E
l debate sobre si es ajustada a derecho la detención de personas en Tierra del Fuego luego de un juicio, pero sin que pese sobre ellas una condena judicial firme, escaló ayer hasta la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Alberto Bovino concretó en la víspera una presentación ante ese organismo internacional, como defensor del ex Contador General de la provincia Félix Donamaría, condenado y detenido desde septiembre de 2013 por su participación en el denominado “Escándalo de la contabilidad paralela” durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
Bovino le pidió a la CIDH que dictamine contra el Estado argentino por la violación de derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y argumentó para ello las alternativas del caso judicial de Donamaría tramitado en la Justicia fueguina.
En concreto, el letrado cuestiona (además de otra serie de presuntas irregularidades) que el Tribunal Oral de Ushuaia dispuso la detención preventiva de su cliente, cuando la condena que le aplicó aún no está firme porque tiene pendiente de resolución un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el momento de la detención todavía tenía pendiente la instancia de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
El criterio de la Justicia de Tierra del Fuego (ratificado en este caso por el STJ) es que la detención preventiva opera de manera automática cuando el tribunal de juicio condena a alguien a una pena de cumplimiento efectivo, con independencia de los recursos posteriores contra esa sentencia. Ese antecedente se viene aplicando en todos los casos similares, y marca una diferencia con la postura establecida por la Suprema Corte de Justicia.
Bovino cuestiona que esa posición de los tribunales fueguinos se aplique por simple repetición, y considera que al no analizarse en cada caso si existe un peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso por parte de los condenados, se están violando derechos superiores protegidos por el sistema interamericano.
Argumentos
La presentación que realizó el abogado de Buenos Aires está dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icasa, y allí se sintetiza la situación judicial de Donamaría, involucrado en la causa donde se investigaron pagos a proveedores del Estado por servicios no realizados y valiéndose de un sistema administrativo paralelo al oficial.
El documento aclara que el ex Contador General de la provincia durante el último semestre del manfredottismo se encuentra detenido desde el 12 de septiembre de 2013, luego de haber recibido condenas el 30 de abril de 2010 y también el 18 de octubre de 2013.
El letrado puntualiza en su escrito que para privar de la libertad a su cliente, de manera anticipada, sólo se consideró “la gravedad de la pena que el tribunal ha considerado aplicable a este imputado”, lo que implica “un supuesto de aplicación automática que excluye toda consideración de circunstancias subjetivas y objetivas que permitan sostener que no existe ningún peligro procesal que justifique el encarcelamiento anticipado”.
“Resulta irracional afirmar que esta interpretación es compatible con la Convención Americana”, agrega la presentación, y puntualiza que “el peligro de fuga (de Donamaría) no fue determinado atendiendo a las circunstancias personales y del caso concreto”.
Sobre ello, Bovino argumenta que en caso de haberse evaluado esa circunstancia (si el condenado tiene chances de fugarse) se hubiera llegado a la conclusión de que es improbable.
“Donamaría tiene 69 años, 1,86 m de estatura, más de 150 kilos de peso y colesterol alto. Es paciente con hipertensión arterial, le cuesta caminar por su problema de sobrepeso, casi no puede subir escaleras, tiene problemas de retención de orina por su edad y sus problemas de próstata, sufre de obesidad y sedentarismo, y tiene trastornos cardíacos. Tampoco sabe nadar ni conducir automóviles. El médico le ordenó caminar 40 minutos diarios, pero no puede hacerlo debido a razones climáticas, por lo cual no solo no puede seguir el tratamiento sino que, además, la flebitis en las piernas le está aumentando, y su estado general de salud se está deteriorando. ¿Cómo podría fugarse él de una ciudad como Ushuaia, donde tiene su residencia actual?”, se preguntó el abogado.
También cuestionó que los demás juicios contra Donamaría se unificaron para el 7 de septiembre de 2015 “no por casualidad” sino porque a esa fecha faltará una semana para que se cumpla el plazo máximo de detención preventiva. “El mensaje está claro: es el deseo del Tribunal de Juicio, en el caso de que la sentencia no quede firme, que Donamaría agote ese plazo detenido en prisión preventiva”, insiste la presentación.
Por otra parte, la denuncia resume que el ex contador general de la Provincia enfrenta 26 causas diferentes por peculado, de las cuales se desprenden muchos más hechos. Y enumera otras supuestas violaciones de derechos que serán ampliadas ante la CIDH, entre ellas “el derecho a la integridad física, a un tribunal imparcial, a la defensa, a ser oído, a la comunicación previa y detallada de la acusación, a los medios para la preparación de su defensa, a interrogar a los testigos, al plazo razonable de proceso y al recurso contra una sentencia condenatoria”.
