Participación Ciudadana: la decisión causó sorpresa y decepción

14/09/2014
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ldquo;Sorpresa y decepción” generó la decisión de la Municipalidad de Ushuaia de mantener la apelación al fallo del juez Fernández en el marco de la llamada causa cloacas, que dispuso las responsabilidades y competencias del Gobierno provincial y el Ejecutivo de la ciudad en torno al sistema de tratamiento de efluentes cloacales.
Así lo afirmó el titular de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, quien apuntó a la “contradicción” entre “el decir y el hacer” en materia ambiental que a su criterio refleja la postura municipal. Incluso diferenció entre el “relato muy marcado” del Municipio, que en esta oportunidad no se condijo en una acción concreta para remediar la contaminación ambiental en la zona de la costa.
Para Worman, la sentencia del magistrado no impide, una vez firme, que el Municipio avance en la búsqueda junto al Gobierno de las fuentes de financiamiento para el mantenimiento de las obras de remediación que correspondían al Ejecutivo provincial. Además, apuntó que ese planteo lo pudo haber hecho hace seis meses, cuando Fernández ordenó a las partes la definición de acciones conjuntas. Por eso entendió que el sostenimiento de la apelación impide avanzar en esa remediación del daño ambiental que afecta a la ciudad.
En declaraciones a EDFM, Worman manifestó que “fuimos a la audiencia con la expectativa de que el Municipio retirara la apelación, sobre todo porque eso iba a confirmar el inicio coordinado de acciones de saneamiento sobre la cuenca hídrica de Ushuaia”, pero sin embargo “para sorpresa y decepción el Municipio sostuvo los mismos argumentos de hace aproximadamente diez días”.
“Fue una sorpresa porque el mismo Municipio confirmó que había mantenido reuniones con la DPOSS para acordar un sistema para poder hacer un cobro que permitiera lograr el financiamiento para el mantenimiento del sistema cloacal”, remarcó.
En esa línea, observó que “todo indicaba que no había obstáculos para continuar”, y si bien “queda firme la parte que obliga al Gobierno a invertir en obras y sanear la mitad de la ciudad”, por otra parte “un servicio esencial como es el mantenimiento y saneamiento de tres lugares emblemáticos como son Bahía Encerrada, Bahía Golondrina y el turbal de Monte Gallinero, que son las responsabilidades que tiene el Municipio, ha sido atacado mediante esta apelación que quedó vigente”.
Worman indicó que ahora “lo que nos queda al resto de las partes es contestar la apelación (tienen tiempo hasta el 22 de septiembre), siendo conscientes de que el 50% de las acciones que hay que llevar adelante no están efectivas”.
Asimismo, sostuvo que “ahora nos surge otra preocupación quizás mayor” que es que “el Gobierno va a hacer las obras que se comprometió a hacer, pero no habrá a quién transferirlas porque la Municipalidad no acepta las condiciones con las que el juez entendió que había que resolver la problemática de la contaminación ambiental por falta de tratamiento de efluentes cloacales”.
En cuanto a la condición que puso el Municipio para levantar la apelación, entendió que “quedando firme el fallo no se cerraban las puertas para que el Municipio y el Gobierno acordaran la forma en que se iba a financiar el mantenimiento”.
Además, recordó que “los concejales (Viviana) Guglielmi y (Damián) De Marco salieron a decir que era viable incorporar un asunto para la próxima sesión del cuerpo que incluyera cómo iba a ser la progresión del cobro luego de que las estaciones de bombeo estuvieran en funcionamiento, y sobre todo que se iba a aplicar en los barrios en los que se iba a prestar el servicio”. Y añadió: “Ante tanto detalle nosotros suponíamos que el tema estaba salvado, pero lamentablemente el Municipio mantuvo la apelación”.
Para Worman “esto es un obstáculo muy importante para avanzar en acciones que tengan que ver con restaurar el servicio público fundamental, sobre todo por lo que significa por los impactos que tiene en la salud de la población y en el medio ambiente”, en tanto aseveró que “no vimos ninguna intención (del Municipio) de llegar a un acuerdo para resolver conjuntamente el problema”.
En ese marco, evaluó que “es una contradicción pensar que se cuida el ambiente atendiendo solo algunos aspectos y no atendiendo a los demás” cuando en realidad “el ambiente es un sistema, no hay partes”.
Ante ello, consideró que “hay un relato ambiental muy marcado, muy enunciado, pero lo que también debe haber es mucha coherencia con acciones concretas”, y una de ellas “era que quedara firme el fallo del juez Fernández, que no inhibía que luego se avanzara en otros temas que el Municipio o el Gobierno entendieran que había que poner en debate”.
Además, Worman argumentó que el Municipio “trajo al debate un aspecto que no está discutido en la causa, el tema del financiamiento no se discute en la causa”, y por eso “entendemos que ese planteo se debía realizar a partir de que el fallo quedara firme”, e incluso “si el Municipio entendía que debía haber una articulación más específica, lo podría haber planteado dentro de los primeros seis meses en los que el juez dio la orden de presentar las propuestas de trabajo conjunto”.
Por otra parte, informó que “algunas organizaciones no gubernamentales nos planteamos promover un Observatorio Ambiental Costero para determinar cuáles son los avances y dificultades que tiene la ciudad, y cómo poder intervenir en algún lugar en particular”, pero afirmó que “esto no hubiera sido necesario si el Gobierno, la Municipalidad y la DPOSS se hubieran puesto de acuerdo”.
Por último, Worman hizo hincapié en que “incluso después del fallo uno advierte que las diferencia personales, conceptuales, jurídicas, institucionales y políticas están absolutamente a flor de piel” y que “se anteponen cuestiones secundarias al interés común de la ciudadanía”.