lo largo de casi 9 horas de Audiencia Pública se escucharon las ponencias de unos 70 expositores sobre la obra Corredor del Beagle, la mayoría de los cuales no objetaron la decisión política de concretar el proyecto vial pero si plantearon sus dudas, cuestionamientos y criticas ante la falta de precisiones sobre cómo se va a construir la ruta de 132 kilómetros de extensión que tiene previsto conectar Ushuaia con Cabo San Pío. Por su parte, aquellos que se manifestaron totalmente a favor de la iniciativa señalaron que la obra garantiza desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
Pasadas las 11 de la mañana comenzó la Audiencia con las ponencias realizadas por los ministro de Obras Públicas, Luis Vásquez; de Ciencia y Tecnología, Daniel Martinioni; de Educación, Diego Romero; los Secretarios de Planificación Territorial, Olaf Jovanovich; de Agroindustria, Kevin Colli; de Salud, Pablo Peracchia; de Seguridad, Guillermo Granieri; el Subsecretario de Coordinación Puerto Almanza; José María Barbona y el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli, quienes cada uno desde el área de su competencia plantearon los beneficios que el corredor costero Canal Beagle reportará al desarrollo económico y social de la zona en cuestión y de la Provincia.
Luego fue el turno de los representantes de la consultora contratada por la empresa Felipe Gancedo para realizar el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Durante poco más de 45 minutos el ingeniero civil Leonardo Barrionuevo y el titular de la consultora, Marcelo Morandi, brindaron detalles técnicos sobre las características técnicas de la obra vial y sobre el impacto ambiental que ocasionará la construcción de la ruta. El que al decir de Morandi no resultará significativo en función de las medidas de resguardo y mitigación previstas.
Los dichos de Morandi fueron contrastados por la mayoría de los restantes expositores, quienes cuestionaron la falta de rigurosidad técnica y científica de la evaluación de impacto ambiental.
Por ejemplo, el antropólogo Ernesto Piana, tras afirmar que siempre apoyó la realización de la obra y que colaboró incluso con los estudios realizados en la década del 90 cuando comenzó la construcción de la denominada ruta 30, objetó que la EIA no aporta información alguna sobre los potenciales yacimientos arqueológicos que puedan ser impactados durante el desarrollo de los trabajados. Alertó que esa falta de información no sólo implica un riesgo para el patrimonio cultural sino que también puede generar mayores costos que deberán ser afrontados por el erario público.
Por su parte, el biólogo del CADIC Alejando Valenzuela fue sumamente crítico con la EIA, ya que acusó que los responsables de realizar ese estudio usaron parcialmente un informe de su autoría, extrayendo sólo aquellas partes que les resultaban útiles para pretender demostrar que no habría afectación al ambiente de especies que se encuentran en riesgo de extinción.
Tampoco resultaron favorables las ponencias del geólogo Carlos Schroeder y el Ingeniero en Recursos Hídricos Roberto Iturraspe. Ambos profesionales coincidieron señalar la escasa información técnica presentada sobre el impacto que la traza de la ruta tendrá sobre los turbales ubicados en el tramo Moat-Cabo San Pío, que son de un tipo distinto al que se encuentran en otras zona de la Provincia.
Por su parte, la Vicerectora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Adriana Urciolo, precisó que la comisión interdisciplinaria conformada para analizar la EIA concluyó en que el informe presenta un bajo nivel de detalle de las obras a realizar y del potencial impacto que producirán en el ambiente, especialmente en los relativo al uso de canteras. Más allá de ello dijo que la UNTDF no cuestiona la decisión de realizar la ruta.
Desde las ONGs ambientalistas (Mane’kenk y ABE) y desde la Asociación de Guías de Turismo el planteo general fue el de impugnar la Audiencia Pública. A su entender no se respetó el dictamen de la Fiscalía de Estado que indicó que la Audiencia debía ser convocada después de que la empresa hubiera presentado además de la EIA, los estudios de impacto arqueológico y minero. Señalaron además que la Secretaría de Ambiente incumplió la ley que establece que toda la documentación del proyecto debe estar disponible a la comunidad con 30 días de antelación a la Audiencia. Sobre este punto indicaron que parte de la información anexa recién fue publicada unos 10 días atrás. Por ello reclamaron que se habilitará un espacio amplio de participación popular para poder consensuar el mejor proyecto. Más allá de ese reclamo, algunos integrantes de esas asociaciones sí plantearon su oposición a la construcción de la ruta, por considerarla innecesaria.
Una postura intermedia fue planteada tanto por el Colegio de Ingenieros como desde la Cámara de Turismo. Esta última, representada por Angel Brisighelli, señaló que hace más de 20 años que viene reclamando que se concluya la vieja ruta 30. Dijo que entienden que la creación de un nuevo circuito turístico mejorara la oferta que hoy brinda la provincia y que ello hará factible extender el tiempo de estadía de los turistas. Pero dejó en claro que la obra debe hacerse con el menor impacto ambiental y cultural que una obra de esas características permita. Además solicitó que rápidamente el Gobierno defina qué tipo de emprendimientos turísticos y productivos podrán disponerse a lo largo de la ruta.
Aquellos expositores que se manifestaron abiertamente a favor (entre los que se contaron vecinos de Almanza, dirigentes de la UOCRA, Gastronómicos y Mercantiles, Concejales y Legisladores del oficialismo y el vicegobernador Arcando) destacaron que la obra permitirá mejorar la matriz productiva de la Provincia; generar mano de obra; mejorar la conectividad, las condiciones de vida y la actividad económica de los habitantes de Almanza y su zona de influencia; posibilitar el disfrute de las bellezas naturales del sector a una mayor cantidad de fueguinos y visitantes, y apuntalar un desarrollo geoestratégico de la costa norte del Canal Beagle que vaya en sintonía con el que lleva adelante Chile en la Isla Navarino.
Desde estos sectores se sostuvo que la obra garantiza los principios de desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible.
A partir de ahora, la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático deberá evaluar todas las ponencias presentadas en la Audiencia Pública para aceptarlas o rechazarlas de manera fundada. Aquellas que sean tomadas en cuenta como las que formulen los técnicos de la propia Secretaría deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental definitiva, para su posterior aprobación o rechazo.
