n votación dividida, y tras un prolongado debate, la Legislatura aprobó la ley que suspendió por 180 días todas las ejecuciones de sentencia, por montos inferiores a los 350 mil pesos de deuda contable, que tengan por objeto el remate de bienes otorgados en garantía o bienes embargados a deudores del Fondo Residual, siempre y cuando esas ejecuciones estén siendo llevadas adelante por la administración del cuestionado ente.
La norma en cuestión, que no contó con el aval de los legisladores del ARI y de la colacista Patricia Pacheco, determina también que en 60 días el Fondo Residual deberá remitir al Parlamento un detallado informe de toda su cartera; consignando particularmente el nombre o denominación del deudor; la deuda total y la deuda contable y las garantías ofrecidas.
Se resolvió además girar a la comisión de Presupuesto el proyecto de ley de disolución el ente creado por ley 478 elaborado por el bloque del ARI para que sea analizado, de manera conjunta, con el que fuera presentado –a mediados de año– con esa misma finalidad por el mopofista Löffler.
Debate caliente
La sesión espacial desembocó en un caliente cruce de opiniones entre el justicialista Carlos Saladino, el oficialista Velásquez y los aristas Raimbault y Martínez.
Ni bien iniciado el encuentro, José Martínez (ARI) anticipó que el bloque que integra únicamente aprobaría la ley de suspensión de ejecuciones si el proyecto contemplaba también la disolución del Fondo Residual. Para intentar consensuar posiciones entre la propuesta del ARI y la del MPF, que avanzaba solamente sobre la suspensión de ejecuciones, se pasó aun cuarto intermedio que resultó infructuoso.
Reiniciada la sesión, la legisladora Norma Martínez (bloque 26 de Abril) manifestó su voluntad de acompañar la iniciativa del MPF y que la del ARI fuera girada a comisión para tratar en plazo perentorio la propuesta de disolución. Desde las bancadas del PJ y del MPF se compartió este criterio, dejando expresamente asentada la voluntad de los bloques mayoritarios de abortar la existencia del Fondo Residual. El mopofista Löffler recordó que él es autor de una iniciativa que avanza en tal sentido, pero precisó que resultaba conveniente que el tema fuera abordado con participación del BTF y del Gobierno.
El arista Martínez no compartió el desdoblamiento del tema. Si bien dijo que compartía la necesidad de suspender las ejecuciones hipotecarias y prendarias contra deudores del Fondo, afirmó que la suspensión de las mismas no necesitaba de la sanción de una ley, ya que bastaba para ello con que el Poder Ejecutivo solicitara la paralización temporal de esas acciones judiciales. Por ello, señaló que el objetivo central era lograr la eliminación del "nudo de corrupción" que constituye el Fondo Residual. Aseveró que esa resolución debía adoptarse de manera inmediata, ya que la demora en ella podía generar nuevos perjuicios contra el Estado. Como ejemplo, mencionó el caso del doctor Plasenzotti, que como administrador ordenó que el ente le liquidara honorarios por su actuación como patrocinante de un deudor del Fondo. Sostuvo que también existía el riesgo de que el Fondo Residual siguiera vendiendo cartera hipotecaria a cambio de "bonos basura" o autorizando la cancelación de deudas mediante la entrega de terrenos sobrevaluados. Dando mayor contenido político a sus palabras, le recordó a sus pares que uno de los principales deudores del Fondo Residual es el vicegobernador Cóccaro, y que ello obliga a que al tema se le dé un trasparente tratamiento para no defraudar a la sociedad. Cuestionó que hasta ahora "nadie quiso tocar la cuestión de fondo (la disolución) porque hay muchos intereses en juego". Incluso cuestionó al gobierno interino que dirige Hugo Cóccaro, ya que dijo que éste demostró su intención de "cambiar personas pero no el mecanismo del Fondo Residual".
El tenor de la intervención de Martínez generó que el oficialista Velásquez intentara una, por demás confusa, defensa de Cóccaro, que culminó con una especie de llamado de atención al ARI, ya que dijo que ese partido acompañó en la segunda vuelta de la elección de 2003 a la fórmula que integraban Colazo y Cóccaro, aún cuando este último ya era deudor del Fondo Residual. El justicialista Saladino se sumó a esta crítica y reclamó una autocrítica de parte del ARI. Dijo que el actual administrador del ente, Leonardo Plasenzotti, había sido candidato por el ARI, y que en campaña había prometido trabajar para la desaparición del organismo que hoy administra.
Casi, casi como Greenpeace
Fue entonces Manuel Raimbault quien pidió la palabra para contestar esas imputaciones. Con alto grado de ironía dijo tener la impresión de que para sus pares "la culpa de todo lo que pasó en el Fondo es del ARI", porque el actual administrador fue candidato por esa fuerza. Recordó que fue justamente el bloque que integra quien denunció judicialmente a Plasenzotti por el tema de cobro de honorarios. Afirmó que el "verdadero problema del Fondo Residual es que se constituyó para seguir saqueando al Estado", y que por ello se lo constituyó como una entidad sin fines de lucro. "El Fondo Residual es como una ONG", dijo, "es como Greenpeace, pero en lugar de salvar ballenas se dedicó a saquear al Estado", afirmó.
La votación final fue de 10 votos por la afirmativa, tres por la negativa y dos ausencias; las de los legisladores Bericua y Vargas.
| El "hemiciclo" legislativo La sesión especial de ayer sirvió como estreno para la nueva disposición de bancas dentro del recinto legislativo. |
