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a ex jueza Civil y Comercial de Ushuaia Adriana Rapossi presentó un recurso de amparo contra el IPAUSS para cobrar la totalidad de su haber jubilatorio, pero en lugar de contratar un abogado particular utilizó los servicios de la Defensoría Pública, reservada para atender en causas civiles a las personas de menos recursos económicos.
El defensor que intervino en el caso es Juan Carlos Assan, quien al patrocinar a la ex magistrada habría violado una disposición expresa acerca de los casos en los que debe intervenir esa dependencia.
Es que según fuentes judiciales consultadas por EDFM, la Defensoría solamente está obligada a proveer asistencia letrada a los imputados en causas penales, con independencia de su situación económica. De hecho son conocidos los casos en que defensores representaron a funcionarios públicos, entre ellos, durante este mismo año, a la gobernadora Fabiana Ríos.
Sin embargo, en causas civiles, la Justicia reglamentó que sólo interviene el Ministerio de la Defensa cuando el asistido no tiene ingresos suficientes para costearse un abogado particular. En la actualidad, ese límite fue establecido en sueldos que no superen los 8.500 pesos mensuales.
La ex jueza Rapossi no parece el caso de una persona indigente o de pocos ingresos. Según su recibo de jubilación del IPAUSS, correspondiente al mes de agosto de este año, el 19 de septiembre pasado cobró un haber de $82.815,79. Esta cifra implica 9,6 veces el ingreso mínimo que rige en la Defensoría para abocarse a un caso.
El recibo al que accedió este medio incluye un retroactivo de haberes y de aguinaldo. En un mes promedio, la magistrada cobra un jubilación de unos $65 mil mensuales. Aun así, se trata de un haber 7,6 veces superior al mínimo requerido.
Conducta “irritante”
Desde que el IPAUSS abona las jubilaciones en cuotas (por lo general son dos) cientos de jubilados tramitaron amparos para exigir que les paguen en tiempo y forma. Y todos ellos lograron que el Superior Tribunal de Justicia estableciera una jurisprudencia en favor de ese derecho.
La situación derivó, sin embargo, en una desigualdad. Los jubilados que pueden costear los honorarios de un abogado, realizan la presentación y obtienen un fallo favorable en un corto lapso de tiempo. En cambio aquellos que no tienen esa posibilidad, siguen cobrando en cuotas.
En ese sentido, que una ex jueza apele a un defensor público en lugar de pagarse un abogado, resulta más “irritante” todavía, como lo calificaron las fuentes judiciales consultadas por este diario.
El primer anticipo sobre la maniobra de Rapossi lo divulgó el viernes FM Master´s. Con el transcurrir de las horas aparecieron más detalles de cómo había sido la cadena de acontecimientos.
La ex magistrada que salió de su función el año pasado, en medio de una ola de denuncias y cuestionamientos a su desempeño, presentó el amparo a través del expediente Nº20.347/14 que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González. La presentación fue realizada el miércoles 10 de diciembre a las 8 horas y 8 minutos.
En la primera foja del expediente puede leerse que Rapossi se presenta “por derecho propio” y con el patrocinio letrado “del defensor público Juan Carlos Assan”.
En Tribunales la presentación cayó como una bomba. Desde el Juzgado le pidieron explicaciones al Jefe de Defensores Públicos, que se encontraba fuera de la provincia. Y la noticia tampoco habría caído bien, incluso, en el Colegio de Abogados de Ushuaia.
“Si Assan violó una disposición de la propia Justicia, debería ser sancionado”, arriesgó una de las fuentes judiciales consultadas.
Rapossi batalló para que su presentación se encaminara antes del inicio de la feria judicial, el pasado miércoles 17. Ese día Assan también entró en feria y el caso quedará en manos de otro defensor público, cuya voluntad de intervenir en la causa podría no ser la misma que la de su colega.
Una jueza polémica
La ex jueza Civil de Ushuaia se jubiló el 18 diciembre del año pasado en medio de una fuerte polémica, ya que en pocas horas, el Consejo Provincial de la Magistratura descartó dos pedidos de jury de enjuiciamiento y el Superior Tribunal de Justicia le concedió el beneficio jubilatorio.
De acuerdo al expediente Nº 80/13 del órgano encargado de seleccionar y remover jueces, Rapossi fue acusada de actuar con negligencia y de cometer prevaricato en la tramitación de una causa (Nº16.108) en la que otorgó un plazo de contestación de demanda a una aseguradora, según la denunciante, superior al que le correspondía en virtud de las leyes vigentes.
A su vez, la magistrada fue denunciada por incumplir el horario en su trabajo y de no haber denunciado penalmente una amenaza que le habría proferido un particular (en la Comisaría Segunda, el 28 de julio de 2011) cuando por su condición de funcionaria pública estaba obligada a hacerlo.
Otro aspecto de la denuncia contra Rapossi fue que en su juzgado litigaba como abogada la doctora Guadalupe Colmeiro, con quien la une una relación de “amistad íntima”, lo que afectaría “los principios de decoro, imparcialidad, independencia, integridad, entre otros”. Sobre este punto, Colmeiro ya había aclarado públicamente que ella misma recusó a Rapossi y que no litiga en su juzgado salvo en causas donde representa a organismos públicos.
Y el último aspecto de la denuncia, indicaba que Rapossi habría actuado con “notorio desconocimiento del derecho” al negarle a un abogado la legitimidad para “acceder a información pública de un órgano estatal”, hecho que motivó la intervención del Colegio de Abogados y de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones que revocó el fallo original de la jueza.
Sin embargo, todos estos hechos fueron descartados por el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes consideraron que no ameritaban la realización de un jury de enjuiciamiento.
De hecho, Rapossi también salió indemne de la denuncia de haber copia íntegramente un fallo dictado años antes por el fallecido juez Juan José Ureta.
