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a Justicia de Ushuaia condenó a veintiún funcionarios públicos de distintos niveles por casos de corrupción en los últimos cinco años, según se desprende de un informe oficial elevado por el Poder Judicial de Tierra del Fuego a la Oficina Nacional Anticorrupción y que elaboró el Ministerio Público Fiscal.
La nómina incluye a los cinco ex funcionarios que se encuentran presos a raíz de algunas de estas actuaciones: el ex ministro de Juventud y Deportes, Julio Alday, el ex secretario de Obras Públicas, Manuel Bernal, el ex subsecretario del mismo área, Jorge Domínguez, el ex jefe de despacho del Ministerio de Deportes, René Arenas y el ex director de Administración Financiera de la misma Cartera, Leonardo Marconi.
La particularidad de los detenidos es que todos recibieron condenas por hechos cometidos durante el mandato del ex gobernador y actual senador nacional, Jorge Colazo, también destituido de su cargo por un juicio político realizado por la Legislatura a fines de 2005.
A Bernal lo condenaron por distintos hechos el 3 de junio de 2009, el 29 de junio de 2010 y el 25 de febrero de 2011, en tanto que Domínguez recibió sentencia el 17 de febrero de 2010, el 29 de junio de ese año y el 25 de febrero de 2011.
Por su parte Alday, Arenas y Marconi fueron sentenciados durante el juicio oral y público que concluyó el 19 de octubre de 2011.
Pero el informe también menciona casos que tuvieron lugar durante el gobierno del ex gobernador José Estabillo, como la actuación de la denominada Fuerza de Cobro del Banco de Tierra del Fuego, y también otros acontecidos durante el mandato del ex gobernador Carlos Manfredotti, como los primeros adelantos con cargo a rendir o la llamada “Contabilidad Paralela” que se usaba para esconder movimientos financieros en la administración pública provincial.
Por la “Fuerza de Cobro” (una contratación de que realizó el BTF para cobrarle a los deudores morosos) hubo tres condenados a prisión en suspenso, el 15 de febrero de 2007, mientras que por la causas del manfredottismo condenaron a dos ex funcionarios, el ex secretario de Hacienda, José Merlino, y el ex contador general de la Gobernación, Félix Donamaría, el 30 de abril de 2010, también a prisión en suspenso. Sin embargo, estos dos últimos funcionarios acumulan más de una decena de causas conexas y podrían quedar detenidos si reciben otras condenas.
Cifras y criterios
El informe consigna que entre 2007 y 2012 hubo veinte juicios orales contra ex funcionarios, dentro de los cuales se dictaron absoluciones para todos los imputados en cinco casos, mientras que en quince ocasiones hubo condenas para todos los acusados o condenas para algunos de los implicados y absoluciones para otros.
El relevamiento oficial no menciona con nombre y apellido a los ex funcionarios absueltos, para no lesionar su buen nombre y honor, y tampoco consigna la identidad de los ciudadanos particulares, ya sea que hayan sido liberados de culpa como que hayan recibido alguna pena.
También se señala que en la jurisdicción fueguina “no existen casos de imputados con prisión preventiva sin sentencia” ya que “tratándose de delitos excarcelables, la prisión es dictada con la lectura del veredicto en el juicio oral cuando la pena impuesta es de efectivo cumplimiento”.
Si bien el análisis al que accedió este medio no incluye casos de Río Grande, hay que tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones de corrupción tramitan en la capital fueguina porque aquí funciona la sede central del Gobierno provincial, aunque desde luego también las hay en el distrito judicial norte.
Lo que viene, lo que viene
Según el informe, en la actualidad hay veintiocho causas judiciales por presunta corrupción que ya fueron elevadas a juicio y se encuentran a la espera de tener una fecha en el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia.
En ese listado sobresalen las llamadas “Causas de las Letras de Tesorería” por hechos ocurridos durante el mandato del ex gobernador Hugo Cóccaro, otras tres contra el secretario Domínguez y otras once contra Donamaría y Merlino. Ello sin contar las que todavía continúan en etapa de instrucción, y que involucran a las gestiones de Colazo y Cóccaro, en mayor medida. Del Gobierno de Manfredotti aún falta ventilarse el llamado “escándalo Glisud” (por la adjudicación de créditos del BTF a una empresa fantasma) mientras que dos denuncias contra funcionarios de la actual gestión de Fabiana Ríos (por el presunto pago de sobornos para destrabar el pago de expedientes de obra pública y por el supuesto negociado con terrenos expropiados de la Margen Sur) tramitan en Río Grande y se conocen muy pocos avances en los últimos meses.
En cambio, entre las condenas más conocidas que figuran en el informe están la del ex concejal Pablo Wolaniuk, condenado el 13 de febrero de 2009 por el escándalo de los sobornos durante la campaña electoral de 2007 y el llamado “Caso del medio palo”, donde fue condenado el ex presidente del IPRA durante el manfredottismo, Walter Agüero, a tres años de prisión en suspenso el 5 de diciembre del año pasado.
