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a apropiación de 30 mil hectáreas de tierras rurales, incluida la estancia María Cristina ubicada a 15 kilómetros de Tolhuin, por parte de la empresa fantasma Glisud SA, y su posterior cesión a terceros vinculados con el poder político, económico y judicial de la Isla, será investigada penalmente ante la posible comisión de delitos.
Así lo confirmó ayer a EDFM el abogado Eduardo de la Puente, representante de la empresa Lenga Patagonia, propietaria de los predios que se quedó Glisud a través de una extraña maniobra, como contó ayer este medio.
De la Puente ratificó que Lenga ya inició dos causas ante el fuero Civil de Río Grande, tendientes a recuperar las tierras que durante diez años le alquiló a la compañía cuyos directivos están procesados por operar durante el gobierno de Carlos Manfredotti para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Pero el abogado también mencionó que en uno de los expedientes civiles se le pidió al juez el giro de las actuaciones a la justicia penal.
“El pase a sede penal ya está pedido. Ocurre que por trámites procesales aún no se ha llevado a cabo. Cuando se presentó la acción por derechos posesorios contra Glisud, (la empresa) Deolinda SRL, (el empresario Fernando) Zapata y (el presidente de Glisud, Enrique) Pinto, se solicitó al juez que remitiera las actuaciones a sede penal”, reseñó el letrado.
También explicó que el trámite se demoró porque “hay que sacar 600 fotocopias” para remitir los antecedentes a sede penal, aunque consideró que “esta semana se cumplimentará con todo”.
Lenga Patagonia quiere que se investigue la maniobra por la cual, finalizado el contrato de alquiler con Glisud, en 2013, la firma presidida por Pinto se negó a desalojar las tierras, reclamó una supuesta deuda impaga y luego “intervino el título unilateralmente, usando un artilugio del Código Civil, y se consideró titular de los derechos posesorios del lugar, que luego transfirió a la empresa Deolinda SRL, del empresario Fernando Zapata, por 242.650 pesos”.
“La investigación penal involucrará a Glisud, Deolinda, Pinto y Zapata. Esta gente no sólo se consideró con derechos posesorios sin esperar los 20 años que indica la ley, y habiendo un juicio de desalojo de por medio, sino que luego vendió 30 mil hectáreas por la mitad de lo que vale un terreno de 25 metros por 10 en Río Grande. Habría que felicitar a todos por el negoción”, señaló De la Puente.
El abogado consideró que más allá de la maniobra de Glisud, para apoderarse de las tierras, “estoy convencido de que Zapata actuó con complicidad, porque cualquier persona de buena fe se hubiera dado cuenta de que había una situación extraña, sobre todo si se paga 245 mil pesos algo que vale 10 millones de dólares”, aseveró.
Vínculo con los Loffler
Por otra parte, aunque dijo desconocer cuál es el vínculo entre Zapata, ex funcionario de Manfredotti y actual dueño del diario Tiempo Fueguino, con integrantes de la familia Loffler, reveló que •por ejemplo, “la esposa de Zapata, Carolina Requejado, es prosecretaria de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones donde es juez Ernesto Loffler, el hermano del legislador del Movimiento Popular Fueguino”.
“Si el caso de las tierras llega a la Cámara, pediremos la excusación tanto de Loffler como de la prosecretaria, ya que la mujer es una de las que concurre los fines de semana a la estancia”, observó De la Puente.
Aclaración
El dirigente ambientalista y ex secretario de Turismo del Municipio, Julio Lovece, pidió ayer a EDFM aclarar que la Asociación Civil Participación Ciudadana no intervino en las acciones que frenaron las actividades de la empresa forestal Lenga Patagonia en Tierra del Fuego, durante los años 90´.
La nota sobre el caso Glisud, publicada en la edición de ayer, recordó que la compañía es una subsidiaria de la Trillium Corporation que pretendió imponer un mega proyecto de explotación de 130 mil hectáreas de bosque fueguino. Y que la firma dirigida por Esteban Tackacs (el mismo que suscribió el contrato de arrendamiento con Glisud) impulsó el llamado proyecto “Río Grande” que se basaba en la explotación de 70 mil hectáreas de bosque propias y 55 mil de bosque fiscal, para obtener unos 240 mil metros cúbicos de madera anual y poner en riesgo de deforestación a una importante zona de la isla.
El texto del artículo mencionaba que “sólo la reacción popular, motorizada por la asociación ambientalista Finis Terrae y la ONG Participación Ciudadana, logró frenar el emprendimiento, a través de una serie de acciones que incluyeron una demanda judicial por protección de intereses difusos".
Sin embargo, Lovece aclaró en una carta dirigida al diario, que Participación Ciudadana “no participó de ninguna acción en contra de Trillium Corp”, ya que “quienes integramos ese grupo que frenó tan nefasto proyecto fue una coalición compuesta por dos grupos: Finesterrae y "Cruzada Solidaria en defensa de los bosques nativos".
“La demanda la presentamos con el patrocinio de la doctora Patricia Borla y los demás integrantes fuimos: Silvio Bocchicchio, Carlos Fermani (fallecido) y quien suscribe. Es digno mencionar que existió un importante apoyo de la prensa local, destacándose incluso, El Diario del Fin del Mundo”, enfatizó.
N. de la r.: Cabe mencionar que el periodista y actual concejal Silvio Bocchicchio, en una nota publicada en el diario La Nación el 27 de febrero de 2001, que lleva su firma y se titula “Sigue la controversia por la tala de lengas en Tierra del Fuego”, señalaba que “la organización ambientalista Finis Terrae y la de derechos civiles Participación Ciudadana, ambas de Tierra del Fuego, anunciaron ayer que `a partir de hoy` buscarán `instalar el problema de la Trillium Corporation o Lenga Patagonia en los Estados Unidos`, país de origen de la empresa multinacional que impulsa un proyecto industrial basado en la explotación de 130.000 hectáreas de bosque nativo fueguino”.
Dicha nota puede ser leída en el archivo digital del diario La Nación en el link: http://www.lanacion.com.ar/53939-sigue-la-controversia-por-la-tala-de-lengas-en-tierra-del-fuego |
