E
l ministro de Salud, Andrés Arias, salió al cruce de la aprobación por insistencia al arancelamiento hospitalario por parte de la Legislatura Provincial. El funcionario calificó la decisión de los legisladores como “imprevista e inconsulta”, a la vez que advirtió que con esta medida “se ataca a la población más vulnerable cuando está enferma”.
“Me extraña muchísimo que legisladores que vienen de extracción popular hayan votado una barrera al acceso a la población más vulnerable”, expresó el titular de la cartera sanitaria, quien alertó que el arancelamiento “hace que la gente no vaya a realizarse controles preventivos porque tiene que pagar”. Arias expresó que “con esta medida lo que se va a conseguir es exponer a los más necesitados a que deambulen por los pasillos de los hospitales tratando de obtener una certificación de que no tienen ingresos”.
El funcionario puntualizó especialmente el rol de los servicios sociales que “van a dejar de dedicarse a analizar las problemáticas sociales y familiares para encargarse de avaluar quién tiene plata y quién no”.
Desde el punto de vista administrativo financiero “la recaudación a través del arancelamiento es insignificante para un gasto total de los hospitales, sin contar salarios, de aproximadamente 50 millones de pesos al año”, explicó el Ministro, y consideró que “lo único que va a hacer es sobrecargar de trabajo a los empleados de los hospitales y, en algunos casos, habrá que empezar a pagar fallo de caja, con lo cual vamos a terminar perdiendo plata”.
En cuanto a los legisladores que aprobaron el proyecto, el funcionario consideró que “no dudo de que lo hicieron con buena intención pero en salud no solamente hace falta buenas voluntades, hace falta trabajo técnico”, y agregó que “si bien terminar con el arancelamiento fue una decisión política de la Gobernadora, tiene fundamentos técnicos que son compartidos y avalados por el Ministerio de Salud de la Nación y los sanitaristas argentinos”.
“Si nos quisieran dar una buena herramienta nos habrían permitido debatir conjuntamente la Ley de Financiamiento Hospitalario propuesta por el Poder Ejecutivo”, dijo el Ministro, y contó que “nos pusimos a su disposición para modificar y discutir artículo por artículo, con el objetivo de sacar un proyecto consensuado que le hubiera dado a los hospitales una herramienta con la cual ejercer fuerza legal sobre Obras Sociales, Prepagas y empresas privadas que no pagan.
Una “medida desacertada”
La funcionaria ejecutora del desarancelamiento hospitalario, la ex ministra de salud María Grieco, defendió en dialogo con la prensa el proyecto, que fue una de las banderas del Gobierno de Fabiana Ríos, asurando que esta es una “medida desacertada”. Expresó que el pago en los nosocomios es “indigno para el ciudadano” y apuntó que “el gran agujero en los circuitos contables en el hospital es la deuda que supera los 30 millones del IPAUSS”.
Repudio que la medida genera “confusión en la comunidad y de ninguna manera solucionan los problemas de fondo”. De este modo cuestionó que “quienes insisten por este camino, tienen un desconocimiento del funcionamiento del hospital y nunca estuvieron frente a las necesidades de pacientes de bajos recursos”. Por último concluyó diciendo, que “esta ley deja muchos vacíos en la implementación”.
Una visión positiva
El titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande (APHRRG), Jorge Carmassi, celebró la medida al anotar que “siempre sostuvimos que generaba un desfinanciamiento del sistema y esto no fue cubierto desde el Ejecutivo”, al referirse a la continua falta de insumos en los establecimientos de salud públicos. El médico apuntó que “si el Ejecutivo no toma las riendas y esto se cae a pedazos y la medida de la Legislatura para nosotros por supuesto está bien vista”.
Enfatizó que “el estado lo que debe hacer es garantizar la salud. Cuando se desaranceló, se debería haber hecho cargo el Ejecutivo y no pasó, por eso el sistema se desfinanció”, explicó el médico.
Por último, adujo que “la salud tiene un costo y alguien lo tiene que pagar, y no puede ser que cuando se puede hacer un recupero a través de una obra social a la que el paciente paga mensualmente, no se le pueda facturar la prestación que se le brinda. Es un absurdo”, calificó.
