os integrantes del Superior Tribunal de Justicia modificaron el sistema de ingreso al Poder Judicial y dispusieron que los nuevos agentes que accedan a ese poder lo hagan en la categoría de nivel inicial. Esta acción se realiza luego de que en los últimos años la Justicia fuera criticada por repartir cargos discrecionalmente e ingresaran a ese poder personas con altas categorías y sin haber realizado ningún tipo de concurso previo.
Los jueces Mario Robbio y María del Carmen Battaini firmaron días atrás la acordada Nº 28/06, en la que se realizaron los cambios en el acceso a la Planta de personal. La resolución sostiene que este cambio se da en base a lo previsto en el inciso "e" del artículo 11º y concordantes del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial. Para ello se elaboró a través de la Escuela Judicial un proyecto modificatorio del régimen de ingreso en el nivel inicial del escalafón de agentes judiciales, para todos los agrupamientos. Obviamente antes de la reforma se tomaron en cuenta las observaciones formuladas por Magistrados y Funcionarios, la Unión de Empleados de la Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios.
La situación debía ser modificada de alguna manera teniendo en cuenta que desde el 2002 a fines de 2005, un informe de la propia justicia demostró que el 40% de personal que ingresó al Poder Judicial, lo hizo sin haber participado de un concurso previo. Esto fue una de las mayores cuestionamientos de la era Klass teniendo en cuenta que muchos de los empleados de carrera, se sintieron molestos con personas recién llegadas de otras provincias que accedían a la justicia con categorías superiores y ganaban bastante más que los que desde hace años se desempeñan en ese ámbito.
La acordada Nº 28/06 establece 14 artículos en los que se mencionan requisitos y sistema de ingreso a la planta judicial. El artículo 1 señala que los interesados en ingresar en el nivel inicial de todos los agrupamientos del escalafón, deberán concurrir al Área de Personal, donde serán entrevistados por personal designado al efecto y se formará un legajo o ficha ejecutiva que será suscripta por el entrevistado, considerándose que la información allí consignada tendrá carácter de declaración jurada. En esa ocasión se verificará la documentación y se les entregará a los inscriptos copia del régimen de ingreso. En el marco de la entrevista, se podrán evaluar distintas cuestiones, entre ellas: las preferencias del postulante en relación al lugar de prestación de servicios, experiencias laborales anteriores, estudios cursados, aptitudes y habilidades, etc.
El artículo siguiente sostiene que "como producto de las entrevistas y de la confección de las fichas pertinentes, se conformará una base de datos de los candidatos, con campos suficientes y especialmente diseñados para permitir una correcta individualización de los distintos aspectos que resulten útiles para evaluar a los postulantes en relación a los puestos a cubrir. La inscripción tendrá un (1) año de validez y podrá ser renovada y en su caso actualizada, no generando derecho alguno al postulante en relación a su ingreso al Poder Judicial".
No obstante, el artículo 10 de la acordada menciona que "el Superior Tribunal de Justicia resolverá la designación teniendo en cuenta la propuesta efectuada por el titular de la unidad funcional, tomándose el lapso de seis meses como período de prueba, en los términos previstos por el R.O.F.P.J". No obstante, de conformidad con las atribuciones establecidas por la Constitución de la Provincia, "el Superior Tribunal podrá apartarse de la propuesta efectuada, en ejercicio de sus facultades exclusivas de superintendencia, cuando por razones de servicio lo considere conveniente".
Los aspirantes deberán rendir un examen y accederán quienes hayan aprobado el sistema evaluatorio con una calificación del ochenta por ciento (80%) o superior.
Este nuevo mecanismo regirá solamente a quienes ingresen en calidad de empleados a la justicia, teniendo en cuenta que la reglamentación para funcionarios y magistrados es totalmente distinta.
De acuerdo al presupuesto 2006 recientemente aprobado por la Legislatura, la justicia tiene estimado cubrir un número de 45 vacantes el presente ejercicio. No obstante, este número implica no solamente a empleados, sino también a los jueces que cuyas vacantes deben ser cubiertas.
