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a primera nómina de posibles imputados incluía unos treinta nombres, pero el avance de la investigación agregó a la lista otras diez personas más. Así, la causa penal donde se investiga el ataque y posterior toma de la Casa de Gobierno, el pasado 23 de mayo, llegará a los cuarenta acusados, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Según trascendió, la gran mayoría de los manifestantes docentes y del gremio de camioneros ya fueron identificados, aunque resta aún un porcentaje menor sobre el que trabajan los investigadores.
La tarea está basada en las filmaciones agregadas al expediente en el que interviene el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, pero en donde personal policial trabaja desde el momento mismo de los incidentes.
Como adelantó EDFM, los videos de mayor calidad y los más comprometedores para los manifestantes son los realizados por los propios uniformados, a instancias de la Justicia que intervino de oficio mientras se producían los enfrentamientos.
Esa imágenes están siendo analizadas segundo a segundo para establecer quiénes eran cada uno de los que produjeron daños o golpearon al personal policial que custodiaba la Casa de Gobierno, lo que derivó en un saldo de veinticinco uniformados heridos, algunos de gravedad.
La estrategia de la investigación consiste en reunir el material que involucra a cada uno de los sospechosos, por más que hayan estado en más de uno de los enfrentamientos que se produjeron en distintos momentos sobre el frente y la parte posterior del edificio público.
De esta forma, en el momento de la imputación, cada persona podrá defenderse del cúmulo de evidencia que lo involucra, y podrá o no contradecir su presencia en el lugar.
De acuerdo a las fuentes policiales consultadas, el rompecabezas de imágenes estará listo a fines de la semana próxima, y en ese momento será puesto a disposición de la Justicia.
Siempre según esta hipótesis, el juez podría comenzar a llamar a prestar declaración indagatoria a los involucrados en la primera semana de julio, unos cuarenta días después de producido el ataque que convulsionó la vida institucional de la provincia.
El tipo de delito que se les adjudicará a los manifestantes aún sigue siendo una incógnita, pero los investigadores mantienen las siguientes posibilidades: desde lesiones y daños, hasta atentado contra la autoridad, por haber herido a personal policial. Los daños podrían ser calificados, por haber involucrado a una institución pública.
Todo filmado
Aunque la Justicia ya había tomado medidas de oficio, la causa por los incidentes en Casa de Gobierno contiene una denuncia formulada el mismo 23 de mayo por el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone.
Además de los videos policiales fueron incorporadas a la investigación decenas de filmaciones caseras, aportadas por empleados público o vecinos comunes.
El juez De Gamas Soler ordenó después cuatro allanamientos en viviendas pertenecientes a integrantes del sindicato de camioneros, en busca de elementos que pudieran confirmar su presencia en la manifestación.
Pero las imágenes son la evidencia fundamental. Allí se puede observar a los gremialistas en primer plano, en el momento en que están arrojando piedras a los vidrios, golpeando con palos a los policías y produciendo otros desmanes.
El grado de minuciosidad de los videos es tal que, por ejemplo, está filmado un sujeto, apartado del grupo mayoritario, cuando cortó las cubiertas de los patrulleros apostados en el estacionamiento de la Casa de Gobierno.
Muchos de los sindicalistas fueron identificados por la Policía simplemente comparando las imágenes con los registros documentales que obran en la fuerza de seguridad (prontuarios, documentos de identidad, etc). En otros casos se trata de dirigentes conocidos públicamente.
Otro aspecto de la investigación que lleva adelante la Justicia se relaciona con el accionar de los manifestantes que permanecieron dentro de la Casa de Gobierno durante una semana.
Según trascendió, esta situación también forma parte de la causa penal y dará lugar a medidas de prueba como pericias y testimonios.
Entre las cuestiones que se investigan dentro de ese contexto, hay hechos ya conocidos públicamente, como el faltante de material informático (por ejemplo discos rígidos externos) hasta el formateo de computadoras de funcionarios.
Sin embargo, también se investiga el uso de los teléfonos del edificio gubernamental que habrían sido utilizados para hacer llamadas a distintas partes del país durante la toma del edificio.
