l juez Javier de Gamas Soler procesó a empleados legislativos agremiados en APEL que fueron denunciados por el periodista Luis Benito Zamora en 1999 por haber –supuestamente– falsificado recibos de sueldo para solicitar créditos en distintas entidades bancarias y crediticias de esta capital.
La resolución, que fue dictada por De Gamas Soler días atrás, recién se conoció en las últimas horas, aunque a esta altura algunos de los defensores se aprestaban a presentar recursos de apelaciones tendientes a revertir el procesamiento de sus defendidos. De Gamas también dispuso el sobreseimiento de algunos de los acusados y la falta de mérito de otros.
Según la resolución del juez, durante el transcurso de 1999 la fiscalía formuló un requerimiento de investigación a partir de la denuncia que efectuara el periodista Luis Benito Zamora, quien falleciera ese mismo año. En el ministerio público fiscal algunos empleados legislativos presentaron certificaciones apócrifas de su calidad laborativa en la Legislatura y de sus ingresos en entidades bancarias.
El requerimiento indicaba además que en 1997 empleados relacionados al área de personal del Parlamento y dirigentes del gremio APEL falsificaron documentación inherente a un préstamo gestionado a nombre de un agente legislativo que no lo había solicitado.
Como hecho número 3, el expediente señala que "... en 1998 Susana Barnetch falsificó la firma de Juan Manuel Estrella, ex agente categoría 19 de la Legislatura que fue dado de baja por retiro voluntario el día 20 de junio de 1996...". Así sucedieron algunas situaciones atípicas que fueron cuestionadas penalmente por la fiscalía.
Zamora había manifestado en la fiscalía que tomó conocimiento por su actividad periodística de que algunas entidades bancarias y crediticias habían otorgado créditos a diversas personas que en dos de los casos no pertenecían al plantel de la Legislatura provincial, y pese a ello se las había hecho pasar como tales tras presentar certificaciones laborales apócrifas. Zamora dijo que algunos dirigentes del gremio APEL realizaron maniobras mediante las cuales se gestionaron créditos, incluso a nombre de empleados que no lo habían solicitado. Dijo que en las mencionadas maniobras podían estar involucrados la por entonces secretaria gremial de APEL, Barnetch, y Jorge Raúl Gómez, quien trabajaba como jefe de departamento de pagos y movimiento de fondo de la Legislatura, siendo a su vez secretario de Finanzas y Tesorero de APEL.
De Gamas Soler procesó a Barnetch tras considerarla "prima facie" autora material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, y dispuso trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10 mil pesos. En la misma resolución la sobreseyó por otros tres hechos.
En la misma sintonía el magistrado procesó a Gómez como coautor del posible delito de administración fraudulenta y lo sobreseyó en otros hechos que se le cuestionaban. Le trabó embargo por 5000 pesos.
Juan Manuel Estrella también fue alcanzado por el procesamiento dictado por De Gamas bajo la misma calificación legal, aunque como cómplice primario. Dispuso en el mismo acto sobreseerlo por otros hechos aunque igualmente le trabó embargo por 3000 pesos.
El juez penal de primera instancia dictó también una falta de mérito sobre Iván Romero Espina y dispuso sobreseer al por entonces secretario General de APEL, Santos Fagundez, por entender que no actuó en connivencia con el resto de los imputados.
La resolución dispuso sobreseer parcialmente a Gabriela Tavarone luego de declarar extinguida por prescripción la acción penal.
Hasta el momento se trata de un fallo de primera instancia que será apelado en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, que deberá confirmar o revocar la resolución de De Gamas Soler.
