a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva dictada en primera instancia contra Pedro Manuel Bernal, por lo que el funcionario colacista deberá continuar detenido hasta tanto se celebre el juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.
El 14 de agosto último la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo procesó a Bernal por peculado y dictó su prisión preventiva en el marco de la causa donde se investigaba el destino de dos anticipos con cargo a rendir por 110 mil pesos que debían ser destinados a ayuda social. El argumento de la jueza estuvo fundando en que Bernal habría intentado "presionar" al testigo Pedro Bernales para que cambiara su declaración testimonial y lo beneficiara en cuanto a su situación procesal.
Los abogados del ex secretario de Obras Públicas de Colazo inmediatamente interpusieron un pedido de excarcelación para que Bernal recuperara su libertad, pero Barrionuevo lo rechazó. Esto motivó que los defensores interpusieran un recurso de apelación contra la resolución de Barrionuevo, que finalmente fue resuelta el viernes último.
Los jueces de la Sala Penal, Dante Tabárez Guerrero y Javier Darío Muchnik, confirmaron lo actuado por la jueza de primera instancia, en cuanto a que Bernal habría intentado influir en el testigo para mejorar su situación procesal.
Los camaristas señalaron que "no es necesario que sea delito" la presión ejercida sobre una persona. A ello agregaron que "el riesgo de presión sobre testigos no es necesario que esté acreditado por plena prueba, sólo exige la existencia de datos objetivos, que autoricen a sostener la sospecha de que ello ocurra". Concretamente, "se trata de influir para que el testigo declare falsamente", dijo la Cámara.
Coincidiendo con lo dispuesto en primera instancia y para confirmar la prisión sobre el ex funcionario, manifestaron que "la declaración de Bernales resultó razonable y verosímil", circunstancia que fue tenida como sustento del pronunciamiento.
La causa se inició debido a que el 15 de octubre de 2004, la ministra de Desarrollo Social, Myriam Francisquini, solicitó un anticipo de 60 mil pesos para atender la demanda de asistencia social a personas de bajos recursos. Al mes siguiente, el 23 de noviembre solicitó una ampliación de 50 mil pesos del mencionado anticipo con el propósito asistencial. El dinero no fue cobrado por Francisquini sino por funcionarios de segunda y tercera línea del área de Desarrollo. Pero los mismos manifestaron que los fondos se los entregaron a Bernal. Inclusive una de las imputadas presentó un recibo en donde efectivamente corroboraba esta situación. Algunos empresarios habrían presentado facturas adulteradas y cobraron servicios que en la realidad nunca fueron prestados.
Además de Bernal, la jueza procesó a Mónica Díaz y Myriam Francisquini, ambas funcionarias de Colazo, aunque con distintas responsabilidades en la faz penal. A Días la procesó por peculado (sustracción de fondos públicos) en concurso real con falsificación reiterada de documento público. En tanto, a Francisquini se le aplicó la figura de malversación culposa de caudales públicos, por no haber controlado debidamente el destino de los fondos.
En la misma resolución fueron procesados algunos empresarios y proveedores, como el caso de Omar Alberto Calquín, Viviana Alicia Pinus, Julio Esteban Ávalos y Manuel Alberto Sánchez.
Vale señalar que si los defensores no interponen alguna otra medida tendiente a revertir la confirmación de la Cámara, Bernal continuará preso hasta el día en que sea juzgado por los cargos que pesan en su contra.
