a Justicia Penal de Ushuaia indagará este mes (la fecha más probable es el viernes 22) al empresario uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a directivos y otras personas vinculadas con Glisud SA, la empresa que operó durante el manfredottismo para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Cardozo García, integrante de una compañía que le habría prestado fondos a Glisud y conocido por estar ligado a la “fabricación” de cientos de empresas fantasmas, no había podido ser hallado por los investigadores locales hasta que él mismo se contactó con las autoridades judiciales y aceptó someterse a la declaración indagatoria.
Fuentes relacionadas al caso explicaron a EDFM que el empresario viajará desde Uruguay y hará su descargo relacionado con las sospechas que pesan sobre su participación en el caso, ante el juez Javier De Gamas Soler, en una fecha inicialmente establecida para el 22 de septiembre si se confirman las fechas de los traslados del uruguayo a la provincia.
De esta manera, se convertirá en el último de una lista de cuatro personas en ser imputadas formalmente de lavado de activos, ya que con anterioridad fueron indagados el ex vicegobernador Daniel Gallo, el pasado 29 de mayo, el presidente de Glisud, Enrique Pinto, la semana anterior a Gallo, y la ex apoderada de la empresa, Graciela D´adamo, el 3 de mayo.
La causa investiga el origen de casi $300 mil pesos de la época (equivalente a unos $1,5 millones actuales) con que Glisud adquirió títulos públicos y después ofertó y ganó los derechos sobre tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público realizado por el Fondo Residual del BTF realizado el 30 de diciembre de 2002.
La empresa alega que consiguió el dinero mediante un crédito de mutuo en Uruguay, en una maniobra plagada de sospechas donde intervino Cardozo García, y donde el documento secuestrado por la Justicia contendría firmas falsificadas, entre otras irregularidades. Un dato sugestivo es que la empresa uruguaya Crider Trading SA, que habría prestado el dinero, tendría entre sus miembros al propio Pinto, titular de Glisud.
Es por eso que la sospecha deslizada en el expediente por el ex fiscal general de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Omar Pleé, es que el dinero nunca salió de Uruguay, sino que se habría fingido esa operación y que los recursos serían “plata negra” de la corrupción en Tierra del Fuego.
“Considero que existen variados elementos de prueba, directos e indiciarios, para suponer prima facie un aparente desvío de recursos provinciales bajo una misma dirección, extremo que, indiciariamente, determina el origen espurio del dinero que se aplicó a la compra de los títulos de deuda” con los que después operó Glisud en la provincia, sostuvo Pleé en su dictamen.
Y más directamente, el fiscal afirmó también que “los activos aplicados a la compra de títulos habrían provenido de un delito asociado a la corrupción del Estado”.
Las dilaciones en el expediente, que ya lleva más de diez años de sustanciación, son una constante. Por ejemplo las indagatorias se iban a realizar, primero, en agosto del año pasado, pero el acto se suspendió debido a recursos de apelación que estaban pendientes y porque se decidió aguardar la realización del juicio por la llamada “causa principal de Glisud”, que de todos modos también se pospuso debido a planteos de las defensas ante el Superior Tribunal de Justicia.
Pinto iba a declarar el 26 de abril de este año y debido a su “cuadro de estrés” la Justicia le suspendió la audiencia para esta oportunidad en la que finalmente se presentó.
Gallo aparece vinculado a Glisud porque Pinto fue empleado de planta política durante toda la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y luego fue colaborador suyo durante los cuatro años que se desempeñó como diputado nacional.
Además, el ex vicegobernador contrató D´adamo, ex apoderada de Glisud, cuando era presidente de la Legislatura y luego cuando fue diputado mediante un contrato del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Gallo se presentó ante el juez de instrucción De Gamas Soler, a cargo de la investigación, en compañía de su abogado defensor, el ex camarista Luis Felipe Ricca, recordado porque debió renunciar al cargo al descubrirse sus vínculos con la mafia brasileña.
El también ex diputado nacional no aceptó contestar preguntas y en cambio presentó un escrito con un descargo sobre las acusaciones que pesan sobre su conducta.
Pinto había utilizado la misma modalidad cuando fue indagado unos días antes.
