a doctora Susana Marte fue elegida para constituir el Tribunal de Juicio que juzgará el mes próximo a los ex directores del Banco Tierra del Fuego acusados de otorgar y reestructurar deudas a clientes morosos de la entidad por montos que en algunos casos eran millonarios.
Marte fue elegida del listado de conjueces y aceptó el cargo para juzgar a los ex funcionarios del banco. La abogada compondrá el Tribunal de Juicio junto a jueces subrogantes, teniendo en cuenta que tras una resolución del Superior Tribunal, se decidió apartar a los jueces naturales de esos estrados, al considerar que emitieron un prejuzgamiento en torno al expediente.
Por este motivo, la doctora Marte conformará el tribunal junto al juez Electoral, Horacio Maffei, y al juez de instrucción, Javier de Gamas Soler. La fecha prevista para el inicio del debate ha sido dispuesta para el 5 de mayo próximo, aunque los jueces tienen los días contados debido a que el expediente prescribiría el 6 de junio.
De no surgir inconvenientes, las partes, defensores, imputados y fiscales, deberán someterse a por lo menos dos semanas de juicio, teniendo en cuenta que se trata de un caso técnico contable bastante complicado.
La doctora Susana Marte trabajó en el Ministerio de Educación durante la gestión Colazo e inclusive representó al Gobierno durante las paritarias con el sector docente.
El caso
Hay que recordar que en la causa caratulada "Rodríguez y otros" se investiga la conducta del directorio del BTF durante 1995, debido a que con distintos tipos de responsabilidades, se otorgaron y se financiaron créditos millonarios a deudores morosos del Banco de la Provincia.
La causa tiene como imputados a Delcio Daniel Rochón –ya condenado en la causa por los BIC 3–, Osvaldo Manuel Rodríguez, Ramón Segundo Gallardo, Servando Dieguez, Horacio Emilio Muñoz, Sergio Ricardo Bello, Jorge Forneron, Norberto Luis Pavlov, Carlos Alberto Pastoriza, Atsushi Kida y Juan Luis Pedro Ramos. El juicio se debería haber realizado hace más de dos años, pero las defensas de los acusados han planteado distintas medidas, entre ellas la prescripción de la causa (extinción de acción penal), que ahora tramita a través de un recurso de queja ante la Corte Suprema.
