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os legisladores Carlos Saladino (PJ), Luis del Valle Velásquez (FUP) y Roberto Frate (MPF) negaron ayer tener causas graves en la Justicia, como lo dejaron trascender fuentes del Gobierno de la Provincia. Al primero le imputaron una causa por abuso deshonesto a una menor, al segundo una causa abierta por "amenazas, extorsión y lesiones graves", y al tercero una denuncia por "falsificación de instrumento público".
La semana pasada, el vocero del Gobernador, Eduardo Monchietti, cuestionó la moral de los legisladores para enjuiciar al gobernador Jorge Colazo y puso sobre el tapete una serie de causas judiciales que enfrentarían algunos legisladores. El funcionario le apuntó al legislador Saladino y lo acusó de ser investigado por la Justicia por un supuesto abuso deshonesto a una menor. Sin dar nombres, habló de otros dos parlamentarios con una denuncia por "amenazas, extorsión, por lesiones graves", y mencionó un tercer caso de un parlamentario que enfrenta una causa por "falsificación de instrumento público".
Fuentes de Gobierno le dijeron a el diario del Fin del Mundo que Velásquez y Frate son los dos legisladores mencionados por Monchietti.
En diálogo con este medio, Velásquez acusó al vocero de escupir y de actuar en reacción a la denuncia en su contra –cuando Monchietti era secretario de Medios e Información Pública– que presentó hace 30 días en la Justicia por supuesto incumplimiento de la ley provincial Nº 655 de adhesión de Tierra del Fuego a la ley 12.908 sobre el Estatuto del Periodista.
Velásquez defendió a Saladino, al que se lo imputó públicamente en la supuesta causa por abuso deshonesto, y dijo que el vocero "habló sin fundamentos y sin medir el daño que le puede ocasionar a la persona que está acusando y a las otras personas que involucra".
El parlamentario reconoció que fuentes de Gobierno intentaron involucrarlo como uno de los legisladores con causas pendientes en la Justicia. "No sé como él puede tener conocimiento de la Justicia de cuestiones que yo no he sido notificado de nada", indicó Velásquez. 
La denuncia que mencionó Monchietti estaría vinculada con un enfrentamiento que estuvo a punto de llegar a golpes de puño entre el legislador y un asesor de la ultracolacista Patricia Pacheco. "Nunca le levanté la mano a nadie. No tengo conocimiento de la causa", se defendió Velásquez.
Otro de los vinculados con causas abiertas en la Justicia, el legislador Frate, desmintió la versión. El parlamentario evitó responder públicamente las críticas de Monchietti hacia la Legislatura.
Por su parte, el justicialista Carlos Saladino fue contundente y negó de plano ser investigado por un presunto abuso deshonesto a una menor. "Esto no nos va a dañar. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo para descubrir en manos de quiénes estamos en esta provincia. Seguimos estando en las mismas manos de los personajes que son responsables de no haber descubierto los atentados a los medios periodísticos, a los abogados de Río Grande que les quemaron los estudios en donde desempeñan sus tareas", dijo. Y agregó: "Son los responsables de no encontrar los culpables del asesinato de Oscar Vouillez y María Mabel Almada".
Saladino reiteró que la causa que le achaca Monchietti no existe y reveló que el martes último certificó en una escribanía la información que obtuvo en Tribunales que acredita su versión.
"Están intentando quebrar el criterio único de la Legislatura, que ha sido respetar la Constitución provincial y la ley. Creo que esto es parte de la intentona de estos personajes que no entienden que pueden dañar a las familias. Como dije antes, voy a ir con mi familia al psicólogo, porque tengo hijas que hoy no pueden leer Internet o diarios; pero ellos van a ir a la cárcel", indicó.