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omo era de esperar, desde el oficialismo intentaron bajarle el perfil y minimizar el impacto de la misma, a la vez que avalaron lo actuado tanto por la cartera como por Marcelo Lima, el funcionario mencionado en un audio en el que un amigo suyo detalla cómo se benefició con esa relación para convertirse en proveedor del Ministerio.
En tanto, el gremio docente ratificó los términos de la presentación y confirmó que irá a la Justicia, mientras que desde la oposición legislativa cargaron duro contra el Ejecutivo provincial.
Flojitos de papeles
El legislador justicialista Eduardo Barrientos vertió fuertes cuestionamientos a la gestión del PSP, y en ese marco negó que los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron el miércoles al Parlamento (el jefe de Gabinete, Sergio Araque, y la ministra de Educación, Sandra Molina), hayan aportado, como se difundió desde el oficialismo, la documentación respaldatoria de lo actuado en relación a la observada contratación de los servicios. Dijo que solo aportaron facturas de dos empresas de propiedad de la misma persona, pero ningún tipo de expediente en el que conste el proceso administrativo.
Barrientos sostuvo que “la primera sensación que le queda a uno es que esta mentada transparencia es una máscara que se les va cayendo groseramente”, más allá de que sobre la denuncia aún se debe “esperar cuestiones más concretas, como saber de quiénes eran las voces que se escuchaban en el audio”. Y recordó que en su momento le había advertido a Araque sobre que “estaba generando las condiciones para que empresas amigas se quedaran con las licitaciones de mantenimiento de edificios escolares de Ushuaia”.
En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia el parlamentario observó que “evidentemente ese enojo no tenía mucha razón de ser, porque claramente hablan ahí (en el audio) de que son amigos y por eso tienen contratos que no podían tener”.
Consultado sobre la documentación presentada por los funcionarios apuntó que “participé de la reunión y le dije a Araque que la sensación que me queda es que, en vez de una empresa amiga, eran dos empresas amigas (propiedad) de la misma persona” porque “lo que mostró fueron facturas de dos empresas distintas que facturaban dos servicios distintos al Gobierno de la Provincia”. Y aseveró que “a los contratos no los vi, se mostraron únicamente las facturas”.
Luego indicó que a Molina “le dijimos que tienen que hacer la denuncia porque si no la vamos a hacer los legisladores”, y al respecto dijo que “no podemos no presentarnos ante un hecho de estas características”.
Barrientos entendió que “está muy bien que (Araque y Molina) hayan venido cuando se los citó pero, para mantener su discurso de transparencia, tienen que llevar eso a la Justicia para que lo determine; quedaron en arreglar con la Secretaría Legal y Técnica y que iban a tomar la decisión de presentarse, y si no es así, nos vamos a presentar nosotros”.
Tras mencionar que “es una denuncia que afecta desde lo político y desde lo político (desde el Gobierno) tendrán que dar todas las explicaciones”, ironizó: “Seguramente algún otro tendrá la culpa porque nunca es este Gobierno el que comete errores o no es transparente, la responsabilidad siempre está puesta en otros”.
Complicada
Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Horacio Catena, denunció la existencia de un “modus operandi” para “hacer caja”.
Argumentó que “debería haber una auditoría de todo el Gobierno de Fabiana Ríos” ya que “hemos escuchado a los compañeros de Servicios Generales sobre el monto que se pagó en Río Grande cuando tercerizaban los servicios, que era seis veces más”, sobre lo cual dijo que “se mostraron boletas y este es el modus operandi del Gobierno” mientras que “la movida ahora de sacar Servicios Generales de Ushuaia es para hacer caja”.
Además, Catena indicó que “lo primero que tendría que hacer la legisladora Del Corro es apartarse de todo porque el audio claramente la complica” porque “se habla de cuatro o cinco años, es decir cuando ella era Ministro de Educación; y el otro funcionario es quien ella nombró en el Ministerio (por Lima)”. Y agregó: “No corresponde en este caso salir a defender si no apartarse y dejar que la Justicia actúe”.
“No hicimos una denuncia mediática como dice la legisladora Del Corro, la hicimos ante uno de los poderes del Estado; ahora, si quiere que no se haga pública tiene que pedir una reunión secreta y que no estén los medios”, continuó.
El referente sindical advirtió que “ahora empiezan a llover lo llamados para que nos fijemos por distintos lugares; nosotros no somos un ente de investigación si no una entidad sindical y esto tiene más de un mes y medio de trabajo”.
“El audio es contundente, es una confesión más que una grabación sobre cómo funciona el negocio, cómo es la ilegalidad y cómo debería ser. No lo usamos para negociar nada, fuimos y denunciamos lo que teníamos que hacer”, concluyó.
Solo un audio y fotos
Para la legisladora Del Corro el SUTEF debió realizar la denuncia judicial y recién entonces “anoticiar” a la Legislatura sobre la situación, en tanto aseveró que todo se limita a “un audio entre privados y una foto”.
Reseñó que el sindicato “hizo una denuncia pública en sala de comisiones, nos hace escuchar un audio y finalizada la reunión los legisladores, como presidenta de la Comisión de Educación, me solicitan que cite con carácter urgente la Ministro de Educación”, y en ese marco “a la tarde nos volvimos a juntar con la ministra de Educación y el jefe de Gabinete, y la supuesta prueba es una conversación entre privados donde se hace mención a una irregularidad en la prestación de servicios en el Ministerio, pero el jefe de Gabinete y Sandra Molina acompañaron documentación”.
“Dicen que se presta un servicio en forma irregular de alguien inscripto como servicio de limpieza cuando es transporte de documentación. La ministro presentó documentación probatoria de que esta persona tiene dos empresas, una de limpieza y una de servicios logísticos. Presentó su PROTDF como proveedor del Estado y toda la documentación como empresa inscripta y habilitada. Seguramente a requerimiento de la Justicia será presentado como prueba”.
Esto contrasta con las afirmaciones de Barrientos.
“Está todo documentado, como lo hemos visto todos nosotros. No sé cuál es la denuncia que efectivamente ha hecho el sindicato y no quiero hablar de lo que no conozco. Hicieron una larga exposición que no habla del contenido si no que nos predispone para escuchar el audio”, sentenció.
Finalmente, manifestó que “no hay un video y estuvo bastante montada la presentación en la Legislatura. Dicen que tienen pruebas de un hecho de corrupción pero no presentaron documentación; eso no hace que me sienta obligada como funcionario público a hacer una denuncia”.
Explicación
Por su parte, la ministra Molina evaluó que la Justicia “deberá determinar si la grabación es una prueba o no”.
Sobre el hecho denunciado explicó que “es una empresa de transporte, no de correo, que transporta internamente documentación desde 2007”, y ahora “estamos en el proceso de una nueva contratación y mientras transcurre esto tenemos una contratación directa”. E insistió: “Presta servicios mucho antes que estuviéramos Marcelo Lima y yo en la gestión, entiendo que la primera licitación versa de 2007”.
