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ecién para fines de la próxima semana se estaría concretando la reunión entre los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos y autoridades del Gobierno nacional prevista para ayer, en la que OFEPHI presentará una propuesta alternativa al proyecto de ley de hidrocarburos que impulsa la Nación.
La reunión podría resultar definitoria para tratar de zanjar las divergencias de criterios que existen entre las partes respecto de las modificaciones que deberían introducirse a la actual ley de hidrocarburos.
Hace unos 10 días el Ejecutivos Nacional reunió en el Ministerio de Planificación a los ejecutivos de las principales petroleras que operan en el país a los que les entregó copia del borrador del proyecto de modificación a la legislación que regula la actividad hidrocarburífera.
Si bien al encuentro no habían sido invitada la OFEPHI, desde Nación se remitió a los gobernadores de Neuquén y Chubut –quienes fueron designados por sus pares como negociadores– copia de ese borrador, cuyos aspectos centrales fueron transmitidos telefónicamente a los restantes mandatarios de las provincias productoras de hidrocarburo, según indicaron a EDFM desde el Ejecutivo fueguino.
A fines de la semana pasada, los gobernadores Sapag y Buzzi enviaron a Miguel Galuccio, titular de YPF, una contrapropuesta con anotaciones sobre cada uno de esos puntos, consignó el Inversor online.
Ese medio especializado señala que “la respuesta remitida por las provincias critica de forma taxativa el corazón de la iniciativa avalada por el Gobierno e YPF”.
Asegura que son 6 las cuestiones centrales de confrontación entre las partes.
Detalla que el borrador de la Casa Rosada prevé que los concesionarios actuales que ya renegociaron por 10 años sus bloques (período de explotación de 25 años más una prórroga de 10) tendrán derecho –en caso de haber cumplido con el plan de inversiones asumido– a solicitar una nueva extensión por otros 10 años. La contrapropuesta no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas y probables remanentes en cada concesión. Es la metodología que utilizaron la mayoría de las provincias petroleras ((Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza) para renegociar las áreas que vencían en 2016/17. Neuquén, por caso, recaudó cerca de US$ 700 millones cuando prorrogó la mayoría de sus concesiones petroleras en 2008/2009.
Señala que el texto redactado por el secretario Legas y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, contempla el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4 por ciento.
Otro aspecto de la propuesta oficial que no resulta de agrado de la OFEPHI, es aquel que contempla que las petroleras deban destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de Responsabilidad Social Empresaria y un 1% a obras de infraestructura. La contrapropuesta de los gobernadores prevé que las provincias puedan solicitar, por su cuenta, financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los reservorios.
El borrador impulsado por el Gobierno propone la homogenización, a nivel nacional, de los pliegos licitarorios de áreas petroleras, de manera tal de lograr un modelo único y común aplicable en todas las provincias, dado que en la actualidad existen divergencias entre estados que atentan contra la previsibilidad del marco regulatorio. Sobre este punto –indica el Inversor–, los gobernadores petroleros sostienen que ese modelo debe ser discutido en el seno de la OFEPHI y no por la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas –organismo creado en 2012 por iniciativa del ministro de Economía, Axel Kicillof– tal como prevé el texto oficial.
Agrega que el documento redactado por Zanini elimina la posibilidad de que las gobernaciones reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras. Para los mandatarios esa pretensión no tiene sustento legal porque va en contra de algunas constituciones provinciales (como la de Neuquén) y además, atenta contra una concepción estratégica que ubica al control del recurso hidrocarburífero en manos del poder público y no del privado.
Tampoco se comparte la pretensión del Gobierno nacional de prohibir la inclusión del acarreo a favor de las petroleras provinciales en la licitación de bloques de exploración. Las provincias interpretan que al no poder recurrir a ese mecanismo, que les permite conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero, la captación sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada. Por ello reclaman alternativas que compensen esos ingresos para las arcas provinciales, como, por ejemplo, establecer un canon de ingreso a los bloques.
