Un juicio por trata de personas tiene fecha de inicio para mañana pero podría postergarse
Por un caso de 2013 en la ciudad de Río Grande

Un juicio por trata de personas tiene fecha de inicio para mañana pero podría postergarse

La investigación comenzó cuando una joven de 21 años captada en Buenos Aires se negó a bajar del avión en Río Grande porque sabía que la traían a prostituirse. Hay tres mujeres imputadas del delito de trata, entre ellas la titular de un conocido prostíbulo de la ciudad que fue clausurado tras este suceso. El juicio podría sufrir una postergación por la renuncia de un abogado defensor.
14/05/2019
E

l juicio oral y público contra tres mujeres acusadas del delito de trata de personas por hechos ocurridos en 2013 en la ciudad de Río Grande, tiene fecha de inicio prevista para mañana, aunque podría postergarse debido a la renuncia, a último momento, del abogado defensor de una de las imputadas, según anticiparon fuentes judiciales a EDFM.
El caso comenzó a investigarse, y por ello tomó repercusión pública provincial y nacional, en septiembre de 2013, cuando una mujer de 21 años que llegó al aeropuerto de Río Grande en un vuelo de línea, proveniente de Buenos Aires, se negó a descender de la aeronave y manifestó que la traían engañada con el objetivo de prostituirla.
La mujer contó que la habían captado ofreciéndole venir a trabajar en una fábrica electrónica y que le habían pagado el boleto de avión, pero que luego había advertido que en realidad pretendían explotarla sexualmente.
A raíz de ello intervino la Justicia Federal de Río Grande y se logró determinar que la chica iba a ser trasladada al local nocturno Le´Etoile, por entonces un conocido cabaret de la ciudad (ubicado en la calle Obligado) que fue clausurado tras este episodio.
Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a la propietaria o encargada del negocio, Adriana del Valle Zapata, quien según se presume había pagado el pasaje de la mujer y había acudido al aeropuerto a buscarla.
Con posterioridad y tras la realización de varios allanamientos, también se involucró en el caso a Flavia Lorena Garrido y a su hija, Carina Alejandra Bravo, sospechada de ser quien “despachó” a la joven desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.
Las tres acusadas llegarán en libertad a la realización del juicio, y en caso de ser condenadas a prisión efectiva es probable que permanezcan en la misma situación hasta que el fallo quede firme, dijeron las fuentes consultadas.
La investigación demostró que al menos dos de las mujeres relacionadas con el caso cumplían con las condiciones como para ser consideradas víctimas de una red de trata, en función de parámetros como su situación de vulnerabilidad social, haber sido captadas en otro lugar y trasladadas a Tierra del Fuego donde se las sometió a un régimen de explotación del que no podrían haber salido de no ser por la intervención judicial.
En cambio, otras ocho mujeres encontradas en el mismo prostíbulo no fueron consideradas víctimas de trata, y por su situación se inició otra causa, en el ámbito provincial, donde se investigan delitos diferentes como la facilitación de la prostitución.
Respecto de las imputadas que llegan a juicio, del Valle Zapata fue procesada como probable “autora” del delito de trata de personas en relación a las dos víctimas. A una de ellas la habría “captado y transportado” a la provincia, y a la otra la habría “captado, transportado y acogido con fines de explotación sexual”, todo ello agravado por la situación de vulnerabilidad de las involucradas.
A su vez, Garrido y Bravo fueron procesadas como “partícipes necesarias” del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual en beneficio de terceros” y en un hecho del que habrían participado “tres lo más personas”, aunque en “grado de tentativa”, ya que se refiere al caso de la mujer que finalmente no fue captada por la red al negarse a descender del avión, explicaron los voceros judiciales.
En el juicio -ya sea que comience mañana o tras la postergación- volverá a discutirse, tal como sucedió en situaciones similares, si las responsables del negocio ejercían una actividad comercial lícita, ya que el cabaret contaba con habilitación otorgada por el área correspondiente del municipio local.
En casos anteriores, como el que incluyó a la activista Alika Kinan, la Justicia llegó a condenar al municipio (en ese caso de Ushuaia) a pagar una indemnización a la víctima.
La causa será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego que tiene sede en la capital provincial.

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