os alegatos de las defensas de los cuatro acusados de participar de una organización dedicada a la trata de personas en la ciudad de Río Grande continuarán hoy, luego de haberse suspendido en la víspera debido a problemas técnicos con una videoconferencia, informaron fuentes judiciales.
El inconveniente se suscitó al cortarse la comunicación a distancia por la que interviene en el juicio uno de los jueces subrogantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.
El caso investiga las actividades desarrolladas en el local nocturno “Aquelarre”, allanado y clausurado en 2014 luego de un operativo en el que fueron rescatadas 14 mujeres.
En su propio alegato, la fiscal Federal María Hermida requirió penas de 10 años de prisión para la encargada del local, Elvira Centurión, su hijo Diego Escalante y Jorge Scienza, a los que consideró parte de una organización y los encontró “coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, agravado por la pluralidad de personas intervinientes y la cantidad de víctimas, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y por haberse consumado la explotación sexual.
A su vez, solicitó 4 años de prisión para otra persona señalada como presunto partícipe secundario del mismo ilícito.
Por su parte, un quinto acusado, Carlos Longiarú, propietario del inmueble y acusado de ser partícipe de la maniobra delictiva, fue declarado en rebeldía al no presentarse a las audiencias y se dictó su orden de captura, indicaron las fuentes.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y luego trasladadas en avión hasta la ciudad fueguina, con pasajes pagados por los tratantes, lo que se transformaba en la deuda inicial de las mujeres, quienes una vez sometidas, eran controladas mediante un sistema de pulseras para contabilizar los denominados “pases” (o relaciones sexuales con los clientes que acudían al prostíbulo).
Paralelamente, los “clientes” acordaban una tarifa con la víctima. El valor estaba preestablecido por los dueños boliche y era abonado antes del encuentro sexual, que se concretaba en una casa particular o en un hotel alojamiento.
La investigación se inició en 2013, a raíz de un correo electrónico recibido en la Fundación María de los Ángeles que luego fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En la comunicación, se mencionaba la existencia de una página web que promocionaba servicios sexuales y la existencia de varios locales, entre ellos uno denominado “Aquelarre”.
