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reinta mil hectáreas de tierras rurales que incluyen al casco de la Estancia María Cristina, a 15 kilómetros de Tolhuin, fueron apropiadas por integrantes de la empresa fantasma Glisud SA, la misma que operó durante el manfredottismo para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, y a través de una extraña maniobra terminaron en poder de Deolinda SRL, la firma propiedad del empresario Fernando Zapata, ex funcionario del ex gobernador Carlos Manfredotti, actual dueño del diario Tiempo Fueguino y socio comercial del legislador del Movimiento Popular Fueguino Damián Löffler.
De esta manera, el valioso predio cuyo dueño original es la empresa Lenga Patagonia SA, pasó de manos aunque sigue en posesión del mismo grupo de allegados al poder económico, político y judicial de la Isla.
El concepto no es nuevo. Lo inició en 2002 Glisud SA, una compañía fundada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires, que se conformó durante la gestión de Manfredotti para quedarse a precios irrisorios, con propiedades del Fondo Residual, el organismo creado en esa misma época a donde fueron a parar los deudores “incobrables” del BTF.
En realidad, muchos de los deudores del banco fueguino, no eran “incobrables”, porque tenían garantizadas sus deudas con propiedades. El Residual vendía la cartera de créditos y los compradores ejecutaban las hipotecas para quedarse con los bienes de los deudores a mucho menor valor que el real.
Entre las empresas que se presentaron para adquirir los créditos, apareció la fantasma Glisud, de cuya conformación surge que tenía fuertes vínculos con la gestión Manfredotti, y que por lo tanto pareció hecha para “cerrar el negocio”, quedándose con las propiedades que el mismo gobierno mandaba al Fondo Residual.
El presidente de Glisud es Enrique Pinto, empleado del gobierno manfredottista durante los cuatro años de mandato, y luego asesor personal del ex vicegobernador Daniel Gallo mientras fue diputado nacional. La apoderada de la empresa, Graciela D´adamo fue contratada por Gallo mientras presidió la Legislatura provincial.
D´adamo fue quien presentó la oferta de Glisud en el concurso de precios donde se vendieron tres créditos del Residual, el 30 de diciembre de 2002. Eran los préstamos de María Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano. La Justicia provincial demostró que la oferta era falsificada, y que directivos de la empresa y funcionarios del Residual actuaron en connivencia para adjudicar la oferta a Glisud. En esa causa están procesados y a la espera de un juicio, desde Pinto hasta el ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, entre otros.
Además, otra causa penal investiga por presunto lavado de dinero, a los mismos miembros de la compañía fantasma, y a los principales funcionarios de la época (incluidos Gallo y Manfredotti) ante la sospecha de que el dinero con que se financiaba Glisud, era “plata negra” proveniente de la corrupción, tal como deslizó en un dictamen el ex fiscal nacional antilavado Raúl Plée.
Alquiler y apropiación
El 14 de abril de 2003, Glisud SA logró escriturar a su nombre la Estancia San Justo de Cristina Mitrovich, y las propiedades de Abel Zanarello y Pantaleón Celano, entre otras, que consiguió mediante los concursos fraudulentos de cesión de créditos del Fondo Residual.
Diez días más tarde, el 24 de abril de ese año, la empresa fantasma presidida por Pinto firmó el contrato para alquilarle a la empresa Lenga Patagonia SA, 21.436 hectáreas de tierras para pastoreo, que incluyen a la estancia María Cristina.
El contrato tenía una vigencia de cinco años, y preveía una prórroga automática por el mismo período, por lo que establecía como fecha de vencimiento definitivo, el 24 de abril de 2013.
Ya el 30 de noviembre de 2011 (17 meses antes de que venciera el contrato) Lenga Patagonia le notificó a Glisud que no volvería a renovar el contrato, y que por lo tanto debía restituir los inmuebles.
La dueña de la tierra asegura que avisó del vencimiento de la relación contractual a la Dirección de Desarrollo Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, el 21 de marzo de 2013, y al día siguiente, también se lo hizo saber a la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Sin embargo, Glisud nunca devolvió el predio, y el 5 de julio de 2013 (ya vencido el contrato) personal de Lenga Patagonia realizó la primera exposición ante la Comisaría de Tolhuin, dando cuenta de la presencia de personas “no autorizadas” dentro de la estancia María Cristina.
La compañía forestal también intimó a Glisud por carta documento, el 22 de julio del año pasado, pero nunca logró recuperar las tierras alquiladas.
Pase de manos
Para ese entonces, la empresa fantasma dirigida por Pinto ya había realizado una maniobra legal para considerarse dueña de las tierras que había alquilado a Lenga.
El argumento fue que durante los diez años del contrato de arrendamiento, y por “diversos incumplimientos de la locadora” se había generado una deuda, en favor de Glisud, “del orden de 1,2 millones de dólares”. Y que como esa suma no había podido cobrarse, entonces la firma resolvió, vencido el contrato, “intervenir el título unilateralmente”. Después comenzó una ocupación “pacífica” de la propiedad, y por lo tanto ostenta los derechos para reclamar su titularidad.
De este modo, el 13 de mayo del año pasado, fue Glisud SA la que cedió los “derechos posesorios” sobre el lugar a la empresa Deolinda SRL, presidida por el empresario Zapata, a cambio de 242.650 pesos pagados con seis cheques diferidos.
