Declaró Víctor Morales y se proclamó inocente
Juicio por supuesta trata de personas en el ex “Black And White”

Declaró Víctor Morales y se proclamó inocente

26/08/2015
E
l propietario del conocido cabaret de Ushuaia “Red And White” (antes Black And White) acusado de liderar una supuesta banda de trata de personas, declaró ayer en el inicio del juicio oral y público del caso, y admitió que se beneficiaba con la explotación sexual de mujeres, aunque negó haberlas captado mediante engaños y haberlas sometido a un sistema de dependencia del que no pudieran escapar.
Víctor Antonio Morales prestó declaración indagatoria durante una hora y media en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado”, junto a otros cinco imputados, un hombre y cuatro mujeres.
La organización fue desbaratada el 27 de abril de 2012, cuando un operativo ordenado por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, derivó en la liberación de 18 mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, la mayoría de nacionalidad dominicana y otras procedentes de países limítrofes o de otras provincias argentinas.
Morales reconoció que publicaba avisos clasificados en el diario Clarín, y que les ofrecía a las mujeres interesadas, “trabajar como alternadoras en Ushuaia”, para lo cual les pagaba el viaje en avión y les brindaba alojamiento en la ciudad.
“Viajaban solas. Nadie las amenazaba ni presionaba. Nunca les exigí que se prostituyeran, pero la mayoría, entre el 70 y el 90%, ya se dedicaba a la prostitución antes de venir a Ushuaia”, contó el acusado ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego.
El hombre relató que las mujeres cobraban una comisión para alternar con clientes, actividad que consistía “en brindarles compañía, bailar y hacerse pagar copas, nada más que eso”.
“Después, sólo si ellas querían, aceptaban “pases”, es decir, relaciones sexuales, que se concretaban en dos habitaciones situadas en la parte posterior del local”, admitió.
Morales dijo que las mujeres “fijaban el precio del pase”, pero que “había un mínimo establecido por el negocio”, y que el dinero por el “servicio” era entregado por el cliente “al encargado de la barra de tragos” y no a la propia alternadora, que luego lo “recuperaba al final de la noche”.
Sin embargo, también reconoció en forma expresa que el negocio se quedaba “con el 30 % de cada pase” como “compensación” por el tiempo que cada mujer dedicaba a las relaciones sexuales y “perdía de recaudar por copas”.
“Nadie se hizo rico ni especuló con la explotación sexual. Es más, mi consejo era que no se prostituyeran y que tampoco bebieran alcohol en exceso”, declaró el responsable del club nocturno clausurado por las autoridades en el momento del operativo.
El supuesto jefe de la banda de tratantes justificó que las víctimas no manejaran dinero en efectivo ni portaran sus documentos de identidad, para “evitar robos de terceros o entre ellas mismas, y en el caso de los documentos, para tramitar la libreta sanitaria”, a la vez que negó haberse beneficiado con un sistema de “multas por infracciones” que, según la fiscalía, mantenía a las mujeres en deuda permanente con su patrón.
“Muchas veces no ponía avisos, sino que las mujeres se recomendaban unas a otras para venir a Ushuaia. Se formaba una cadena tan linda que no era necesario poner avisos”, expresó Morales.
Los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D`alessio y  Alejandro Ruggero resolvieron diferir para los próximos días el planteo realizado por el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, para que sean incorporadas por lectura las declaraciones de las víctimas, ya que “en sólo dos de los casos se logró dar con su paradero actual, y los profesionales que las asisten advierten que declarar sería perjudicial para su estado”, argumentó García Lois.
Por su parte el defensor de los imputados, Raúl Paderne, se opuso a esa medida y consideró que la declaración de “las supuestas víctimas” resulta “la principal prueba de descargo para desacreditar la acusación fiscal”.
Morales fue el único acusado que aceptó declarar, ya que Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma, se negaron a hacerlo en uso del derecho que les asiste.
El juicio continuará hoy con la primera ronda de testimonios y se estima que durará entre dos y tres semanas, dependiendo de las declaraciones que sean desistidas por el tribunal y por las partes, indicaron fuentes vinculadas a la causa judicial.
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