or decisión unánime de 6 de sus 7 miembros, la Sala Acusadora de Juicio Político de la Legislatura resolvió suspender nuevamente en el cargo al gobernador Jorge Colazo. En horas de la tarde se notificó de la decisión al mandatario. Posteriormente, pasadas las 17, la ministra de la Corte María del Carmen Battaini y los legisladores Angélica Guzmán, Nélida Lanzares, Damián Löffler, Norma Martínez, José Martínez, Patricia Pacheco, María Vargas y Luis Velásquez juraron como integrantes de la Sala Juzgadora, la que resolvió convocarse para hoy a las 14 a fin de ordenar la producción de prueba solicitada por la Sala Acusadora, y notificar al Gobernador suspendido sobre las actuaciones dispuestas ayer en el proceso de juicio político en su contra. Además, se dispuso que el lunes 24 y el jueves 27, los legisladores Manuel Raimbault, Miguel Portela y Carlos Saladino –en su carácter de integrantes de la Sala Acusadora– procedan a sostener las acusaciones formuladas contra Colazo.
Críticas al Superior Tribunal y supremacía de la Constitución
La resolución adoptada pasadas las 14 de ayer contiene graves críticas al criterio jurídico sustentado por el Superior Tribunal de Justicia para disponer la continuidad del juicio político con el Gobernador en su cargo. Además se sostiene que a entender de los integrantes de la Sala Acusadora la "fundamentación de la acusación es la que sirve de sustento a la suspensión", tal cual lo contempla el artículo 118 de la Carta Magna provincial, que fue declarado absolutamente válido constitucionalmente por el Superior Tribunal de Justicia.
A pesar de ello se agrega, como nuevo elemento valorativo sobre el riesgo que implica el mantenimiento en el cargo del Gobernador mientras se sustancia los juicios políticos en su contra, que "la causal de mal desempeño" que se le imputa en ambas acusaciones "ha sido flagrante y reiterada", e incluso en el caso de la retención de fondos de coparticipación a la Municipalidad de Río Grande la conducta reprochada se mantuve "aún después de una orden judicial que exigió el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales".
Las más duros cuestionamientos al accionar de la Corte fueguina se desprenden del dictamen firmado por Manuel Raimbault. El legislador del ARI sostiene que el alto tribunal tramitó la demanda interpuesta por Colazo bajo un procedimiento que no se asimila a ninguno de los existentes en el universo jurídico, por lo que a su entender "en el caso, lisa y llanamente, se inventó un procedimiento para llegar a una decisión que, en mi opinión, ya estaba tomada". Por otro lado, considera totalmente inapropiado que la Corte haya sostenido que la suspensión del funcionario deba ser fundada de manera particular, para disponer la continuidad del proceso de juicio político con el Gobernador en ejercicio. En tal sentido, señala que el criterio sustentado sobre el particular por Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que "las consideraciones y fundamentos sostenidos para merituar la suspensión son ajenas a la revisión judicial, pues ellas implican una valoración política que la Constitución asigna, con exclusividad, a los representantes del pueblo de la Provincia; no pudiendo los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia suplir dicha valoración".
Pero además, Raimbault asevera que "la falta de motivación de la suspensión" argumentada por el Tribunal para mantener a Colazo en el cargo "es falsa", y que resulta francamente "ilegal" la posibilidad que los integrantes de la Corte "sustituyan la valoración" realizada de los hechos por la Sala Acusadora. Por ello concluye que, en su opinión, "tenemos que la decisión recaída en los autos de referencia se adopta a partir de un procedimiento literalmente inventado a partir del cual arriban a una solución para la que se apoyan en hechos falsos".
