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os cuatro imputados que faltaban prestaron declaración indagatoria ayer en la segunda jornada del juicio oral y público por el “escándalo de las Letras de Tesorería” que ventila una presunta maniobra defraudatoria contra el Estado provincial cometida en la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia dispuso luego un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 en que comenzará la ronda de testimonios, cuya duración está prevista hasta el lunes 28, según estiman fuentes judiciales vinculadas al caso.
La causa llamada “Gualdesi” investiga la presunta sustracción de 8,2 millones de pesos a través del pago en Letras de mercadería facturada por la empresa Gualdesi Hermanos que, según la acusación fiscal, nunca se habría entregado a sus destinatarios.
La audiencia de ayer comenzó con la declaración del ex ministro de Economía, Horacio Sosa, quien se encuentra detenido cumpliendo una condena anterior por una causa similar, conocida como “Arrébola”.
Con posterioridad fue el turno de la empleada de planta María Lorenza Moreno (también presa por el caso Arrébola) quien hizo uso de su derecho a negarse a declarar.
Las dos últimas declaraciones (de un total de nueve) fueron la del empleado Isidro Ferreyra y la del secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, que concluyó pasadas las 13 en la sala de audiencias de Tribunales, en Monte Gallinero.
Facturas falsas
El ex ministro Sosa declaró en sintonía con su antecesor en el cargo, Raúl Berrone, quien había prestado declaración ayer.
La postura del también ex ministro de Obras Públicas y presidente del IPRA fue que rubricó actos administrativos vinculados con el pago a Gualdesi en el convencimiento de que estaban reunidos todos los recaudos para acreditar la contraprestación por parte de la empresa, que proveía bolsones alimentarios para personas carenciadas.
Después, Ferreyra explicó por qué conformó las facturas y remitos de la firma por la mercadería supuestamente entregada en un depósito del Ministerio de Acción Social.
El empleado contó que en el lugar firmaba los remitos y que luego, por orden de los funcionarios de Licitaciones y Compras, se dirigía a otras oficinas de Gobierno a rubricar las facturas.
Sin embargo, el empleado tuvo un momento de zozobra cuando dijo que se había tomados unos minutos para contrastar los productos indicados en los remitos y en las facturas, y el Fiscal Mayor Guillermo Massimi le hizo notar que ello no era posible porque en los remitos se mencionaban módulos alimentarios y en las facturas había detalle de la mercadería.
En tanto May brindó una extensa declaración en la que detalló los motivos por los que levantó observaciones en el expediente administrativo mediante el cual se le terminó pagando a Gualdesi.
El funcionario afirmó (como lo había hecho ayer el empresario Germán Gualdesi) que las facturas que sirvieron para sus informes de control, no son las mismas que figuran ahora en el expediente administrativo. Ello confirma la conclusión a la que arribó en la etapa de instrucción el juez Javier De Gamas Soler, quien dio por demostrado la inclusión de facturas falsas para posibilitar la consumación de la maniobra defraudatoria.
Según May, con las facturas que él observó, y las medidas tomadas por la empresa y los funcionarios intervinientes, el expediente estaba en condiciones de seguir su camino hacia el pago al proveedor.
La pregunta acerca de por qué alguien cambió las facturas originales por las truchas sigue siendo una cuestión a dilucidar por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo González.
Una posibilidad es que lo hayan hecho para incluir facturas con fechas anteriores y de esa manera justificar el pago de mercaderías adquiridas tres años antes de la presentación de los documentos. Si en cambio se hubiesen presentado facturas actuales por prestaciones presuntamente realizadas con tanta antelación, no hubiesen pasado los controles propios de la administración pública.
Lo cierto es que las boletas falsas se incorporaron al expediente con un fin y determinar cuál fue el objetivo y quiénes los responsables de haber perpetrado la maniobra es la principal tarea de los jueces abocados a la causa.
