uego de que este medio diera a conocer que dentro de los justificativos esgrimidos por el destituido Jorge Colazo a la Fiscalía de Estado, en donde figuraba la venta de un inmueble de Río Grande a su más férreo colaborador, Pedro Bernal, la Justicia solicitó copia del boleto de compraventa de la operación para efectuar un análisis.
Fuentes judiciales indicaron que luego de que trascendiera la información de que Colazo, a través de su esposa, Ana Córdoba, le vendió el 22 de noviembre de 2004 una propiedad ubicada en la calle Fray Justo Santa María de Oro y Jujuy de la ciudad de Río Grande al investigado Pedro Bernal, desde la fiscalía y el juzgado de instrucción de segunda nominación, pidieron información al respecto a la Fiscalía de Estado, y se hicieron del boleto de compraventa. Ahora el documento es analizado desde el punto de vista procesal.
Hay que recordar que en un segundo embargo que pretendió realizar la jueza María Cristina Barrionuevo contra Bernal, éste dijo no tener bienes a su nombre, y al parecer esto resultó ser cierto. Pero el boleto de compraventa contradice la postura del ex secretario de Obras Públicas de Colazo, ya que si bien no tiene bienes, le compró la propiedad a su jefe en la módica suma de 200 mil pesos.
Curiosamente, Bernal fue procesado en una causa donde se investiga el desvío de fondos y el presunto fraude al Estado mediante el otorgamiento de anticipos con cargo a rendir del Estado Provincial.
Por otra parte, Colazo está siendo investigado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, a partir de la denuncia que efectuara el abogado Alejandro De la Riva por un presunto enriquecimiento ilícito. Colazo, para justificar su incremento patrimonial, dijo que no había declarado la propiedad situada en Fray Justo Santa María de Oro y Jujuy de la ciudad de Río Grande porque se la había vendido a Bernal.
Pero la justificación llevada adelante por el ex mandatario podría resultarle un "tiro por la culata" toda vez que la Justicia ya se hizo del boleto de compraventa y perjudicaría seriamente a Bernal. Difícilmente el imputado pueda explicar cómo con un sueldo cercano a los 6000 pesos pudo comprar una propiedad de 200 mil. Si bien la operación entre Ana Córdoba y Bernal, bajo el consentimiento conyugal de Colazo (quien también firma el documento), no fue cancelada en su totalidad, el comprador debió desembolsar una entrega de 50 mil pesos y se comprometió a abonar treinta cuotas mensuales de 5000 mil, lo que resulta para los investigadores bastante poco creíble, sobre todo por cómo iba a pagarlas con el sueldo que tenía.
