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a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó los procesamientos, sin prisión preventiva, de 34 docentes y camioneros que formaron parte del ataque y posterior toma de la Casa de Gobierno de la Provincia, el 23 de mayo de 2013, en medio de una protesta por reclamos salariales.
Los camaristas Jorge Luis Jofré, Julián De Martino y Walter Tabarez Guerrero ratificaron de esta forma el pronunciamiento que había dictado el juez de primera instancia Javier De Gamas Soler, el 5 de diciembre del año pasado, en el que se enunciaron las primeras responsabilidades penales por los hechos donde resultaron heridos 19 policías y se produjeron todo tipo de destrozos al edificio gubernamental.
La resolución de Cámara dictada el pasado miércoles 17, pero cuyo contenido trascendió ayer, avaló las acusaciones contra los 17 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y 17 miembros del gremio de Camioneros, imputados de delitos como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y leves, y daños agravados, entre otros.
Inclusive el Tribunal de Alzada se inclinó por algunas calificaciones más graves que las determinadas por el juez De Gamas Soler, aunque no las modificó porque no habían sido objeto de apelación por parte de la Fiscalía.
La lista de procesados incluye a varias autoridades sindicales, entre ellas, el secretario general del Sutef, Raúl Amado Arce, y el secretario gremial de esa organización, Horacio Gustavo Catena, además del secretario de Camioneros Daniel Esteban Capdevila.
Catena, incluso, está imputado por la agresión a una mujer policía durante un forcejeo ocurrido en el interior de la Casa de Gobierno, donde los docentes permanecieron durante una semana después de haber vencido la custodia del edificio y de haber tomado el control total de las instalaciones.
La confirmación del auto de procesamiento por parte de la Cámara implica que el caso se encamina hacia un juicio oral y público en que deberán dirimirse las imputaciones penales “prima facie” adjudicadas a cada uno de los involucrados.
Sin embargo, aunque ya fue rechazada en una oportunidad anterior, la defensa puede volver a plantear la instancia de una Mediación Judicial para evitar el juicio, señalaron ayer fuentes judiciales consultadas por este medio.
Acusaciones más graves
El fallo de 68 páginas al que accedió EDFM separa las imputaciones que pesan sobre los atacantes identificados por videofilmaciones, quienes protagonizaron hechos de violencia frente al edificio gubernamental entre las 12 y las 13 del 23 de mayo del año pasado.
En aquel momento, una manifestación del Sutef con el apoyo de Camioneros enfrentó a la custodia policial a golpes, patadas y arrojando todo tipo de elementos contundentes. Y como consecuencia de la refriega hubo 19 policías heridos: Marino Brazanovich, Ramón Cejas, Ricardo Romero, Hugo Anibal, Cristian Seniquel, Jonathan Dutrá, Luis Pibernus, Elbis Sidorkevich, Leandro Pérez Soriano, Diego Olmedo, Pablo Aquino, Ana Rodas, Jimena Miranda, Rodolfo Aguirre, Melina Perea, Marilin Tolaba, Mariana Sánchez, Héctor Escalada y un sargento de la Comisaría Tercera de Ushuaia.
Dutrá y Pérez Soriano llevaron la peor parte. El primero sufrió un “edema pre auricular derecha, limitación de apertura bucal, contusión de codo y hombro derecho y contusión con excoriaciones en cara anterior del muslo izquierdo”. El segundo “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento con posterior cefalea holocreaneana intensa”.
Por eso es que los presuntos responsables de haber atacado a estos dos policías recibieron los reproches penales más graves por parte de la Justicia.
Por ejemplo al docente Héctor Horacio Muñoz se le imputó haber agredido al sargento Alfonzo “tomándolo de la cabeza y del brazo, golpeándolo y empujándolo”, haber agredido a otro policía que se acercó para ayudar a Alfonzo, haber arrojado una escalera metálica contra varios efectivos policiales y haber “sujetado y empujado al agente Dutrá, hasta derribarlo, impidiéndole que se incorpore para facilitar la golpiza que, al mismo tiempo, le propinaban otros manifestantes. Segundos después, Muñoz le aplicó al mismo agente una patada en la parte inferior de la cabeza”, puede leerse en la resolución judicial ahora ratificada por los camaristas.
Por esta agresión, Muñoz fue acusado de “lesiones graves”, en “concurso real con lesiones leves”, y en “concurso ideal con resistencia a la autoridad”.
Y por este mismo hecho también fueron procesados Catena, el docente Alejandro Daniel Gómez, el camionero Víctor Hugo Zuñiga Pérez, el docente Gastón Héctor Luis Benítez, el camionero Ramón Martín Giménez y el docente Juan Beltrán Ferreyra.
En tanto, por el ataque a Pérez Soriano la Justicia procesó al camionero Leonardo Alexis Ríos, también como presunto responsable de lesiones graves y resistencia a la autoridad.
Según el juez De Gamas, Ríos “lanzó una tabla de proporciones considerables como si fuera una jabalina, directamente a la cabeza de Pérez Soriano”.
A Catena también lo acusan de haberle arrojado un trozo de madera al subcomisario Mariano Bronzovich, de pegarle patadas a otro uniformado, haber empujado un armario para violentar el ingreso a la Casa de Gobierno, haber golpeado junto a otros manifestantes a varios funcionarios policiales y amedrentar a los efectivos al grito de “se prende todo fuego y a la concha de su madre, cinco minutos, ni más ni menos”.
Pero, además, el referente del gremio de la Educación fueguina está imputado de haber agredido a la mujer policía Irene Marin Levin, de mucha menor contextura física que él, ya en el interior del edificio gubernamental.
De acuerdo a testimonios y filmaciones, primero habría dicho en el sector cercano a la escalera que conduce al piso superior: “Reventamos todo, no me importa nada. Vamos a cagar a palo a la policía, no me importa si es mujer”. Y después “empujó fuertemente con ambas manos y todo el peso de su cuerpo a Levin, a la altura de su pecho, provocándole un fuerte dolor”.
Filmaciones como prueba
La Cámara de Apelaciones dedicó parte de su pronunciamiento a avalar la utilización de filmaciones como evidencia para el proceso judicial.
“No está excluida la posibilidad de que la autoridad policial capte o registre, mediante imágenes fílmicas o fotográficas, el comportamiento de personas en espacios públicos, en un contexto en que se sospeche razonablemente que se esté por cometer o se esté llevando a cabo una actividad presuntamente delictiva”, sostiene la resolución judicial repitiendo un antecedente del mismo organismo y refutando planteos efectuados por la defensa de los gremialistas.
En línea, aclara que la labor policial “no requería la previa existencia de una orden judicial por tratarse del correcto ejercicio de la facultad que la normativa procesal atribuye a los funcionarios de la policía en un contexto” determinado.
