hecho se encuentra bajo investigación judicial y administrativa. Sobre el punto sí se mencionó que la ventana utilizada para el escape tenía los barrotes colocados del lado interior de la celda, y que los elemento utilizados para cortarlos (hojas de sierra) habrían sido ingresados al penal dentro de panes que eran llevados por familiares o amigos de los reclusos.
Señalaron también que los funcionarios reconocieron que el sistema penitenciario no afronta un déficit en cuanto al número de efectivos, ya que cuenta con 61 efectivos para controlar una población carcelaria de 59 presos. Es decir, hay 1 agente penitenciario por preso, cuanto la media nacional es de 1 agente cada 7 presos. En ese marco responsabilizaron directamente al director del servicio penitenciario por la manera en que distribuye el recurso humano disponible para cubrir las necesidades del servicio.
Si bien no confirmaron la hipótesis de que los presos hubieran contado con ayuda interna para su fuga, dejaron entrever que existe malestar dentro de las filas penitenciaras por la condena judicial aplicada a dos agentes penitenciarios por el delito de torturas.
Además se planteó la conveniencia de evaluar una modificación a la ley que regula el funcionamiento del sistema penitenciario provincial, y se adelantó que se analiza la factibilidad de la Policía se haga cargo de la seguridad perimetral externa de la cárcel.