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a causa judicial que investiga el presunto delito de lavado de dinero en torno a las operaciones de la empresa fantasma Glisud SA, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y Daniel Gallo, se reactivó en las últimas semanas a partir de la nueva declaración que prestó el testigo Víctor Tela, confirmaron fuentes judiciales.
El expediente analiza el origen de los fondos mediante los cuales Glisud, una compañía fundada por dos ancianas y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires, compró bonos de deuda pública por 140 mil dólares en 2003, para luego adquirir créditos subvaluados del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Por la operatoria con el Residual ya fueron procesados y se espera el juicio oral y público de ex funcionarios y directivos de la compañía, pero una causa paralela se dedica a investigar si el dinero utilizado para la maniobra provino también de otro ilícito.
La investigación se dilató porque la Justicia Provincial y la Federal discreparon acerca de cuál debía abocarse a analizar el presunto lavado, hasta que a fines de 2014, la Corte Suprema de Justicia resolvió que le correspondía a la provincia, y el caso recayó en el juzgado de Instrucción de Primera Nominación, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
Luego de ello, el magistrado le corrió vista a la Fiscalía que ahora se encuentra abocada a la redacción de un escrito donde se precisarán los hechos y se pedirán distintas medidas de prueba, entre las que no se descarta la posible imputación de altos funcionarios de la gestión Manfredotti, como el ex vicegobernador Gallo, indicaron las fuentes.
El “Gallo-Pinto”
Para el avance de la causa es fundamental el testimonio y la investigación propia que realizó el testigo Tela, a quien el mismo grupo de involucrados perjudicó al apropiarse de un terreno suyo en inmediaciones de Tolhuin, y que desde entonces se dedicó a descubrir cómo operó (y aún opera) esta red dedicada a la fabricación de empresas truchas y de negocios ilícitos a través de ellas.
La presunta defraudación al Fondo Residual mediante ofertas falsas para quedarse con créditos (y propiedades que respaldaban esos créditos) fue nada más que un capítulo de la actividad de Glisud en la provincia.
La otra parte, que ahora se propone desentrañar la Justicia, es de dónde obtenía el dinero esta compañía fantasma dirigida por Enrique Rolando Pinto, un ex empleado del Gobierno manfredottista durante los cuatro años de gestión, y ex empleado de Gallo en el Congreso durante su mandado como diputado nacional.
La investigación sobre lo ocurrido en el Residual, en 2003, arrojó que Glisud “llevó adelante la compra de créditos con bonos de la deuda pública nacional, que fueron adquiridos –a su vez- con fondos provenientes de un contrato de mutuo con la empresa uruguaya Crider Trading S.A.
Sin embargo, después se supo que Pinto era representante de Credier Trading y de Glisud en el momento de la compra de los bonos. Es decir que se habría prestado el dinero así mismo para participar de la licitación en el Residual.
Si a ello se le suma que el Banco Central del Uruguay y otras instituciones financieras informaron a la Justicia fueguina que ni Crider Trading ni Glisud S.A. “han mantenido cuentas o realizado transacciones en Uruguay desde el 1° de enero de 2003”, la sospecha concreta es que el contrato de mutuo sería falso.
En otras palabras, que Pinto podría haber simulado recibir un préstamo de una empresa que él mismo representaba, para con ese dinero participar de la maniobra del Fondo Residual de TDF.
Si ello fuera así, la hipótesis judicial consistiría en demostrar que el lavado se produjo dentro de la misma provincia, al blanquearse fondos de origen dudoso, probablemente derivados de otros hechos de corrupción, según arriesgó el ex fiscal antilavado Raúl Pleé en un dictamen agregado al expediente.
En la cadena de responsabilidades, Pinto aparece como una pieza clave. No sólo por su desempeño como presidente de Glisud, sino por sus vínculos con el poder de la época.
En la causa consta que en marzo del año 2000, fecha de inicio de la gestión Manfredotti-Gallo, Pinto fue contratado como Agente Categoría 24 P.A. y T. designado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto N° 405 del 9 de Marzo de 2000 hasta el 10 de Enero de 2004, fecha en la que pasa a ser contratado en la Cámara de Diputados de la Nación como planta transitoria, legajo N° 717422, categoría 8, período 2004/2007 por el entonces diputado nacional Daniel Oscar Gallo.
O sea que el presidente de Glisud dirigió la compañía, obtuvo los fondos para participar de la licitación del Residual, hizo las ofertas y fue adjudicatario de las propiedades, todo ello siendo agente contratado del gabinete de gobierno.
No sólo eso. La representante de Glisud en la oferta ante el Residual, Graciela D´Adamo, quien regenteaba el prostíbulo en cuya dirección funcionó la empresa, fue también contratada de Gallo en la Legislatura durante todo el período de gobierno dentro del cual sucedió la defraudación.
