pesar de tener la posibilidad y el derecho para hacerlo, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, anunció ayer que no recurrirá a la Justicia para oponerse a la revocatoria del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector estatal que determinó el gobierno provincial, y que se había suscripto durante el últimos mes de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone.
De este modo, el mismo sindicato que propició y celebró la firma del convenio (junto con ATSA y UPCN) ahora optará por volverse a sentar a negociar con las actuales autoridades.
El ministro de Trabajo, Marcelo Romero, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobernador Gustavo Melella decidió revocar el CCT por considerarlo “ilegítimo” y “nulo de nulidad absoluta”.
El funcionario argumentó, entre otros fundamentos, que el acuerdo solo buscaba lograr la estabilidad de unos 1000 agentes nombrados el último año de la gestión de Bertone, que se realizó “a las apuradas” sin tener en cuenta antecedentes y reglamentaciones, y que no se tuvo en cuenta el impacto presupuestario de la medida, por no haberse girado con anticipación a la legislatura y al tribunal de cuentas.
Estos temas habían sido desarrollados por un dictamen previo del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.
Al respecto, Córdoba declaró ayer a la prensa que la intención del principal sindicato estatal es “no judicializar” la decisión, y que en cambio se van a sentar a acordar con las autoridades. De hecho confirmó la presencia del gremio en una reunión con el secretario de representación política del gobierno, Federico Runín.
“Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el convenio y la llevamos adelante, nos hacemos cargo. Hicimos lo que creíamos que estaba bien”, sostuvo el dirigente gremial, procesado judicialmente por el escándalo de las viviendas futuras.
Asimismo, comentó que “a nosotros nos decían que no había vacantes, que estaban los compañeros de planes para ingresar. Pero al final eso no ocurrió. Estoy caliente por lo que pasó, porque no tuvieron en cuenta a los compañeros que estaban esperando para ingresar”, indicó.
Córdoba también se refirió a unos los puntos más controvertidos del convenio, como era la reducción del período para adquirir estabilidad laboral, de un año (actualmente vigente) a tres meses, lo que fue interpretado por el gobierno actual como un intento de convalidar las designaciones de la gestión de Bertone.
“Nosotros veíamos que en el privado son tres meses para la estabilidad y en el Estado un año. Nos habremos equivocado en ese punto, pero lo hicimos para mejorar la situación de todos los trabajadores. Lo cierto es que hay mujeres embarazadas y gente que cumplía los requisitos por Ley 48 (de discapacidad) que no fue tenida en cuenta para ingresar”, aseveró el secretario general de ATE.
Por su parte, sobre la decisión de derogar el CCT, Córdoba se remitió a señalar que “Melella ya reaccionó y ha hecho lo que está bien. No vamos a ir a la justicia. Nos vamos a sentar a dialogar. Ojalá tengamos carrera administrativa y se acaben los beneficios otorgados a dedo”, afirmó.
Pese a la actitud del gremio, la revocatoria del convenio igual podría llegar a la Justicia, si cualquiera de los afectados (por ejemplo un trabajador dejado cesante) considera que se le vulneraron derechos adquiridos, dijeron fuentes jurídicas consultadas por este medio.
