E
l juez Civil y Comercial Alejandro Fernández condenó ayer al Gobierno de la Provincia y al Municipio de Ushuaia a remediar el daño ambiental producido sobre la costa del Canal Beagle y otros sectores de la ciudad por las deficiencias del sistema cloacal, y a realizar las obras de infraestructura necesarias para evitar la contaminación en el futuro.
El fallo que según los expertos genera un “procedente de peso” en materia de medio ambiente resolvió la causa judicial por protección de intereses difusos iniciada por la ONG Participación Ciudadana, a la que después adhirieron otras entidades y vecinos particulares.
La sentencia condenó a la provincia, para que a través de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) realice “las obras que resulten necesarias para la reparación del sistema cloacal existente”, y “dote a la ciudad de Ushuaia de infraestructura cloacal suficiente y adecuada conforme a su realidad poblacional, haciendo cesar el grave impacto ambiental que provoca el estado de cosas actual”.
A su vez, la resolución judicial condenó al Municipio a hacerse cargo del mantenimiento general de las obras e instalaciones una vez concluidas.
En relación a los daños ya causados por el vertido de efluentes crudos al mar, el fallo establece que las autoridades provinciales serán responsables de las “acciones paliativas y de remediación” en el sector este de la ciudad (desde la calle Yaganes) mientras que los funcionarios municipales remediarán otros sectores como “el lecho submarino costero y costas de las Bahías Encerrada y Golondrina”, así como de un turbal sobre el que se vierten desechos a cielo abierto, cerca de la calle Kuanip.
El juez Fernández también le puso plazos a los trabajos de saneamiento: el Gobierno fueguino tendrá 2 años para reparar la infraestructura cloacal existente, y 5 años para culminar las nuevas instalaciones.
En tanto la Municipalidad contará con 3 años para efectuar las acciones de remediación del ambiente, una vez que el gobierno termine de reparar el sistema actualmente deteriorado.
En todos los casos, los condenados deberán presentar “un plan de ejecución de los trabajos” dentro de los 6 meses en que quede firme la sentencia, y un informe semestral sobre el “estado de avance de los planes u obras a ejecutar o en ejecución”.
Además, la Justicia fueguina controlará el desarrollo de todas las obras a través de un ingeniero elegido por sorteo entre la nómina que el mismo tribunal le ordenó presentar al Colegio de Ingenieros de Ushuaia, y cuyos honorarios pagarán las instituciones condenadas.
Una causa inédita
La causa judicial que derivó en este pronunciamiento disparó una serie de mecanismos participativos inéditos para la historia de la justicia provincial.
Por ejemplo, si bien la demanda fue iniciada por una ONG, el juez publicó un resumen del caso en los diarios locales y permitió la adhesión voluntaria de otras organizaciones y vecinos.
El tribunal recorrió el 6 de septiembre del año pasado los lugares más impactados por la contaminación cloacal, en compañía de la gobernadora Fabiana Ríos, el intendente Federico Sciurano, legisladores y concejales especialmente invitados.
El juez también convocó a una audiencia pública el 6 de noviembre del año pasado, en la que escuchó a las partes y además, a expertos en la temática como la ingeniera Alejandra Portatadino, de la ONG Ingeniería Sin Fronteras y a los investigadores Andrea Coronato y Luciana Ricciardelli, del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
La postura del Gobierno provincial en el expediente consistió en informar la realización de un plan director de agua y cloacas, encargado a una consultora privada, cuya ejecución se realizará con fondos del Fideicomso Austral, que reconoce a la provincia el 50% de las regalías hidrocarburíferas costas afuera.
En cambio la Municipalidad consideró siempre que no tenía ninguna competencia sobre el tema, a pesar de que varias de las instalaciones cloacales se encuentran bajo su administración.
“Ha quedado plenamente acreditado el daño ambiental provocado por la deficiencia del sistema cloacal existente en la ciudad de Ushuaia”, por lo que “resulta necesario ejecutar obras tanto para reparar lo existente y complementarlo; cuanto para dotar a determinadas áreas de un sistema cloacal suficiente”, afirma la sentencia.
El juez cargó las responsabilidades por la situación ambiental a “la pasividad rayana en la desidia tanto del gobierno provincial (de diferentes gestiones)” como del Municipio que “no puede hoy desentenderse de las consecuencias disvaliosas de sus propios actos de ayer”.
El abogado de la ONG Participación Ciudadana, Manuel Raimbault, celebró ayer la sentencia del caso y la entendió como un reconocimiento expreso del “daño ambiental que está comprometiendo la salud de la población actual y de las futuras generaciones”.
“El tribunal logra con su fallo lo que esperamos que sea un cambio cultural: entender que no es posible el crecimiento de una población sin un desarrollo sustentable y sin obras públicas prioritarias guiadas por un sentido común”, aseguró el letrado.
