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os gremios de ATE, AFEP y CTA comienzan una semana en la que deberán adoptar decisiones importantes respecto de la situación de los trabajadores del Escalafón Seco de la provincia, tras la liquidación de haberes efectuada por el Ejecutivo provincial que no los dejó conformes.
Ni siquiera el acuerdo salarial del 22 de marzo, rubricado por la gobernadora Fabiana Ríos y las entidades mencionadas, pudo aplacar por algunos meses el reclamo estatal. Ya que el Gobierno realizó una interpretación sobre la aplicación de la Ley territorial Nº 331 y la provincial Nº 288 que no es la misma que creen los sindicatos, por lo cual se espera hoy poder concretar un encuentro con autoridades del Ejecutivo para tratar de arribar a un acuerdo.
No obstante, hoy se realizará una nueva asamblea en Gobierno donde se anunciará una nueva medida de fuerza probablemente para mañana martes.
En referencia a este tema, el máximo referente de ATE, Carlos Córdoba en diálogo con Radio Provincia, que “estuvimos reunidos con la Gobernadora el día martes y nos volvió a decir que no había inconveniente en hacer un nuevo reparto de los 155 millones de pesos” y agregó que esto se llevó a la asamblea, la que finalmente “decidió que se liquide como está y que hagamos lo que tengamos que hacer para que se cumpla con el acta firmado el 22 de marzo”.
En este marco, sostuvo que se debe solucionar “lo más rápido posible” y que si existe buena voluntad entre las partes “se puede acordar una nueva liquidación”.
Rechazo de la CTA a la ley de regulación de protesta social
Desde la Central de Trabajadores Argentinos(CTA) rechazaron el proyecto de Ley de regulación de la protesta social.
Al respecto, manifestaron mediante un comunicado que “quienes nos pronunciamos en contra de la criminalización, la judicialización y la represión de la protesta social , no podemos menos que repudiar este proyecto que no es más que el corolario de los acuerdos internacionales exigidos por el CIADI y de la ley antiterrorista” y prosigue “Tierra del Fuego, isla que nunca ha estado al margen de las decisiones políticas, económicas y represivas de nuestro país, tiene el triste privilegio de contar con el primer compañero asesinado en una protesta social, en democracia y es una de las provincias con mayor grado de conflictividad”
Asimismo, afirman que “reclamamos por la distribución de la riqueza de nuestro país, por la soberanía de los bienes comunes, por la libertad y democracia sindical, por el sobreseimiento de causas y procesamientos de trabajadores docentes, camioneros, municipales, estatales y desocupados, que en nuestra provincia son perseguidos penalmente por el ejercicio del derecho constitucional a trabajar, a tener vivienda y a peticionar ante las autoridades. Basta de impunidad, no a la ley antiterrorista, no a la ley de convivencia social”.
