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a Cámara de Senadores inició ayer la discusión de la reforma petrolera impulsada por la Casa Rosada y consensuada con las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Desde las 11.40, un plenario de comisiones analizó la iniciativa presidencial con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Planificación, Julio De Vido; y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
Participaron la gobernadora fueguina Fabiana Ríos y sus pares Martín Buzzi, de Chubut; Jorge Sapag, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro y Francisco Pérez, de Mendoza.
El debate continuará hoy con disertaciones del titular de YPF, Miguel Galuccio, y de especialistas invitados por la oposición. La intención del Frente para la Victoria es firmar el dictamen al término de esta jornada, para darle media sanción en el recinto el 8 de octubre.
El proyecto se analiza en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del neuquino Marcelo Fuentes (FPV); de Presupuesto y Hacienda, que conduce el bonaerense Aníbal Fernández (FPV); y de Minería, Energía y Combustibles, cuyo titular es el neuquino Guillermo Pereyra (MPN).
Hace dos semanas los bloques de la oposición se adelantaron al debate en comisión y anticiparon su rechazo al proyecto oficial en diferentes audiencias públicas. Sin embargo, también rechazaron que la iniciativa se analice en dos días.
La UCR, el FAP y el PJ disidente alertaron sobre un “avance” de la Nación sobre las provincias al sostener que verán “recortadas sus facultades” para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que se les pondrá un tope a las regalías que reciben por la actividad petrolera.
Además, advierten que del Gobierno busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados que habilita el texto para el año próximo.
Pese a las declaraciones previas, el radicalismo reunirá este jueves a sus diputados y senadores para ratificaron la postura del bloque.
El objetivo que el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual es atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país, y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.
La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off–shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12%.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías, pero con un tope del 18%.
Ríos: sin presiones
En el marco del plenario la gobernadora Ríos manifestó que “estoy aquí en representación del pueblo de mi Provincia para dar las razones por las cuales desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos suscrito este acuerdo marco, explicitar las razones”.
Ante la consulta puntual respecto a la posibilidad de haber recibido presiones del Gobierno nacional para acompañar esta iniciativa, Ríos enfatizó que “no he sido presionada, ni mi gobierno ha sido presionado”.
En cuanto a las modificaciones consideró que “tienen que ver con el bienestar de todo el pueblo argentino, con la posibilidad de desarrollo estratégico de todo el país y con la distribución de los recursos”.
“Es cierto que nosotros tenemos hidrocarburos como es cierto que otras provincias tienen otros recursos, por ello es correcto entendernos como parte de un país cuando ese recurso hace al desarrollo humano de toda la Nación”, sustentó, en tanto entendió que el proyecto “tiene una perspectiva desde el punto de vista económico, jurídico, humano e institucional”.
“Los senadores de mi Provincia tanto del oficialismo como de la oposición, como así también los legisladores de la totalidad de los bloques políticos, fueron puestos en conocimiento del primer borrador que oficialmente nosotros recibimos”, continuó la Mandataria, quien además manifestó que “fue notificada la prensa a través de la utilización de la herramienta de la conferencia de prensa, donde se explicaron cuáles son los puntos relevantes” del proyecto.
Además, apuntó que “muchas de las modificaciones que se realizan tienen que ver con adecuaciones, donde se cambian los tiempos de las concesiones según se trate de hidrocarburos convencionales, no convencionales u off shore”.
A ello sumó que “por otro lado se establece un marco de negociación y de renegociación de contratos, tratando de darles claridad a un proceso que, a lo largo de su desarrollo en las distintas provincias, fue sujeto de dudas en términos judiciales y en términos administrativos”.
Respecto al articulado, que “hay uno que es relevante y no es menor, que es el que tiene que ver con los presupuestos mínimos ambientales”.
En ese sentido, apuntó que la Provincia aún no cuenta con una Ley de Aguas, por lo que “tener la ley de presupuestos mínimos ambientales en términos de lo que es explotación no convencional es una responsabilidad que, de hecho, la Constitución le ha dado al Parlamento argentino”.
