on la clara intención de lograr una rápida resolución que garantice la continuidad jurídica del "Fondo Social de Reactivación Productiva" y, por ende, el mecanismo que financie los programas CRECE, el Gobierno remitió a la Legislatura un proyecto de ley a ese efecto.
La propuesta ingresó durante la tarde de ayer y tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves 6 de abril. Recién a partir de ese momento el proyecto podrá comenzar a ser estudiado en comisión para su posterior tratamiento en el recinto de sesiones.
La propuesta, por cierto, no resulta para nada novedosa, ya que en su único artículo determina que "el régimen Fondo Social de Reactivación Productiva destinado a solventar las políticas y programas de promoción y reactivación productiva creado por el artículo de la ley provincial 616, continuará vigente desde la sanción de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2007".
Teniendo en cuenta que la propuesta en cuestión es una copia casi textual del artículo 17 del proyecto de ley de presupuesto 2006, resulta evidente que el Gobierno pretende sellar la suerte de este Fondo desligando la discusión en torno al mismo de la del presupuesto, tal vez en la suposición de que el debate parlamentario sobre el presupuesto 2006 puede prolongarse más allá de los 30 días.
Al desprender, como ya lo había intentado sin éxito a fines del año pasado, el régimen de financiamiento de los CRECE de la discusión presupuestaria, el Poder Ejecutivo podría garantizarse la continuad del flujo de recursos económicos necesarios para sostener hasta fines de la gestión de Hugo Cóccaro "una excelente herramienta de fomento y promoción de la actividad productiva, el turismo, la prestación de servicios y el comercio en general", que ya ha "logrado poner en marcha más de 200 nuevos emprendimientos y más de 900 puestos de trabajo", según se precisa en los fundamentos que acompañan el proyecto gubernamental.
Como para tener una idea de la importancia económica que tiene este Fondo, vale mencionar que el Gobierno ha previsto recaudar hasta diciembre de este año más de 20 millones de pesos por tal concepto.
Redacción inadecuada
Aún cuando el proyecto ingresado al Parlamento no ha sido objeto de análisis, ya se plantearon algunas dudas respecto del texto elaborado por el Poder Ejecutivo. Desde unos de los bloques de la oposición, se recordaba que el Tribunal de Cuentas entendió, al dictar la resolución 19/06, que el respaldo legal del aporte establecido en la ley de presupuesto 2004 se encuentra fenecido, ya que en aquel entonces se dispuso que la alícuota adicional sobre los ingresos brutos tendría una validez de un ejercicio fiscal, con posibilidad de ser prorrogado únicamente por otro ejercicio fiscal, lo que ocurrió durante 2005. Por tal motivo, se interpretó que el Gobierno debería haber planteado en el proyecto en cuestión la creación de un nuevo fondo social, en lugar de prorrogar la vigencia del anterior.
