l próximo martes, la comisión de presupuesto dictaminaría a favor de la aprobación de tres proyectos elevados por el Poder Ejecutivo, que le permitirían al Gobierno contar con una serie de herramientas financieras consideradas como indispensables para oxigenar las cuentas públicas.
Según trascendió, el viernes 21 podría desarrollarse una sesión especial en la que resultaría aprobada la ley que reestablecerá la vigencia del Fondo Social de Reactivación Productiva, que financia la operatoria de los créditos CRECE, de acuerdo a la nueva propuesta que al efecto presentó el Gobierno el lunes de esta semana.
También contaría con el visto bueno la ley que autorizará la emisión de unos bonos por 150 millones de pesos y de Letras de Tesorería por otros 20 millones de pesos. Esa misma norma es la que contempla la posibilidad de que el Gobierno compense deudas con otros organismos del Estado y con los municipios, como así también autoriza que las deudas no compensadas las puedan cancelar hasta en 120 cuotas. Esa propuesta causó profundo malestar en el seno de los ejecutivo municipales, pero a pesar de ello la mayoría de los legisladores estaría dispuesta a arrobarlo, aunque con algunas mínimas modificaciones que tendrían que ver con acotar el plazo para el pago.
Por ultimo, resultaría aprobada la ratificación del convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y el consorcio integrado por las petroleras Total Austral, Pan American Sur y Wintershall Energía, por el cual las partes acordaron avanzar en la resolución de la controversia por pago de tributos en un plazo que no podrá exceder los 120 días. Mientas dure la negociación, la Provincia no interrumpirá la entrega de los certificados de cumplimiento fiscal necesarios para la obtención de los certificados de origen. Como contrapartida, las empresas aceptan hacer un pago de 15 millones de pesos a cuenta del monto global del acuerdo, sin que ello implique reconocimiento alguno de la validez del reclamo del Estado fueguino. En caso de que finalmente no se arribe a acuerdo alguno, el monto en cuestión podrá ser imputado al pago de regalías o tributos.
Teóricamente, esos 15 millones ya deberían haber sido depositados por las petroleras el martes de esta semana.
El tratamiento de estos asuntos generó ayer una crisis interna en el Parlamento, que tomó estado público cuando el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Gabriel Clementino, dijo a FM del Sur que un grupo de legisladores había intentado sin éxito convocar a una sesión especial para esa jornada, para aprobar las normas ya mencionadas. La especie fue confirmada a esa misma emisora por la vicepresidenta 1ª del cuerpo, Angélica Guzmán. El mopofista Portela reconoció en FM Master's que la idea de sesionar había existido pero que finalmente no se avanzó en el tema. Por su parte, el justicialista Sciutto, por Radio Nacional, restó trascendencia a controversia al señalar que no opinaban sobre supuestos.
Las versiones que circulaban ayer por los pasillos legislativos daban cuenta del enojo existente en un sector del bloque del PJ y en la bancada del MPF con el legislador oficialista Luis del Valle Velásquez. Se mencionaba que este parlamentario habría sido el responsable de plantear –en representación del Ejecutivo– ante sus pares la posibilidad de avanzar en la sanción de este paquete de leyes por fuera del presupuesto, y que posteriormente se habría encargado de filtrar esa información a funcionarios del gabinete del intendente de Río Grande, Jorge Martín. Algunas fuentes consultadas indicaban que esta conducta pendular respondería a la indefinición de Velásquez respecto de cobijarse bajo la figura de Hugo Cóccaro o de mantener fidelidad a la de Jorge Martín.