En el escrito rubricado por los mopofistas Miguel Portela y Roberto Frate no se puntualiza tanto sobre la conducta del Superior Tribunal, pero –al igual que en el de Raimbault– sí se avanza en lo sostenido por la Corte para revocar la suspensión de Colazo. Se recuerda, muy especialmente, que fue ese alto tribunal quien sostuvo que "...la suspensión del funcionario sometido a juicio político cuando la Sala Acusadora ha establecido la necesidad de llevar adelante el procedimiento respectivo no luce irrazonable. Se trata de evitar que continúe en su cargo, en una situación que puede ser de suma gravedad. En ese supuesto, media el resguardo de los intereses colectivos. Téngase en cuenta que si se confía la administración de los negocios públicos a una persona que, en un provisorio examen de la Sala Acusadora se ha desempeñado deficientemente, no parece desproporcionado", y que reconoció a esa Sala "la potestad de suspender al Gobernador". En este punto se señala que a diferencia de lo sostenido en la Constitución, que establece que la suspensión "es un deber que se manifiesta de manera imperativa", la Corte consideró que esa obligación es "una simple facultad" que debe ser fundada para hacerse efectiva. Obviamente, se manifiestan en contra de ese criterio en el entendimiento de que "la fundamentación de la acusación es la que sirve de sustento a la suspensión", pero precisan que "a los efectos de cumplimentar sobradamente los requisitos que recién ahora –a partir de la sentencia que los determina– aparecen como necesarios para efectivizar la suspensión" se reiterarán y explicitarán con mayor detalle las razones expuestas al momento de disponer la primera suspensión. Entre ellas, y simple modo de reseña, pueden mencionarse en el caso de la retención de coparticipación que "la conducta sistemática y obcecada del Gobernador" transgredió un sinnúmero de artículos de la Constitución provincial, e incluso de la Constitución nacional, y que además con su accionar el Gobernador, y tal lo reconoció la propia corte, ocasionó un "peligro de daño sobre los intereses colectivos de los riograndenses". En lo que hace a la acusación referida a la Cuenta del Ejercicio 2004, tras enumerar las múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, apuntan que "tales circunstancias imponen la suspensión del jefe de la Administración por resultar altamente riesgoso y perjudicial para los intereses de la Provincia la continuidad de una administración sin controles –o cuanto menos deficientes o no confiables– de las cuentas públicas".
Empezó la etapa de juzgamiento
Durante la tarde de ayer, por segunda vez en su historia el Parlamento fue escenario de la jura de los integrantes de una Sala Juzgadora de Juicio Político. El primer antecedente se remonta al año 1997, cuando el gobernador juzgado fue José Estabillo.
Pasados 40 minutos de las 17, dio comienzo la sesión especial que fue presidida por la justicialista Angélica Guzmán, ya que para ese entonces el vicegobernador Cóccaro ya se encontraba –por lo menos en lo formal– a cargo del Poder Ejecutivo. El único legislador ausente, por razones de salud, fue el justicialista Raúl Ruiz. Ni bien iniciado el encuentro parlamentario, la oficialista Patricia Pacheco manifestó su oposición a la conducta seguida por sus pares, y precisó que su presencia en el recinto respondía aun "simple acto formal" y de "salvaguarda" de sus "derechos constitucionales". Además, adelantó que, oportunamente, objetará desde lo legal la sesión realizada ayer, ya que dijo que la misma no "cumplió los requisitos formales". Pacheco se negó a brindar mayores precisiones sobre su imputación al resto de los legisladores como a la prensa.
A las 17.50, la ministra de la Corte María del Carmen Battaini juró como presidente de la Sala Juzgadora. Posteriormente, tomó el juramento de rigor a los legisladores Guzmán, Lanzares, Löffler, Norma Martínez, José Martínez, Pacheco, Vargas y Velásquez, y al secretario Legislativo Jesús Cortez, quien se desempeñará como secretario de la Sala constituida ayer.
Finalizada esta instancia protocolar se convocó a una nueva sesión para las 18.30. En esa oportunidad, se resolvió realizar mañana a las 14 la primera audiencia pública, en la que se procederá a ordenar la producción de la prueba requerida por la Sala Acusadora. También se acordó que el próximo lunes 24, los legisladores Raimbault, Portela y Saladino sostengan la acusación contra el Gobernador por la retención de fondos de coparticipación a la Municipalidad de Río Grande, y que el jueves 27 hagan lo propio respecto de la acusación vinculada con la Cuenta General del Ejercicio 2004; y se dispuso notificar hoy a Colazo de las actuaciones concretadas ayer. De esta manera, comenzó efectivamente a desarrollarse la etapa definitoria del juicio político contra el suspendido mandatario.
