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a Justicia provincial inició el juicio contra ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro, sospechados de peculado a partir de obras que debían realizarse en edificios educativos estatales y que nunca fueron concretadas a pesar de haberse abonado los trabajos con el visto bueno de varios funcionarios.
Los primeros testimonios pudieron escucharse en la sala de juicio de los Tribunales del barrio YPF. El tribunal conformado por Juan José Varela, Daniel Borrone y Eugenio Sarrabayrouse deberá analizar las implicancias de siete imputados: Victoriano Alfredo Moya, Osvaldo Colombreras, Luis Medina, Germán Cuello Ponce, René Garcés Manduani y el empresario Patricio Ryan, en calidad de cómplice primario.
El caso caratulado ‘Moya, Victoriano Alfredo y otros s/peculado’ se inició a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas Provincial que detectó sendas irregularidades en dos expedientes observados en 2007, a partir de obras de mantenimiento en edificios escolares reclamadas por el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Obras Públicas de Tierra del Fuego.
Es así que el Tribunal de Cuentas Provincial detectó que hubo obras por un monto de 32.294 pesos –a cifras de aquella época– que se habían abonado pero no se hicieron y sin embargo los funcionarios involucrados dieron el visto bueno. De allí se infiere que podrían haberse producido supuestas maniobras para extraer fondos públicos, en beneficio personal.
En el inicio de la audiencia el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Dr. Guillermo Quadrini, dio lectura del requerimiento fiscal de la elevación de la causa a juicio oral. El miércoles brindaron su testimonio tres testigos y el jueves lo hicieron otros cuatro, mientras que los alegatos podrían conocerse hoy.
En primer término, brindó su declaración el ex ministro de Obras Públicas de Tierra del Fuego, Daniel Lépez, quien aportó algunos datos menores sobre la actividad de la cartera en los meses posteriores al hecho investigado.
Luego testimonió la arquitecta Mariela Olmedo, designada por el Tribunal de Cuentas Provincial y que en su informe había concluido que las obras no fueron realizadas en su totalidad, solo aportó como método de constatación “registro fotográficos, criterio profesional y testimonios de porteros y personal de los establecimientos” que dijeron que “no se realizaron trabajos”, pero que no fueron identificados en los informes, “porque nadie quería firmar esas actas”.
En cuanto a las tareas que comprendieron supuestamente la limpieza de cloacas de los establecimientos escolares, la arquitecta develó que en muchas de las cámaras sépticas que debía inspeccionar, “no levanté las tapas, porque eran muy pesadas”.
Asimismo, señaló la profesional que trabajó sin asistencia “de ningún tipo”, agregando que “el Tribunal de Cuentas Provincial me contrató sin instructivos, ni planos de los establecimientos a relevar”.
Por su parte, el arquitecto Rodolfo Rojas, revisor del Tribunal de Cuentas Provincial y que se encargó de la cuestión administrativa del informe técnico, no pudo sostener las conclusiones a las que se arribó dada la escasa sustentación técnica de dicho informe.
