a Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande ratificó la competencia de la justicia de Tierra del Fuego en la demanda iniciada por 7 mil fueguinos contra ocho automotrices (Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault, Volkswagen, Toyota y Honda) por la devolución de importes supuestamente mal cobrados cuando compraron los vehículos, en lo que constituye el juicio colectivo más numeroso de la historia de la provincia.
Los demandantes sostienen que los fabricantes de autos se apropiaron de los beneficios impositivos establecidos en la ley 19.640 de promoción económica vigente en territorio provincial, y comercializaron los coches a precios similares al resto del país, donde no rige la quita de impuestos.
El estudio jurídico de la ciudad de Ushuaia que patrocina a los vecinos, asegura que las empresas deberían devolverle a los clientes una diferencia que oscila “entre el 25 y el 60%” del valor del auto, mientras que la demanda abarca operaciones desde 2001 hasta la actualidad, precisaron fuentes ligadas al caso.
La acción judicial, llamada de “protección de intereses difusos” fue planteada ante el juzgado Civil 1 de la ciudad de Río Grande, a cargo del juez Horacio Boccardo, a fines de 2015, pero desde entonces, las automotrices realizaron diversas presentaciones para conseguir que la causa pase a la Justicia Federal.
Boccardo rechazó esa pretensión, y las empresas recurrieron a la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces decidieron el pasado 12 de abril -en un fallo que trascendió ayer- mantener el criterio de que la causa debe ser resuelta en Tierra del Fuego.
“No caben dudas que los accionantes se están quejando del valor agregado que ostentan los automotores a la venta en esta provincia, pese a contar con beneficios impositivos. Por lo tanto, donde exigen que se cumpla esa adecuación de precios es lógicamente en la provincia”, afirma la sentencia de los camaristas Ernesto Loffler, Josefa Martín y Francisco De la Torre, a la que accedió Télam.
Según los jueces, las empresas efectúan “negocios constantes” con las concesionarias oficiales que repercuten en el consumidor final del producto, “lo que torna aplicable el arraigo, ya sea de manera directa o indirecta, en esta provincia”, indica el fallo.
A su vez, el estudio jurídico de los abogados Antonio Aciar y Federico Rauch, que patrocinan a los demandantes, sostuvo en el sitio web donde difunden novedades del caso, que la estrategia de “dilatar” el juicio por medio del cambio de competencia ya fue rechazado “por una docena de jueces y fiscales provinciales y federales”.
En cambio las automotrices insisten en que el hecho de comercializar vehículos en la provincia no implica que las firmas se encuentren asentadas en esa jurisdicción, y puedan ser demandadas allí.
“Lo importante es que el caso sigue su curso y esperamos que cada fueguino logre la devolución del derecho reclamado”, aseveran los abogados.
Defensa de las empresas
En los escritos judiciales, las distintas empresas automotrices defendieron su posición respecto de la incompetencia provincial.
Por ejemplo, los abogados de Ford sostuvieron que esa firma “no tiene un establecimiento o sucursal en la provincia de Tierra del Fuego (…) y el hecho de que venda vehículos en esta provincia no implica que tenga arraigo en esta jurisdicción”.
Toyota expresó que resulta erróneo entender que la empresa “tiene en la provincia una sucursal o establecimiento”, ya que es “una sociedad anónima que tiene domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su único establecimiento productivo en la provincia de Buenos Aires”.
Lo mismo sostuvo Peugeot Citroen Argentina S.A., Renault Argentina S.A, General Motors de Argentina S.R.L y Volkswagen Argentina S.A. que explicó que la firma es “una terminal automotriz que tiene domicilio social en general Pacheco, provincia de Buenos Aires”.
Ford, incluso, ya planteó el tema de la competencia en el Juzgado Federal de Río Grande, aunque obtuvo un fallo desfavorable tanto del juzgado como de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y acudió en queja a la Suprema Corte de Justicia.
