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a concejal Viviana Guglielmi (UCR) evaluó que los municipios están ante un “problema gravísimo” ante el posible recorte que sufrirían de coparticipación, si es que la Justicia falla a favor del Gobierno en torno al criterio a aplicar para la distribución de esos recursos de acuerdo a lo que determina la ley provincial 648.
Cabe recordar que el Ejecutivo provincial interpreta que debe enviar los fondos a los municipios luego de la asignación de 25% del presupuesto educativo, en tanto las ciudades consideran que primero debe remitirse la coparticipación.
Para la edil, el Gobierno provincial “quiere poner en crisis a los municipios sin resolver la suya”. Y remarcó que los intendentes “tienen la sensación de que está todo definido y el fallo puede ser favorable a la Provincia”.
En diálogo con EDFM, Guglielmi recordó que “tras la reunión en el Superior Tribunal de Justicia la idea del intendente era ir convocando a todos los bloques en el entendimiento de que se debía dar a conocer en qué situación se encuentra al Municipio”, ya que “es necesario que todos los protagonistas en forma directa entendamos que estamos frente a un problema muy importante”.
Ene se sentido, dijo que al problema “incluso lo caracterizaría como gravísimo ya que impactar en el presupuesto municipal en los montos en los que se habla significaría poner al Municipio al borde del quiebre”.
“Se habla de 90 millones de pesos en un presupuesto de 400, lo que es casi el 25%. Hablamos de 90 millones de pesos cuando la nueva licitación del servicio de recolección de residuos representaría unos 27 ó 28 millones, cuando el plan de pavimentación previsto para el año es de 20 millones y cuando el operativo invernal para el mantenimiento de las calles costará 4 millones. Esto nos pondría en una situación de crisis”, argumentó. Y agregó que “esos 90 millones trasladados al presupuesto de la Provincia representaría un 2%, y no le significa revertir la situación en la que se encuentra”.
La edil oficialista mencionó que “lo que interpretamos es que estamos ante una discusión política y en ese contexto el Gobierno de la Provincia quiere poner en crisis a los municipios en todos sus niveles, sin resolver la suya”.
A ello sumó que “no se entiende bien cuál es el eje de la discusión que propone el Gobierno, ya que cuando se consulta desde los municipios no hay una respuesta concreta del otro lado. Al menos en los números no se observa, pero sí queda claro que sería una complicación para los municipios; es decir que en vez de tener un gobierno complicado tendríamos un gobierno y tres municipios complicados”.
Del mismo modo, reseñó que días pasados los intendentes “estuvieron en la Legislatura y dijeron que estaban dispuestos a discutir los roles, y que también es responsabilidad de los municipios aportar para mejorar la situación económica integral de la Provincia porque en este contexto no gana nadie”.
En esa línea, apuntó que en el medio está “el mismo vecino de los municipios y de la Provincia” cuya calidad de vida “pasa por servicios de excelencia, ya sea que los presen la Provincia o los municipios”.
Por otra parte, la concejal consideró que es “llamativo” que la ley 648 “esté en vigencia desde 2004 y recién hoy se plantee su aplicación” por lo que “algo pasó y lo que no queda claro es qué”.
Del mismo modo, entendió que “por las implicancias y las graves consecuencias, esto hubiese ameritado una convocatoria a los intendentes y discutir en otro marco, y no de esta manera que pareciera que están poniendo a los intendentes en una situación de ahogo”.
Penal cobrado
Por otra parte, enfatizó que “la sensación con la que salieron los intendentes de la reunión es que está todo definido y el fallo puede ser favorable a la Provincia, y esa sensación “se agudiza cuando el jefe de Gabinete (Guillermo Aramburu) dice que no se puede acordar ni negociar los términos de aplicación de una norma”.
Ante ello, planteó que “la pregunta es qué hacemos entonces en estos 30 días” y mencionó que Aramburu “dice que los que tienen que hacer la propuesta son los municipios, pero qué propuesta hacer si luego dice que ‘la norma es esta y dice esto’”.
Finalmente, Guglielmi remarcó que “la Provincia en su momento no descontó y hay una responsabilidad por no hacerlo” y en cambio “ahora hay un reclamo” hacia los municipios, en tanto “al no aplicarse la ley como según sus funcionarios debiera hacerse, el Gobierno pone a los municipios en una posición de deudores que no eligieron” ya que “no fueron los municipios los que dijeron ‘no me descuentes’”.
Todos menos uno
En cuanto a la postura de sus pares, Guglielmi recalcó que “excepto el concejal (Silvio) Bocchicchio, quien obviamente tiene una clara posición política al respecto, el resto se manifestó a favor de defender la autonomía municipal” en función de que “entienden que en estas proporciones y en el modo en el que está planteado el recorte –que no se hace a través de una mesa de acuerdos si no a través de la imposición–, es necesaria la defensa de la autonomía”.
Además, fustigó que Bocchicchio “sostuvo que los intendentes deben concentrarse en la prestación de servicios y eso es un contrasentido porque la prestación de servicios requiere de presupuesto”, y justamente a lo que apunta el Gobierno provincial es quedarse con recursos de los municipios. Y a ello sumó que “como representante de la ciudad (Bocchicchio) debiera concentrarse en defender los recursos municipales”.
Por último, la edil de la UCR expresó que “todavía no analizamos como cuerpo los pasos a seguir, pero excepto el concejal Bocchicchio hay una postura clara de defensa de la autonomía municipal y de los recursos de la ciudad”. |
