Pedido de inconstitucionalidad y marcha atrás de Nación
Tarifa de gas – Cargo extra por devaluación

Pedido de inconstitucionalidad y marcha atrás de Nación

El cargo extra que en 24 cuotas debían afrontar los usuarios de gas para que las empresas distribuidoras cancelaran la deuda con las productoras por la suba del dólar, quedó sin efecto. La decisión la comunicó el Ministro del Interior a Senadores de Cambiemos. Ayer, dos Legisladoras del bloque oficialista realizaron una presentación ante el Juzgado Federal de Ushuaia solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la medida que había dispuesto la Secretaría de Energía de Nación.
11/10/2018
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ara evitar un casi seguro revés político en el Congreso, que se aprestaba a tratar diversas propuestas tendientes a anular la cuestionada resolución 20/18 de la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto el pago retroactivo en la tarifa de gas que debían afrontar en 24 cuotas los usuarios para compensar a las empresas prestatarias por la devaluación del pesos.  El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, comunicó ayer la decisión a los principales referentes del bloque de senadores del oficialismo, poco antes de que la Cámara Alta aprobara por unanimidad un proyecto de comunicación por el cual dejó sin efecto la resolución y encomendó al Poder Ejecutivo buscar una solución sin recargo sobre los usuarios.
En sintonía con lo planteado por la Unión Cívica Radical -que la deuda de $20.000.000.000 reclamada por las productoras de gas fuera absorbida en partes iguales por la empresa y el Estado-, Frigerio indicó que las petroleras se harán cargo de la diferencia de precio y el Estado pagará los intereses en 30 cuotas a partir de octubre de 2019.

El oficialismo provincial por la inconstitucionalidad

Antes de que se conociera el cambio de postura de nación, las legisladoras Noelia Carrasco y Marcela Gómez, del Bloque FPV-PJ presentaron ante el Juzgado Federal de Ushuaia un pedido de inconstitucional de la mencionada resolución y una medida cautelar de no innovar, para que se suspenda la aplicación de la norma que autorizó el cobro de ese cargo extra en la tarifa de gas.
En la demanda, las Parlamentarias sostienen que "hay una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta a partir de conculcarse derechos y garantías, y afectarse principios reconocidos por la Constitución. Tales como el derecho de propiedad, los derechos adquiridos, la razonabilidad, la seguridad jurídica, el derecho a la información veraz, el incumplimiento de la audiencia pública previa prevista en el artículo 42 de la Constitución nacional y la accesibilidad y continuidad de un servicio público".
Señala que con la resolución 20/18, el Poder Ejecutivo nacional "pulveriza las más elementales reglas de la seguridad jurídica", ya que "el pago en tiempo y forma de nuestras obligaciones no es garantía de nada, toda vez que el Estado se arroga la potestad de hacer renacer lo que ya estaba extinguido".
Por ello pidieron al juez federal Federico Calvete "que se impida la aplicación de un tarifazo retroactivo e indexatorio que supone un enriquecimiento indebido e incausado en favor de las empresas distribuidoras de gas y en perjuicio de los usuarios".

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