l juez que investiga a tres ex funcionarios de la gestión gubernamental anterior a la actual, por daños ambientales y al patrimonio arqueológico en la obra de apertura del llamado “Corredor del Beagle, desestimó que integrantes de la Comunidad Yagan intervengan como querellantes en el expediente.
Fuentes judiciales informaron ayer a EDFM que los representantes del pueblo originario se habían presentado en la causa con el patrocinio del abogado Raúl Aciar, al entender que eran potenciales damnificados debido al hallazgo de restos humanos de esa etnia durante los trabajos de construcción de la ruta costera.
Sin embargo, ante la negativa del magistrado interviniente, Aciar presentó un recurso de reposición y de apelación en subsidio, que motivó que se le diera vista al fiscal Fernando Ballester Bidau, el mismo que formalizó el requerimiento de instrucción que dio origen a la causa.
Según las fuentes, el fiscal dictaminó a favor de que la comunidad originaria sea considerada parte querellante, y devolvió las actuaciones al juzgado para que se adopte una determinación al respecto.
Ballester Bidau imputó en diciembre de 2019, por los presuntos delitos de “daños agravados” y “daños al patrimonio arqueológico” al ex ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Luis Vázquez y al ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone.
La denuncia que había sido presentada por la Asociación Mane´kenk señala que “en el informe de impacto arqueológico del denominado “Corredor del Beagle”, elaborado por la empresa Ambash, se omitió consignar cierta información de numerosos yacimientos y sitios arqueológicos que podrían coincidir con la traza de la mencionada ruta”.
También se citan informes del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del 28 de agosto de 2018 y del 23 de octubre de 2019, dirigidos a Gorbacz y al presidente de la “Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA)”, donde se asegura que “los sitios y yacimientos son muchos más que los que fueron declarados en el informe de impacto arqueológico, pudiendo coincidir con la traza de la ruta”.
Además, menciona que “a principios del mes de noviembre de 2019, posiblemente el 2 de noviembre, se habrían encontrado restos humanos en la zona de Mishiwen, en inmediaciones de la “Estancia Remolino”, donde existen enterratorios humanos”.
Se trata de una zona declarada patrimonio histórico provincial por decreto 888 del año 2011.
“Si bien el 20 de noviembre de este año, la Asociación Mane´Kenk presentó un solicitud de información pública al Secretario de Cultura, Gonzalo Zamora (sobre este tema) todavía no fue contestada, por lo cual se desconoce quién hizo el hallazgo, donde se realizó y si se tomaron las medidas propias del caso”, menciona Ballester Bidau en su requisitoria.
También agrega que de acuerdo a la denuncia, en el informe habrían sido declarados siete yacimientos arqueológicos, “pese a que, en realidad, serían más de trescientos (300), por lo cual los responsables conocían la existencia de estos yacimientos o sitios que fueron deliberadamente ocultados”.
Finalmente, el fiscal imputó en la causa a Gorbacz, Vázquez, Zamora y a miembros de la empresa Juan Gancedo (contratista de la obra) por haber participado (los funcionarios) de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y haber autorizado el plan de ejecución de obra, “pese a que las evidencias científicas avalaban que dicho informe era deficitario”, y por haber ejecutado los trabajos (Gancedo) sin los cuidados correspondientes o a sabiendas de toda esta situación.