Pero la operatoria tiene un dato más curioso todavía. El contrato original entre Lenga y Glisud involucraba 21.436 hectáreas de parcelas arrendadas. En cambio Glisud se consideró con derecho de poseer, además, otras 8.467 hectáreas de tierras aledañas, no incluidas ni siquiera en el contrato de alquiler. Con ello, le terminó cediendo a Deolinda SRL, un total de 29.903 hectáreas.
La situación se complicó aún más porque Lenga también le vendió una fracción de tierras de la estancia María Cristina a Pedro Tomás Bridge, quien se vio impedido de tomar posesión del predio porque cuando acudió al lugar se encontró con dos tranqueras cerradas con candados.
Lenga inició una demanda de desalojo de las tierras que se tramita actualmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Río Grande. También radicó una “acción posesoria” contra Glisud SA, Deolinda SRL, Zapata y Pinto, que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº2 de la misma ciudad. En esta causa, el juez dispuso el 20 de mayo pasado una “prohibición de innovar” para que no se modifiquen los inmuebles, la garantía de acceso a algunas parcelas y un control policial en la zona.
Lenga Patagonia también mandó un escribano al domicilio legal de Glisud en Buenos Aires, y constató que en el lugar donde supo funcionar un prostíbulo (Corrientes 1888) ahora hay una faja de clausura y una cadena con candado.
En cuanto a Bridge, el 6 de febrero de este año, también realizó una constatación notarial en el casco de la estancia María Cristina. Allí figura que al arribar la comitiva, había tres personas contratadas por Zapata, y que una de ellas reconoció que “han visto en el lugar al señor Loffler (…) ese que aparece en los carteles junto al candidato presidencial Sergio Massa”.
Zapata y Löffler
Cuando Zapata, en representación de la empresa Deolinda SRL, adquirió los derechos posesorios de las 30 mil hectáreas a Glisud, ya era pública la situación de la compañía fantasma. De hecho los medios fueguinos publicaron mucho antes el procesamiento penal de Pinto, firmante de la cesión del predio, por el escándalo de la defraudación con el Fondo Residual, y también los avances en la causa de lavado.
Es más, el dueño de Tiempo Fueguino (actualmente en conflicto salarial con sus empleados) parece más bien una persona cercana al entorno de Glisud. Por ejemplo, la empresa fantasma está repleta de nexos con el manfredottismo, y el empresario fue subsecretario de administración de la Secretaría de Salud pública durante el gobierno de Manfredotti.
Además, Zapata es socio comercial del actual legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Damián Löffler, ex integrante de la comisión de seguimiento del Fondo Residual del BTF en época de Manfredotti y el mismo que un empleado dijo haber visto dentro de la estancia María Cristina.
Cuando Deolinda SRL contestó la demanda iniciada por Lenga Patagonia, el abogado que la suscribió es Guillermo Löffler, hermano del legislador. Y en esas actuaciones también intervino el abogado José Rodas, miembro del estudio jurídico de los hermanos Löffler y también integrante del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.
La versión de Zapata
El empresario Fernando Zapata circunscribió la operatoria por la que se quedó con 30 mil hectáreas de tierras a través de la empresa Deolinda SRL, a “una cuestión entre privados”.
En declaraciones a FM La Isla de Río Grande, el dueño de Tiempo Fueguino sólo se centró en aclarar que “no compró” la estancia María Cristina y parcelas aledañas, sino que adquirió “los derechos posesorios” sobre el predio.
En cambio, no se refirió a la contraparte de la operación, la compañía fantasma Glisud SA acusada de apropiarse de las tierras después de haberlas alquilado y cuyos directivos (incluido su presidente Enrique Pinto, firmante del contrato de cesión) están procesados por maniobras defraudatorias a través del Fondo Residual del Banco de Tierra del fuego.
Zapata admitió, en cambio, que fue funcionario de Manfredotti, y que “es amigo” del legislador del Movimiento Popular Fueguino Damián Löffler y de “otros miembros de su familia”, si bien no precisó que son socios comerciales.
También acusó a Lenga Patagonia de ser “una empresa que está integrada por capitales extranjeros y que no está más en Tierra del Fuego”, y atribuyó el conflicto a intereses comerciales del abogado Eduardo De la Puente (representante de Lenga) y al empresario Tomás Bridge, adquirente de parte del predio de la estancia María Cristina. |
La forestal con pasado propio
La empresa Lenga Patagonia, denunciante de Glisud SA por la apropiación de 30 mil hectáreas de tierras incluida la estancia María Cristina, también tiene su propia historia polémica en Tierra del Fuego.
La compañía forestal es una subsidiaria de la Trillium Corporation que en la década del 90 pretendió imponer un mega proyecto de explotación de 130 mil hectáreas de bosque fueguino.
La firma dirigida por Esteban Tackacs (el mismo que suscribió el contrato de arrendamiento con Glisud) impulsó el llamado proyecto “Río Grande” que se basaba en la explotación de 70 mil hectáreas de bosque propias y 55 mil de bosque fiscal, para obtener unos 240 mil metros cúbicos de madera anual y poner en riesgo de deforestación a una importante zona de la isla.
Sólo la reacción popular, motorizada por la asociación ambientalista Finis Terrae y la ONG Participación Ciudadana, logró frenar el emprendimiento, a través de una serie de acciones que incluyeron una demanda judicial por protección de intereses difusos. |
