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uncionarios allegados al Gobierno provincial salieron ayer a negar la existencia de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema jubilatorio, aunque admitieron que comparten muchas de las medidas mencionadas en la propuesta cuyo contenido difundió el portal de noticias 94Diez.
De esta forma, si bien se reconoce la necesidad de derogar regímenes de privilegio y de aumentar la edad jubilatoria, entre otros puntos, el Gobierno no quiere por el momento asumir el costo político de impulsar formalmente una iniciativa de este tipo.
Por eso es que las declaraciones de las autoridades, para referirse al tema, hicieron hincapié en la necesidad de arribar a consensos entre todos los sectores involucrados y en repartir la responsabilidad por una decisión así con otras instituciones y agrupaciones sociales como los sindicatos.
Según la publicación del portal de noticias, el proyecto que baraja el Ejecutivo contiene la anulación de tres regímenes de privilegio: los llamados “25 inviernos”, el de Veteranos de Malvinas y el Radiólogos.
Además se plantea llevar la edad jubilatoria, “como mínimo”, a 50 y 55 años para mujeres y hombres respectivamente y fijar un tope máximo equivalente al costo de tres canastas familiares. Por otra parte se propondrían modificaciones a la fórmula de cálculo de las jubilaciones y se cambiaría la manera de determinar la movilidad de los haberes, entre otras medidas.
El contenido de la “propuesta” se hizo público al día siguiente de que el Gobierno manifestó su “preocupación” a través de una gacetilla de prensa por la cantidad de jubilaciones otorgadas en los últimos veintidós meses.
En el informe oficial se consignó que en enero de 2011, el monto de jubilaciones pagadas por el IPAUSS era de 31 millones de pesos, cuando en la actualidad es de 59 millones, lo que se traduce en un crecimiento del 87%. En el mismo período se tramitaron 704 jubilaciones nuevas, lo que equivale a 32 por mes y casi una por día.
“No hay un proyecto del Gobierno”
“Hace tiempo que se viene analizando la situación del IPAUSS, especialmente a partir de la creación de la comisión especial de análisis en la Legislatura. Lo que no se puede decir es que haya un proyecto del Ejecutivo. Se están elaborando distintas alternativas a partir de los aportes que han hecho gremios, centros de jubilados y el propio IPAUSS, pero no hay un proyecto del Gobierno”, declaró ayer la legisladora oficialista Amanda del Corro.
Según la parlamentaria, los datos mencionados por el portal “reflejan las ideas que se han estado discutiendo en la Legislatura y lo que expresan distintos sectores además del reclamo de la deuda histórica. Es evidente que existe un problema estructural en el sistema”, indicó.
También dijo que “estas iniciativas toman como información de base el informe actuarial presentado en el año 2011 donde ya se visualizaba una situación crítica”.
Sobre el punto en que se encuentra la comisión de análisis del IPAUSS, la legisladora explicó que el primer paso fue la solicitud de deuda a las distintas instituciones que aportan al sistema previsional.
“Algunos organismos han informado la deuda certificada que mantienen con el organismo y otros no. Y el Tribunal de Cuentas ha pedido una auditoría porque el propio IPAUSS no ha podido certificar la deuda y ese plazo está transcurriendo ahora”, señaló la referente del PSP.
En cuanto a la siguiente etapa, mencionó que se relaciona con la situación económica financiera, “en crisis a partir de que el organismo eroga más de lo que ingresa. Es allí donde aparecen algunas de las ideas o líneas de trabajo que se reflejan en la nota del portal”.
A su vez, sobre la derogación de los regímenes de privilegio, Del Corro expresó que “no se trata de dar una postura personal sino de ajustarse a los hechos. Y los hechos indican que tenemos un régimen jubilatorio con regímenes de privilegio que hacen que se deteriore la jubilación de todos. No sé cómo se puede sostener un sistema con jubilaciones por arriba de los 50 mil pesos”, observó.
“No puedo presumir los plazos de un trabajo porque no dependen solo de la Legislatura, sino que están en relación directa con cada uno de los sectores involucrados. Esto no es solamente responsabilidad de la gobernadora Fabiana Rios”, agregó la parlamentaria.
Al respecto, consideró que dada la situación actual del IPAUSS “ninguno de los sectores interesados pareciera querer asumir costos políticos. Pero olvidan que hay un costo político por tomar la decisión, y también otro por no tomarla. Como sociedad estamos complicados si cada uno va a pensar en sus propios intereses y no en los colectivos”, concluyó.
