“No es la solución”

Gobierno ratificó rechazo al cobro de coseguros a usuarios de la salud pública

01/09/2014
E
l ministro de Salud de la Provincia, Andrés Arias, ratificó su oposición al cobro directo a los usuarios de los servicios públicos de salud mediante el mecanisno de coseguros, ya que “vulnera la Constitución Provincial y genera riesgos concretos en la salud de la población”.
El funcionario manifestó que “terminar con el cobro directo en los hospitales fue una de las primeras medidas adoptadas por la Gobernadora (Fabiana Ríos) y hemos sostenido sus fundamentos técnicos cuando la Legislatura planteó volver al arancelamiento”, a lo que sumó que el Ejecutivo provincial “vetó el proyecto aprobado por el Parlamento y alertó sobre la posible pérdida de programas nacionales, pero los legisladores hicieron caso omiso e insistieron la iniciativa”.
Arias planteó que “ya sea que lo llamen arancel, coseguro, bono o de cualquier otra manera estamos completamente en contra del cobro directo a los usuarios de los servicios públicos de salud”, al tiempo que consideró “desatinado exigirle al ciudadano un triple aporte”, ya que “además del arancel de afiliación a la obra social o prepaga y del pago de impuestos, debería abonar otro importe por la prestación en la institución sanitaria”.
Asimismo, observó que “según lo informado por la Gobernadora en conferencia de prensa (ayer) el presupuesto 2015 para Salud será de 1183 millones de pesos”, por lo que “el aporte de 20 pesos por consulta resulta despreciable y queda más que claro que no es una herramienta para el financiamiento del sistema sanitario público”.
Luego remarcó que “la postura del Gobierno provincial es compartida y sostenida por el Gobierno nacional y los sanitaristas argentinos”, y mencionó que “el viceministro de Salud de la Nación se manifestó al respecto en su reciente visita y la Unidad de Financiamiento Internacional, dependiente de la cartera sanitaria nacional, emitió un comunicado precisando las implicancias legales del arancelamiento”.
“Sostuvimos muchas reuniones con los legisladores donde explicamos que el cobro directo no era la solución y pedimos discutir la Ley de Financiamiento Hospitalario presentada por el Ejecutivo”, indicó, y valoró que “esta herramienta es un marco legal fundamental para realizar el recupero a terceros pagadores”.
El titular de la cartera sanitaria expresó que “el efector público es el medio por el cual el Estado garantiza el derecho constitucional a la salud y, por este motivo, no puede bajo ningún supuesto negar la atención”, por lo que el hospital “no puede cortar los servicios a ningún ciudadano”, pero en cambio “sí puede hacer es exigir el pago de las deudas a las obras sociales”.

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