E
l abogado de tres de las cuatro familias desalojadas del sector de Los Leñadores, en el Valle de Andorra, Manuel Raimbault, cuestionó en duros términos el accionar de la Justicia en torno al caso, y en especial el del juez de instrucción Javier De Gamas Soler.
El letrado declaró en las últimas horas que el magistrado dispuso la medida e inclusive procesó a los involucrados por el delito de usurpación, cuando “todas las partes involucradas”, desde el Municipio, hasta la Fiscalía y los ocupantes, habían aceptado una instancia de mediación para solucionar el conflicto.
Además, denunció que el juez notificó a la defensa de las familias sobre el desalojo cuando el procedimiento ya se estaba realizando a través de más de un centenar de policías que rodearon las precarias casillas y finalmente ingresaron para sacar del interior a sus ocupantes.
En esa línea, Raimbault adelantó que apelará la resolución dictada el viernes por De Gamas Soler, antes del próximo martes, para que tanto el contenido como el procedimiento sean revisados por los miembros de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.
Por otra parte, el ex legislador no descartó que se realicen otras presentaciones tendientes a que se evalúe el desempeño funcional del magistrado, a quien acusa de haber convertido el procedimiento en una condena para sus defendidos.
Otro aspecto que llamó la atención del abogado fue la celeridad con que se llegó a la instancia de un desalojo, y lo vinculó con el grado de vulnerabilidad de sus asistidos.
A su vez, mencionó una “cadena de arbitrariedades” que según su criterio se “cometieron todas juntas en este expediente”.
Entre ellas mencionó que en el comienzo de la causa (de más de cinco cuerpos en la actualidad) el propio juez señaló en un escrito que no era competente para disponer ningún desalojo porque ello le correspondía al Municipio. Y sin embargo, en las últimas actuaciones terminó procesando a los ocupantes y disponiendo su salida de las viviendas a través de la fuerza pública.
Según trascendió, Raimbault solicitó ayer en tribunales copia de varias fojas del expediente para analizar con mayor profundidad las decisiones adoptadas por el juez desde el comienzo de la causa.
Por ejemplo, uno de los puntos que cuestiona el defensor es la forma en que el titular del Juzgado de Instrucción de Segunda nominación impartía las instrucciones al personal policial apostado en Andorra durante los días previos al desalojo.
En esas jornadas, se adoptaron medidas disuasivas como la prohibición de reingreso de las personas que salieran de las viviendas por cualquier motivo y también la prohibición de ingreso de alimentos.
A consecuencia de ello, una mujer que salió de una de las casas no pudo amamantar a su hijo que quedó adentro al cuidado de su padre, y otro menor no pudo ir a la escuela porque a su regreso no iba a tener donde vivir.
Según Raimbault, las órdenes se impartían verbalmente y generaban diferentes interpretaciones entre los uniformados, que en un momento llegaron a prohibirle a una persona salir de su casa (no reingresar a ella) lo que originó una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad.
La instancia de la mediación fue requerida por la defensa de los ocupantes en siete oportunidades, y llegó a contar con el visto bueno del Fiscal Fernando Ballester Bidau, el jefe de Defensores Públicos Gustavo Ariznabarreta y las autoridades municipales.
El proceso en castigo
Raimbault había declarado el sábado en Radio Nacional que “desde el primer día al último minuto, el tribunal lo único que hizo fue un cúmulo de arbitrariedades que transformó el proceso, en vez de en un instrumento de garantías, en el castigo mismo”. Y había deslizado que en veinte años de profesión, jamás vio tantas irregularidades juntas en un mismo expediente.
Según el letrado “todas las partes en este proceso querían la mediación. Y la respuesta del juez fue notificarnos del desalojo”, observó.
“Primero dijo que no iba a hacer el desalojo porque no era su competencia. Después le dijimos que al tomar medidas como evitar el reingreso de personas estaba haciendo un desalojo de hecho y le corrió vista al fiscal que pidió la mediación. El Municipio estuvo de acuerdo, nosotros estuvimos de acuerdo, pero el desalojo fue ordenado igual”, insistió el letrado.
