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or Guillermo Worman (*) (Especial para El diario del Fin del Mundo)
Entre el 21 y el 28 de junio se renovarán todos los cargos de la política fueguina en donde es necesaria la intervención directa de la ciudadanía. Después de estas fechas, nuevamente disminuirá el interés de la dirigencia por conectarse con la comunidad, sea visitando domicilios familiares, recorriendo lugares públicos o mostrándose interesados por el accionar de distintas organizaciones. El fin último es llegar o sostener el poder. No así mantener una fluida relación constante entre representantes y representados.
Como parece planteada, la Democracia se reduce a decidir el nombre de las personas que ocuparán distintas posiciones de poder y no como un derecho a debatir e intervenir en el proceso de decisión sobre cuestiones específicas (obra pública, administración de la salud o educación, el funcionamiento de la movilidad urbana, entre otros temas de gran necesidad).
Por lo tanto, si la comunidad no es consultada, no puede debatir temas de gran interés o no consigue incidir sobre algunos de los asuntos públicos. Su rol se limita a votar en cada elección y delegar su poder por otros cuatro años. Es una característica de provincias como Tierra del Fuego al no tener elecciones intermedias locales, a diferencia del escenario de organización del poder nacional en donde concurren votaciones primarias y elecciones legislativas cada dos años. Aquí todo se decide y queda como resulta hasta la próxima elección.
Pocos mecanismos de participación se han activado desde la transformación del territorio en provincia. Por impacto alcanzado, los pedidos de juicio político son la herramienta de participación que ha logrado mayor impacto directo. Luego, en distinta proporción y sin posibilidad de evaluar sus consecuencias francas, se han consumado diversas modalidades de audiencias públicas, consultas populares (las cuatro en Ushuaia), la banca del vecino o del pueblo en los concejos y diferentes prácticas del presupuesto participativo –en Río Grande y Ushuaia–. A excepción de la iniciativa popular para derogar el proyecto “Tierra del Fuego, Energía y Química” (motorizada por la dirigente política Liliana Fadul, y con un muy alto apoyo ciudadano), no se registran mayores antecedentes.
La Asociación Participación Ciudadana y EDFM iniciaron un proceso local que derivó en lo que actualmente se conoce con “Plan de Manejo Costero”, pero el Concejo Deliberante instrumentó un proceso de elaboración participada de normas que finalmente derivó en la aprobación por unanimidad de la ordenanza específica. No hay ordenanzas surgidas por iniciativa popular.
Desde el universo judicial, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Río Grande y nuevamente Participación Ciudadana en Ushuaia, presentaron respectivas medidas para lograr que el Gobierno y los municipios inviertan y remedien los frentes costeros de ambas ciudades. Allí la comunidad participó mediante la presentación de adhesiones. En las dos localidades se presentaron adhesiones a los juzgado a cargo de la resolución de las demandas, aunque particularmente en Ushuaia se produjo una sucesión extraordinaria de hitos de participación con la inspección ocular dispuesta por el juez Alejandro Fernández y las audiencias públicas en donde se debatieron las problemáticas y propuestas para resolver el conflicto ambiental con mayor impacto en la ciudad capital. A pesar de las excusas, sin ambas causas no habría inversión en marcha.
Entonces la participación es la excepción y no la regla. Podríamos apuntar que la intervención de la comunidad es creciente, sobre puntos en donde las autoridades políticas no se sienten amenazadas y en aquellos casos en donde es obligatoria (presentación de evaluación de impactos ambientales, desafectación de espacios públicos, incrementos tarifarios, entre otros). Pero la participación no ingresa dentro del “Cuarto de Maquinas”, en palabras del destacado jurista Roberto Gargarella. Opina, como mucho condiciona.
Salvo las nombradas honrosas excepciones, la ciudadanía queda afuera de la dinámica pública y aguarda signada en su rol de espectadora. Como mucho, una hora en total cada cuatro años de participación.
Sí la participación es un proceso político y cultural creciente, y deben esperarse cambios generacionales para ver otro tipo de intervención de la ciudadanía, por lo menos la organización de la política tradicional tendría que se más coherente entre propuestas que ofrecen en años electorales, obligaciones de forma y lo que realmente se concreta. Esto es la elaboración y ejecución del presupuesto. La narración entre lo que dicen que pasa y lo que realmente sucede se refleja en el presupuesto, sobre todo en cómo se ejecuta más que en cómo se elabora.
Llegados a este punto, si la ciudadanía no puede participar en todo lo que las normas dicen garantizar, por lo menos debiera poder comprender claramente cómo se gastan los fondos que le pertenecen y que los gobiernos administran. Dos frases me aleccionaron en los últimos días sobre la modalidad de ejecución de los fondos en Tierra del Fuego. Rubén Bahntje escribió “la transparencia presupuestaria debe ser fácil de comprender”, en relación a una transparencia compleja de interpretar, mientras que Gabriel Ramonet remató con “La plata de los fondos específicos, se utiliza de manera inespecífica. El resto es propaganda”.
Si la ciudadanía tiene pocas posibilidades de intervenir en el núcleo de la toma de decisión que la afecta, por lo menos debiera tener derecho de saber, entender y opinar sobre el destino de dineros que le pertenecen.
En esta provincia hay muchos recursos que dicen ser para un destino y se usan para otro. Los aportes patronales y la situación del IPAUSS es el mayor ejemplo; de ninguna manera el único.
Me acordé de un diálogo de Rayuela que sintetiza todo esto:
–Uno cree que va a explicar algo, y cada vez es peor.
–La explicación es un error bien vestido –dijo Oliveira–. Anotá eso.
(*) Director de la Asociación Participación Ciudadana.
