l Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de una condena a 23 años de prisión y dispuso el sobreseimiento de un hombre de nacionalidad uruguaya que había sido juzgado en Río Grande por delitos de abuso sexual contra dos menores de edad.
La resolución puso fin a una extensa causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país consideró que correspondía declarar prescripta la acción penal por el tiempo transcurrido entre los hechos investigados, ocurridos en 1995, y la denuncia presentada en 2016.
El acusado había sido condenado en 2021 por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, en un debate desarrollado durante la pandemia. En aquella oportunidad, la Defensoría Pública había solicitado su absolución al plantear que la acción penal se encontraba prescripta.
El planteo no prosperó y el Tribunal resolvió imponerle una pena de 23 años de prisión efectiva, una de las condenas más elevadas aplicadas en la provincia para delitos de estas características.
La defensa continuó con los planteos judiciales y, una vez agotadas las instancias recursivas en la provincia, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal admitió la presentación y en agosto de este año ordenó que para resolver el caso se aplicara el criterio establecido en el antecedente conocido como “Ilarraz”. A partir de esa interpretación, correspondía considerar prescripta la acción penal debido al período transcurrido entre los hechos denunciados y el inicio de la causa.
Con ese pronunciamiento, el expediente regresó al Superior Tribunal de Justicia provincial. En agosto, los jueces resolvieron disponer la libertad del condenado mientras se aguardaba una nueva resolución definitiva.
La medida fue acompañada por estrictas pautas de conducta y por la prohibición de acercamiento a las víctimas.
Finalmente, el viernes 18 de septiembre se produjo el nuevo pronunciamiento judicial: el Superior Tribunal declaró la nulidad de la sentencia condenatoria y dictó el sobreseimiento del imputado, dando por finalizada la causa.
Cinco años detenido
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia formulada en 2016 por hechos ocurridos en 1995 y que, según la acusación, tuvieron como víctimas a dos menores de edad.
Durante la tramitación de la causa, el acusado permaneció prófugo de las autoridades, situación que derivó en el dictado de una orden de captura nacional e internacional.
En la búsqueda tomó intervención Interpol, que finalmente logró localizar al hombre en Uruguay. Allí fue detenido y posteriormente extraditado a la Argentina en abril de 2021 para quedar a disposición de la Justicia fueguina.
Ese mismo año fue sometido a juicio en Río Grande. El Tribunal de Juicio en lo Criminal lo encontró culpable y le impuso la pena de 23 años de prisión efectiva.
Desde entonces, la defensa sostuvo en las distintas instancias judiciales que la acción penal se encontraba prescripta debido al tiempo transcurrido desde los hechos denunciados.
La controversia llegó finalmente a la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento modificó el curso de la causa y derivó primero en la liberación del condenado y posteriormente en la anulación de la sentencia y su sobreseimiento.
El hombre permaneció detenido durante cinco años. Tras conocerse la resolución que puso fin al proceso judicial, decidió regresar a Uruguay, su país de origen.
ó que el segundo semestre aparece también dentro de los plazos posibles.
