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or Guillermo Worman
El dictamen de la Procuración General de la Nación sobre la causa que lleva adelante el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, contra la esposa y los hijos del dirigente político y social José Martínez (lamentablemente fallecido), desnuda las verdaderas condiciones de acceso a la Justicia en Tierra del Fuego.
Al término Justicia se le han añadido demasiados adjetivos a lo largo de los últimos años para intentar disfrazarlo de algo que no es. Se la ha llamado “democrática” (podría no serlo?), “Igualitaria” (podría ser sectaria?), “legítima” (podría ser solo legalista?) y otra infinidad de acepciones y eufemismos para terminar ejerciendo el mismo tipo de Justicia accesible para un séquito determinado.
Al condenar a una familia por las expresiones críticas de su padre fallecido hacia un funcionario de muy alta jerarquía, y de un descomunal poder institucional (único miembro eterno del Consejo de la Magistratura –todos los demás alternan o tienen plazos–), la Justicia fueguina cometió el irreversible acto que le impide hablar con naturalidad de equidad o de acceso a unos de los fundamentales principios de un Estado de Derecho: la igualdad ante la ley y el derecho de libertad de opinión democrática.
Relata la Procuración que Martínez de Sucre demandó en 2002 al director por los Activos del IPAUSS luego que de este último pidiera su destitución en la Legislatura Provincial, ejerciendo una de las figuras dispuestas por la Constitución Fueguina. El Fiscal de Estado reclamó ser indemnizado por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido. Dos temas no menores:
Martínez de Sucre dice que se había utilizado la figura del juicio político de forma “maliciosa, abusiva e irresponsable”. También fundó la acción en las críticas que dijo haber recibido por parte de Martínez en la prensa local. Cotizó la reparación de su honor en la cifra de 20 mil pesos (en 2002).
El miembro del Consejo de la Magistratura, que eligió a la totalidad de los jueces que actuaron sobre su causa, no patrocinó su demanda, sino que lo hizo la letrada Sandra Cincunegüi, esposa del mismo Fiscal de Estado.
Así, el matrimonio en cuestión (la abogada que patrocinaba al Fiscal de Estado y éste como autoridad del organismo de selección de jueces) tuvo su esperado “Acceso a la Justicia”.
En primer lugar, la ex jueza Adriana Rapposi condenó a José Martínez (lo hizo en los días previos a presentarse al concurso para ocupar uno de los sillones del Superior Tribunal de Justicia) por uso abusivo del derecho de libertad de expresión. La Cámara de Apelaciones siguió el mismo criterio de la jueza que terminó jubilándose en medio de irregularidades que aun hoy se siguen investigando. Finalmente, los cortesanos siguieron el mismo carril que las instancias anteriores y le garantizaron al integrante del Consejo de la Magistratura el propósito que había buscado hace ya 12 años: efectivo Acceso a una Justicia a su medida.
Martínez de Sucre no tuvo costos en la defensa de su herido honor, ya que su abogada y esposa era personal jerárquico de la Legislatura Provincial.
Una anécdota viene al caso: Participación Ciudadana también fue demandada por haber averiado el honor del mismo funcionario del Consejo de la Magistratura. Al momento de convocarse a la audiencia conciliatoria de forma, cuando ingresó la ONG y su abogado al despacho de la blonda magistrada –la misma que condenó a José Martínez– ya estaban conversando, muy extrovertidamente y con familiaridad, la jueza con el matrimonio demandante.
Regresemos al verdadero acceso a la Justicia. ¿Cuánta dificultad tuvo el único miembro vitalicio del Consejo de la Magistratura para lograr su cometido en la causa contra José Martínez? ¿Qué otro juez o magistrado ha demandado a un tercero por el daño a su honor ante una crítica pública, incluso aquéllos que recibieron pedidos de enjuiciamiento?
Virgilio Martínez de Sucre recibió críticas como funcionario público y sobre actuaciones propias de sus responsabilidades dictadas por Constitución y Ley Orgánica de su jurisdicción. Ninguna crítica personal.
Sin embargo, Virgilio logró el acceso a una resolución en donde se prioriza su honor por sobre el otro derecho fundamental: la libertad de expresión.
Hay otro dato no menor en este ejemplar proceso de acceso a la Justicia: el Fiscal ante el Superior Tribunal, Oscar Fappiano, ex miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entendió que José Martínez se había expresado al amparo de uno de los pilares de la sociedad democrática. Pese a ello, el acceso a la Justicia esperada lo tuvo Martínez de Sucre.
La Procuración, cuyos integrantes que no fueron electos ni son factibles de ser destituidos por Martínez de Sucre, actuaron en inteligencia contraria. En el dictamen en donde le solicitan a la Corte Suprema revertir los fallos fueguinos sostienen que el Fiscal de Estado debe ser considerado una persona pública, y que las críticas versaban todas ellas sobre temas de interés público. Por ende, sostuvo que las tres condenadas deben ser revocadas.
Desde ya hace 12 años –más todos los que quedan por delante– el único miembro permanente del Consejo de la Magistratura viene utilizando a la administración de Justicia para intentar cobrar las sumas que pretende para cicatrizar los daños al honor que dice haber recibido en 2002.
Debo aclarar que la Cámara de Apelaciones, esta vez en la causa contra Participación Ciudadana, sí respetó los mismos criterios que recientemente utilizó la Procuración General de la Nación, rechazando las pretensiones dinerarias del Fiscal de Estado, con el patrocinio de su señora esposa en ambas causas.
El verdadero acceso a la Justicia se concreta cuando la mujer vendada equilibra la balanza entre las dos posiciones encontradas y, sobre todo, no tiene en consideración las jerarquías de poder de unos y otros.
Si esto fuera una reunión pública, pido que levanten la mano quienes piensan que cualquier ciudadano tiene los mismos derechos en juicio que el selector y removedor de jueces más importante de tierras fueguinas.
Allí terminan las dulces melodías que los juglares del Acceso a la Justicia. Entonces, cordialmente, me despido de aquéllos que venden gatos por liebres.
